El caso de corrupción pendiente contra el expresidente sudafricano Jacob Zuma -contra quien en febrero pasado se llegó incluso a emitir una orden de arresto no efectiva por incomparecencia ante un tribunal- quedó este martes nuevamente aplazada y las vistas preliminares no se retomarán hasta septiembre.
AntilavadoDeDinero / EFE
La decisión se adoptó en los juzgados de Pietermaritzburg (este), donde Zuma, de 78 años, compareció este martes por primera vez después de que su ausencia en la última cita judicial -por supuestos motivos de salud- provocase una orden de arresto «en suspenso» que solo se hacía efectiva si el expresidente no se presentaba a la siguiente vista.
Dicha cita estaba programada para el pasado mes de mayo, pero las medidas por la pandemia de COVID-19 obligaron a retrasarla hasta hoy.
«En febrero, el señor Zuma yacía enfermo en una cama en Cuba y se dictó una orden de arresto. Eso infundió miedo en un hombre mayor, así que ha venido a la corte hoy. Él quiere que la justicia prevalezca», aseguró Muzi Sikhakhane, abogado del exmandatario, en declaraciones a los medios locales tras la vista, reseñó la agencia española de noticias EFE.
Con su comparecencia de esta jornada y las explicaciones adicionales dadas sobre su ausencia del pasado 4 de febrero, cuando su equipo legal presentó un dudoso justificante médico cuya validez fue cuestionada por el tribunal y la Fiscalía, la orden de arresto quedó cancelada.
Al expresidente sudafricano (que gobernó entre 2009 y 2018) se le imputan en esta causa cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990 con la empresa francesa Thales.
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Pese al largo recorrido del caso, como viene ocurriendo en todas las vistas preliminares celebradas desde 2018, la sesión fue breve y acabó con un nuevo aplazamiento y sin fecha oficial para el comienzo del juicio.
La jueza Kate Pillay convocó a las partes para el próximo 8 de septiembre, después de que la Fiscalía alegara que aún no está preparada para concurrir a juicio.
Entre las razones, se tuvo en cuenta la dificultad de que los testigos necesarios se presenten a declarar en los próximos meses, especialmente los implicados internacionales, dadas las severas restricciones de viaje impuestas en Sudáfrica para luchar contra la COVID-19.
Zuma fue obligado a dimitir por su propio partido a comienzos de 2018 debido a los numerosos escándalos de corrupción que pesaban contra él y la ineficiencia que caracterizó sus 9 años de gestión.
Este caso sobre el acuerdo de armas en los años 90 está, de hecho, lejos de ser la única investigación protagonizada por Zuma, si bien es el más avanzado judicialmente.
Entre las acusaciones que pesan contra él, la más notoria es la llamada «Captura del Estado», una presunta trama corrupta establecida durante su gobierno con la que el aparato del Estado quedó, supuestamente, supeditado a beneficiar al expresidente, a otros altos cargos del oficialismo y a empresarios afines a Zuma.
Además, ya en 2016, el exmandatario tuvo que devolver por orden del Tribunal Constitucional medio millón de euros de dinero público que gastó de forma irregular en la reforma de su residencia privada.
