El lavado de dineros de testaferros del régimen de Maduro en España. Desde las sanciones de Estados Unidos contra funcionarios del régimen chavista en 2013, decenas de exaltos cargos, funcionarios, militares adeptos a Maduro han encontrado en Madrid un refugio para esconder el dinero desfalcado.
Antilavadodedinero / Elcierredigital
Entre ellos destacan Hugo Carvajal, detenido y luego fugado en las narices de la Policía Nacional o Juan Carlos Márquez que apareció muerto después de ser implicado en la trama Morodo.
Venezuela se ha convertido desde la llegada del chavismo en uno de los países más corruptos a nivel internacional, ocupa el puesto 176 de 180 del Índice de percepción de corrupción elaborado por Transparencia Internacional.
Aunque la mayoría de los miembros del régimen desviaban millones de fondos hacia los Estados Unidos, la política asumida por el Tesoro de ese país hace 3 años ha puesto en jaque a los líderes maduristas que ven peligrar el dinero defraudado.
Desde entonces, testaferros y dirigentes han repartido fortuna por todo el mundo para evitar ser perseguidos por la justicia americana. Asegura que de la estatal petrolera fueron sustraídos hasta 700.000 millones de dólares, es decir, más de la mitad del PIB total de España, una cifra de corrupción casi incuantificable para un país no desarrollado.
En la distribución de este dinero, varios millones han llegado a España, especialmente a Madrid, que se ha convertido en la Meca del exilio venezolano en los años más duros de la dictadura dirigida por Nicolás Maduro.
El exembajador de Zapatero en Venezuela, Raul Morodo en la Audiencia Nacional. Mientras unos: “llegan con dineros legítimos, protegiéndose de la hiperinflación y la continua destrucción de activos. Otros llegan con dineros mal habidos, escapando de las sanciones, o sea, el congelamiento de cuentas y propiedades de los jerarcas, de los amigos y socios del régimen, y de los contratistas como los llamados “bolichicos”. En definitiva, Miami ha transferido recursos a Madrid por cuantiosas sumas”.
En varias investigaciones sobre el lavado de dineros de testaferros y miembros del régimen en España, muchos investigados por la propia Audiencia Nacional y otros que salpican a personajes de la política y diplomacia española.
Javier Alvarado Ochoa, el protegido de la Audiencia Nacional
En mayo del 2019, Javier Álvarado Ochoa (Caracas, 1995) fue detenido por la Policía en la ciudad de Madrid. El delito: blanqueo de capitales. Según Andorra y Estados Unidos, el chavista habría recibido millones de euros en sobornos y pagos de la estatal que ha sido “desfalcada” según denuncia la oposición al régimen.
Ochoa trabajó durante cuatro décadas en el área de la energía del país caribeño; no obstante, fue la dictadura chavista la que le catapultó hasta cargos altos y le permitió amasar una fortuna.
El acusado llegó a dirigir la empresa Bitúmenes del Orinoco (BITOR), tan solo un año después de que Hugo Chávez llegase al poder. Además, fue el responsable de varios proyectos en el occidente del país y región insular en el área energética.
También dirigió la empresa pública de electricidad CORPOELEC, controlada por miembros del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y cuya gestión ha derivado en la crisis energética más grande de la historia del país, con apagones diarios y continuos en varias zonas del país y varios apagones nacionales en los últimos años.
Aunque sus empleos conseguidos a través de enlaces chavistas parecían marcar un futuro profesional “exitoso”, Ochoa cayó en la mira de las autoridades internacionales luego de ingresar en 2011 a PDVSA, la empresa petrolera del gobierno venezolano. Ahí presidió BARIVEN, una de sus filiales regionales.
Desde entonces, las sospechas sobre el desfalco denunciadas por la oposición llegaron a instancias internacionales. Los millones defraudados por otros dirigentes chavistas como Nervis Villalobos no dejaron indiferentes a las autoridades anticorrupción, que también abrieron causas por los movimientos de dinero realizados por Alvarado en Estados Unidos y Europa.
Así, Estados Unidos, España, Portugal y Andorra abrieron investigaciones contra el chavista. En España la investigación llegó a la Audiencia Nacional después de la inhibición del juzgado de Instrucción de Madrid, por su papel en la comisión por parte del grupo empresarial Duro Felguera.
Por su parte, Portugal ha iniciado investigaciones por sobornos realizados a través del banco portugués con sede en Venezuela, Espiritu Santo. A través de estas operaciones Alvarado habría logrado controlar activos de la estatal pdvsa.
