La Justicia belga anunciará su decisión sobre la extradición del exconseller catalán Lluís Puig, reclamado por malversación en el caso del 1-O y huido a Bélgica desde 2017, el próximo 7 de agosto, según anunció este martes el propio político independentista en Bruselas.
AntilavadoDeDinero / EFE
Sea cual sea la decisión final, ante ella cabe recurso en Apelación y después uno de Casación.
El juzgado belga de primera instancia que examina la euroorden cursada por las autoridades españolas contra Puig había citado al exconseller esta mañana para comentar algunos aspectos técnicos del caso.
«Lo que hemos estado discutiendo es la capacidad del juez belga para valorar la competencia del órgano reclamante, en este caso el juez Llarena, y lo que se ha acordado es que el 7 de agoto se emitirá la solución sobre todos los aspectos relativos a la euroorden», explicó el abogado de Puig, Gonzalo Bolle.
Así pues, la Justicia belga podría decidir extraditar o no a Puig, pero también que no tiene suficiente capacidad como para tomar tal decisión, sobre la cual podría presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Luxemburgo, según reseñó la agencia española de noticias EFE.
A la salida de la vista, Puig explicó a los medios que le ha pedido al juez que, si se decide por una sentencia de no extradición, en ella «quede claro y bien argumentado que no hay ningún indicio de malversación, pero sí muchas vulneraciones de derechos fundamentales, como ciudadano, como político y como miembro del Govern catalán de 2017».
«No estoy cansado, Beethoven hizo 9 sinfonías y si hace falta resistiré hasta la novena petición de extradición», subrayó Puig, quien acudió a la vista acompañado por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y los exconsellers Toni Comín y Clara Ponsatí.
Puig espera que España no retire la petición de extradición emitida sobre su persona antes del 7 de agosto, ya que «eso demostraría un nivel de maquiavelismo y manipulación de las leyes de un nivel fuera de serie», en sus palabras.
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El argumento de la defensa del político catalán es que la Justicia española lo está reclamando para ejecutar una orden de prisión que sus excompañeros de gobierno ya están cumpliendo, pese a que un grupo de trabajo de Naciones Unidas «la ha declarado arbitraria y contraria a los derechos humanos», en palabras de los abogados.
La audiencia de hoy estaba inicialmente prevista para el 30 de marzo, pero tuvo que retrasarse ante la suspensión de la actividad judicial por las restricciones impuestas ante la expansión de la pandemia de coronavirus.
El caso de Puig quedó desvinculado del de el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y la de su exconseller Toní Comín en el momento en el que a ambos se les reconoció la condición de eurodiputados, a raíz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el político catalán Oriol Junqueras emitida el pasado diciembre.
Así pues, la euroorden cursada contra Puig es la única que sigue adelante de momento, ya que las de Puigdemont y Comín están suspendidas hasta que se resuelva el suplicatorio que el Tribunal Supremo español envió a la Eurocámara para pedir que se les retire la inmunidad parlamentaria, para el que también se han ampliado los plazos por las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.
