Mafia del poder y los extraditables. La esperanza de justicia en las tramas de corrupción más escandalosas, como Odebrecht, César Duarte o Ayotzinapa, viene desde lejos con los extraditables.
Antilavadodedinero / Excelsior
Los reclamos para enjuiciar penalmente en los casos que más indignación levantan contra el mundo de la política dependen de la entrega de acusados de otros países.
Pero cuando llegan aquí a tribunales mexicanos la justicia se torna aún más lejana por investigaciones mal hechas de los delitos y la habitual disculpa con el marco legal que hace imposible llegar a fondo de las mafias.
Así, las estructuras legales del país resultan las mejores guaridas para la “mafia del poder”, tantas veces invocada por López Obrador para descontar a los gobiernos anteriores, aunque en el suyo gozan hasta ahora de cabal salud.
Si bien en el discurso asegura que la impunidad terminó con la Cuarta Transformación, la ineficacia de la justicia desmiente la retórica. En la investigación de tramas financieras para desarticular a la delincuencia organizada, muchas veces los casos quedan en declaraciones publicitarias, aunque ahora tiene otra oportunidad para demostrar que la era de intocables y la negociación de la ley puede comenzar a superarse.
¿De quién es la responsabilidad: de las dependencias encargadas de suministrar información financiera, como la UIF o la FGR, de investigar y probar los casos?
Evidentemente, la ineficacia no toda la explica la falta de leyes, sino también la falta de cooperación entre órganos de gobierno, SHCP, SAT y Justicia. ¿Irán los extraditables más allá del estigma de la corrupción y su condena como personas impuras, pero sin perder la libertad ni dejar de gozar de los patrimonios con dinero mal habido y desviación de recursos públicos?
La lista de personajes encumbrados de los gobiernos de Peña Nieto y Calderón es larga. Cerca de 10 exgobernadores del “Nuevo PRI” de Peña Nieto tienen líos con la justicia, entre ellos César Duarte, de Chihuahua, quien, como Javier Duarte o Borge, tendrá que ser extraditado para ser juzgado.
¿Es sólida la investigación o pasará igual que con el de Veracruz quien, de ser acusado de delincuencia organizada y lavado de dinero, termina purgando una condena por delitos menores? México no ha procesado a nadie por Odebrecht, la mayor trama de sobornos gubernamentales en América Latina, lo que justifican por falta de leyes para investigar redes criminales.
¿El proceso contra Emilio Lozoya desentrañará las denuncias de financiamiento ilegal de la campaña de Peña Nieto y la corrupción en Pemex, o se cerrará con un pacto de colaboración que preserve intocables como el expresidente?
La detención de Tomás Zerón en Canadá puede romper el “pacto de silencio” alrededor del caso Iguala por los nexos entre el narco y autoridades de distintos niveles, lo cual mantiene en la impunidad a los responsables de la muerte de los 43 de Ayotzinapa.
¿La extradición del antiguo jefe de la SEIDO develará los pasajes más oscuros de la justicia y la PGR? ¿La devolución de Kamel Nacif desde el Líbano permitirá conocer la operación de redes de pederastas como denunció Lydia Cacho?
Súmese a esta relación el proceso contra García Luna en Estados Unidos para dibujar el mapa de omisiones y silencio de fiscales y jueces en casos emblemáticos, que tienen postrada a la justicia.
La actuación del gobierno de la Cuarta Transformación tampoco es alentadora porque la retórica contra la corrupción es difícil de sostener sin hechos verificables que desmientan su abandono.
La política de austeridad ha debilitado el aparato de justicia con recortes en áreas clave contra las redes criminales, como la SIEDO, además, la descoordinación institucional le resta eficacia. Es muy desalentador conocer las exculpaciones del fiscal general Alejandro Gertz sobre la falta del marco legal para hacer tareas antimafia, como dijo en un debate con el académico Eduardo Buscaglia. ¿Puede ser ese un argumento con un gobierno con mayoría en el Congreso que ha sacado casi cualquier reforma de justicia y seguridad?
El gobierno dice que denunciará a Peña Nieto si las investigaciones de los extraditables llevan hasta él, pero el fiscal Gertz deja dudas razonables con su cuestionamiento al trabajo de la UIF de Santiago Nieto, quien es indispensable para desmantelar tramas financieras de delincuencia organizada. Como si fueran dardos, desde la oposición se desestima su eficacia para aportar pruebas y hechos para investigar a la “mafia del poder”. Ahí vienen los extraditables,