La detención del exdirigente chavista fue el resultado de una orden de captura internacional dictada por un juez de Texas por delitos de corrupción. Poco después de la escalada del caso a la Audiencia Nacional, el magistrado José Luis Calama Teixerira ordenó el ingreso a prisión de forma provisional.
El 28 de febrero de este año, el pleno de la Audiencia Nacional negó en segunda instancia su extradición a Estados Unidos como pedía la fiscalía por tener más “capacidad de atender el caso” y por “adquisición fraudulenta de nacionalidad española”.
No obstante, el auto del pleno aseguró que “Si bien el procedimiento norteamericano comenzó a tramitarse antes que el español, versa en esencia sobre hechos, si no idénticos, sí similares, consistentes en la existencia y desarticulación de una operativa organizada para obtener de la mercantil PDVSA”. La causa continúa, pero en España.
Juan Carlos Márquez, el firmante “suicidado” en la trama Morodo
Juan Carlos Márquez. 48 años. Juan Carlos no era un simple directivo de PDVSA que firmaba contratos con Morodo bajo órdenes. Era el secretario general de Entes Corporativos.
Fue el responsable de gestionar movimientos de millones de dólares de la estatal petrolera dirigida por Ramírez a diversas cuentas. Entre ellas la de Morodo, es por ello que la Audiencia Nacional quería utilizar su testimonio para varias causas en Estados Unidos y España.
Marquez firmó en nombre de la compañía los tres principales contratos con Alejo Morodo. El 20 de mayo el juez pidió su detención, cosa que no ocurrió hasta el 18 de julio, cuando el exjerarca chavista pisó Barajas en un avión procedente de Estados Unidos.
El hombre clave de la investigación declaró ante la Audiencia y aceptó haber firmado los cheques de PDVSA; no obstante, apareció muerto en su despacho Alcobendas dos días después de declarar.
Aunque las primeras autopsias apuntaban al suicidio fuentes consultadas por varios medios señalan el asesinato como causa de la muerte de Márquez que fue encontrado ahorcado.
Ahora la Policía española investiga la muerte del exjerarca chavista y compara la letra dejada en una nota de despedida con la suya original.
El fallecido era uno de los miembros clave de la trama investigada e iba a declarar en varios casos de corrupción relacionados con el régimen chavista ante la Audiencia Nacional de España.
La red de presunta corrupción con origen en Venezuela que investiga la Justicia española desde hace un año se habría formado durante el periodo que Raúl Morodo ocupó en Caracas (2004-2007) el cargo de embajador del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Morodo accedió al cargo de embajador después de ocupar el puesto de diputado del Partido Socialista. Fue durante su largo tiempo en la embajada española en Caracas, cuando él y su familia entablaron una cercana relación con Hugo Chávez.
Según la Audiencia Nacional, el hijo del exembajador Morodo, Alejo Morodo, envío desde una sociedad, en la que figuraba como titular, parte del dinero de PDVSA a una cuenta de René Arreaza, quien fue en su momento el coordinador general de Vicepresidencia del Gobierno del extinto Hugo Chávez.
Si esta teoría se confirmase, el representante político de Rodríguez Zapatero en Venezuela habría ayudado al desfalco de la principal empresa pública del país suramericano para beneficiar a la vicepresidencia chavista.
La investigación se mantiene abierta, pero por los momentos el Juzgado Central de Instrucción número 1 ha emitido una providencia en la que pide a las autoridades norteamericanas apoyo para investigar la existencia de cuentas y transacciones en bancos estadounidenses que estén relacionadas con la trama Morodo.
Nervis Villalobos, el chavista de las 120 viviendas
Villalobos es exviceministro de Energía Eléctrica, es blanco de una investigación internacional iniciada en Estados Unidos por sus actividades relacionadas con la expoliación de la empresa petrolera estatal PDVSA, que actualmente registra el 95% del PIB del país sudamericano y pérdidas millonarias.
Un tribunal de Houston lo imputa por haber recibió 132 millones de dólares en sobornos y comisiones sospechosas, según adelantó elconfidencial.com.
El dirigente chavista ha pasado ya dos veces por prisión provisional después de que el juzgado de Instrucción 41 de Madrid iniciara la investigación por delito de blanqueo de capitales.
Se encuentra actualmente en libertad, pero los tribunales ya han embargado más de un centenar de propiedades, entre ellas varias casas de una urbanización de lujo en Marbella y más de 40 plazas de garaje.
Villalobos también destaca por sus propiedades en las madrileñas calles Goya y Ramón de la Cruz y otras tres en las que presuntamente viven sus hijos en la calle José Abascal y Ortega y Gasset, todas de las vías más caras de la capital española.
Nervis Villalobos.
