El Ministerio Público de Honduras continuó este viernes el decomiso de documentos en la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) por la presunta corrupción en las compras que hace el Gobierno para combatir la pandemia del coronavirus.
AntilavadoDeDinero / EFE
El organismo de investigación indicó que el secuestro de documentos, por segundo día consecutivo, se ha hecho en coordinación con la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
El decomiso en el organismo de protección civil se produce como parte de la causa abierta por el Ministerio Público por la instalación de un hospital móvil en el municipio de Villanueva, departamento de Cortés, en el norte del país, pese a que el mismo «no contaba con los servicios básicos».
En mayo pasado, el Ministerio Público tomó declaración al exdirector de la Copeco, Gabriel Rubí, y al alcalde de Villanueva, Walter Perdomo, entre otros funcionarios.
La investigación se lleva a cabo en los departamentos de Gerencia Administrativa, Presupuesto y Compras del organismo de protección civil.
Los fiscales habían solicitado ya información a las autoridades de la Copeco, pero esta no fue entregada, añadió.
Sin embargo, la Comisión de Contingencias indicó hoy en un comunicado que fiscales y agentes de la ATIC fueron citados por autoridades de ese organismo para hacerles entrega de documentación sobre la compra del hospital móvil.
«La actual administración ha promovido acciones contundentes para facilitar los procesos de investigación que requieran realizar los órganos contralores del Estado. En esa línea hace unos días se concretó la separación definitivamente de sus cargos de seis empleados de la Dirección Administrativa y Financiera de la pasada administración», añadió.
La clínica, que cuenta con un «sistema de filtración de aire con presión positiva y negativa», se utiliza como triaje, donde se clasifican los pacientes según el sistema de prioridades para que se les pueda proporcionar la asistencia médica necesaria, y fue comprada a la empresa DXL Enterprises LLC, una compañía con más de 25 años de experiencia en la fabricación de productos para servicios de emergencia, enfatizó la Copeco.
El Ministerio Público trabaja en «11 líneas de investigación» en varias regiones de Honduras vinculadas al «uso de fondos para enfrentar la actual emergencia sanitaria provocada por la COVID-19».
El organismo decomisó este jueves documentos en Inversiones Estratégicas Honduras (INVEST-H) y las secretarías de Salud y Finanzas en la causa abierta por presunta corrupción en la compra de siete hospitales y equipo médico para hacer frente a la enfermedad mortal.
Asimismo, la Fiscalía Especial y la ATIC tienen «tres líneas de investigación en torno a la compra de siete hospitales móviles en Turquía, la adquisición de equipo de protección personal y ventiladores mecánicos para pacientes con coronavirus y la contratación de consultorías y otros servicios», agregó.
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El Ministerio Público ha abierto una causa contra Marco Bográn, quien el fin de semana renunció al cargo de director de INVEST-H y ayer no acudió a declarar ante el juez que le había citado como investigado por «suponerlo responsable de fraude, abuso de autoridades y malversación de caudales públicos».
Su abogada presentó una incapacidad médica dada por un médico de Bográn, quien a mediados de junio confirmó que había dado positivo para coronavirus, enfermedad que en Honduras ha causado casi 600 decesos y más de 21.000 contagios.
