La incautación en Florida, EE.UU, de una flota de autos de lujo destinados a Venezuela muestra cómo funcionarios y aliados del presidente Nicolás Maduro siguen buscando cómo evadir las sanciones de Estados Unidos para el lavado de dinero y de activos.
Antilavadodedinero / Notinews
El 8 de julio, las autoridades estadounidenses anunciaron el embargo de 81 vehículos que luego exhibieron en Port Everglades. Los autos, avaluados en millones de dólares, se supone eran parte de una intrincada operación de compra y venta de autos de lujo destinados a Venezuela, una violación de las leyes de exportación y de las sanciones estadounidenses contra el gobierno venezolano.
Los vehículos habían sido adquiridos por medio de una “red de testaferros y empresas de papel en el sur de la Florida […] para uso de ricos, personas con conexiones políticas y la policía” en Venezuela, según declararon las autoridades de Investigaciones de Seguridad Interna (HSI).
Los autos incluían modelos de Mercedes-Benz, Jaguar Land Rover y Lexus, entre otros, con un valor total de venta estimado en US$3,2 millones. El modelo más costoso era un SUV Mercedes Biturbo, que costaba US$150.000.
Es probable que esos autos no fueran los primeros enviados a Venezuela.
“Esto es una gota dentro del cubo”, afirmó el agente especial de HSI a cargo del caso Anthony Salisbury al Miami Herald, y añadió que es posible que muchos autos hayan salido por vía marítima desde Port Everglades sin ser detectados antes de que las autoridades abrieran una investigación en el mes de abril.
Pese a la intensa presión de Estados Unidos contra la administración venezolana, las redes de empresas fachada y operadores financieros siguen blanqueando millones de dólares para el régimen venezolano, en su mayor parte en Florida.
En junio, tras la captura de Álex Saab, otro de los principales financistas de Maduro, dijo que aquel había blanqueado “dineros de sobornos y corrupción” en Estados Unidos con ayuda de Bruce Bagley, especialista en crimen organizado de la Universidad de Florida en Miami.
El gobierno del presidente Donald Trump ha mantenido la presión sobre el régimen venezolano, incluyendo una imputación al presidente Nicolás Maduro, sanciones contra su esposa e hijos, el arresto de algunos de sus aliados más cercanos y el riesgo de incurrir en multas para cualquier empresa que haga negocios con Caracas.
Desde 2017, se han decomisado alrededor de US$450 millones en dineros ilícitos con vínculo con Venezuela, además de propiedades y bienes de lujo.
Según Transparencia Internacional, Estados Unidos sigue siendo “la jurisdicción de secreto financiero preferida para muchos de los políticos corruptos del mundo… ya que no obliga a las empresas a revelar sus propietarios beneficiarios, quienes en realidad controlan y se lucran de las empresas”.
Como resultado de eso, Estados Unidos se situó en segundo lugar en el Índice de Secreto Financiero de la Red de Justicia Fiscal en 2020, por delante de Suiza, las Islas Vírgenes Británicas y otros paraísos fiscales reconocidos.
Es poco probable que esto cambie en el futuro cercano, pues, a comienzos de julio, el Congreso en Washington postergó la aprobación de la Ley de Dineros Ilícitos (Illicit Cash Act) propuesta por ambos partidos, la cual podría deshacer en parte el secreto financiero.