Según informa el diario digital, las investigaciones de la Fiscalía anticorrupción y el juzgado de instrucción 41 de Madrid han concluido que en los últimos 5 años, Villalobos habría comprado un total de 120 viviendas entre Madrid y Marbella.
Además, se informa de que el entramado de blanqueo era muy complejo y disponía colaboradores en “Panamá, Islas Caimán, Islas Marshall, Suiza, Portugal, Liechtenstein, Chipre, Malta, España o Isla Mauricio”.
En un registro en su propiedad, la Policía Nacional encontró documentación que prueba la implicación y conocimiento de Villalobos en todos los actos de blanqueo de capitales. De hecho, el exjerarca chavista contrató los servicios de Hugo Ramalho Gois, un portugués experto en legalizar fondos.
El 21 de junio de este año, el juez que seguía la causa en el juzgado de instrucción madrileño se inhibió en favor de la Audiencia Nacional, ya que la causa es transnacional.
Alex Saab, el líder del reparto del supuesto oro de Zapatero
Según señalan varios medios internacionales, Alex Saab fue uno de los beneficiarios del escándalo CADIVI. Según explica una fuente de un importante banco venezolano y que ha preferido no dar su nombre, «la agencia sirvió para todos los entramados de corrupción realizados principalmente por el chavismo y los enchufados a él, así como por particulares con vínculos especiales al régimen bolivariano».
Además, n el año 2018, una investigación conjunta entre periodistas de Venezuela y Colombia revelaron que Alex Nain Saab Morán y el empresario colombiano Álvaro Enrique Pulido Vargas, habrían sido beneficiarios de contratos millonarios de los CLAP, el servicio de control de alimentos del régimen que distribuye paquetes con comida entre sus seguidores.
Finalmente, en julio de 2019, el Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó cargos contra Saab y Pulido, a los que culpó de haber lavado 350 millones de dólares por fraude al control cambiario venezolano.
Aunque de momento, no se conoce si llegó a sustraer dinero hacia España, políticos venezolanos lo sitúan como el testaferro principal de Maduro, que en las últimas semanas ha destinado 10 millones de dólares y una enorme presión diplomática en África para liberarlo de su actual detención en Cabo Verde.
Américo de Grazia, uno de los políticos que más ha investigado las explotaciones ilegales de minerales en el sur de Venezuela. Según explica De Grazia, todo el escándalo de la presunta mina de oro de Zapatero está relacionada con la participación de Alex Saab.
En marzo de este año, la política colombiana Piedad Córdoba comentaba en una entrevista que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero había recibido una mina de oro en Venezuela, junto con otros miembros del chavismo. 
Alex Saab., detenido en Cabo Verde.
“Recordemos que fue Piedad Córdoba, quien presentó a Saab a Hugo Chávez como su contador personal”, explica el diputado. Además, informó que según Estados Unidos Saab tendría unos 15.000 millones de dólares en propiedades y cuentas, es decir, “tres veces más que todas las reservas que tiene el Banco Central de Venezuela.
Hugo Carvajal, el fugado que pone en cuestión a la Audiencia Nacional
“El pollo” es uno de los casos más sonados de los últimos años, quien fuera uno de los colaboradores más importantes de Chávez y acusado de ayudar a grupos guerrilleros de Colombia a traficar drogas hasta Estados Unidos fue detenido en España hace dos años. Poco después se convirtió en uno de los hechos más vergonzosos de la Audiencia Nacional, la Policía Nacional y el propio Ministerio de Interior.
Llegó a España en un vuelo comercial. Alegaba así que tenía arraigo, pero el juez consideró que existía riesgo de fuga y ordenó su ingreso en prisión provisional.
aquella comparecencia afirmó además que podía aportar información que vincularía al gobierno de Nicolás Maduro con el partido-milicia libanés Hezbolá y las guerrillas colombianas de FARC y ELN, entre otros grupos terroristas, así que el instructor decidió abrir unas diligencias aparte y escucharle en declaración.
Hugo Carvajal declarando en la Audiencia Nacional.
En una vista en septiembre de 2018, este militar chavista con 30 años de carrera alegó ante el tribunal que en EEUU no le reclaman por «capturar a un delincuente» o por interés en impartir justicia, sino para conseguir información sobre Nicolás Maduro que permita tumbar el gobierno de Venezuela.
Aunque era jefe de los servicios secretos del régimen, la Audiencia Nacional lo puso en libertad porque “no había riesgo de fuga”, poco después, Carvajal se fugó.
Aún no se sabe su paradero, pero algunas fuentes consultadas aseguran que es posible que haya negociado con Diosdado Cabello, número dos del chavismo su regreso a Venezuela protegido de Maduro.
