El programa de Recompensas por la Justicia (RFJ) del Departamento de Estado de los Estados Unidos, administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática, ofrece una recompensa de hasta US$ 10 millones por información que conduzca a la identificación o ubicación de cualquier persona que trabaje con o para un gobierno extranjero con el propósito de interferir con las elecciones estadounidenses a través de ciertas actividades cibernéticas ilegales.
Antilavadodedinero / State.gov
El ofrecimiento de recompensa busca información sobre la identificación o ubicación de cualquier persona que, mientras actúa bajo la dirección o bajo el control de un gobierno extranjero, interfiera con cualquier elección federal, estatal o local de los Estados Unidos al ayudar o alentar una violación de la sección 1030 del título 18, que se refiere al fraude y abuso informático.
El programa de Recompensas por la Justicia está administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática.
Las personas involucradas en ciertas operaciones cibernéticas maliciosas dirigidas contra la infraestructura electoral o de campaña pueden estar sujetas a enjuiciamiento en virtud de la Ley de fraude y abuso informático, sección 1030 del título 18 del Código de los EE.UU. , que penaliza las intrusiones informáticas no autorizadas y otras formas de fraude relacionadas con las computadoras.
Entre otros delitos, la ley prohíbe el acceso no autorizado a las computadoras para obtener información y transmitirla a destinatarios no autorizados.
Se encontrará más información sobre este ofrecimiento de recompensa en el sitio web de Recompensas por la Justicia en www.rewardsforjustice.net.
Alentamos a todo aquel con información sobre interferencia extranjera en las elecciones estadounidenses a que se comunique con la oficina de Recompensas por la Justicia a través del sitio web o por correo electrónico ([email protected]), o a que se comunique con el Oficial de Seguridad Regional en la embajada o consulado de EE.UU. más cercano.
El Programa de Recompensas por la Justicia es una herramienta eficaz de las autoridades del orden público y está administrado por el Servicio de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado de los Estados Unidos.
Desde su inicio en 1984, el programa ha pagado más de US$ 150 millones a más de 100 personas en todo el mundo que proporcionaron información procesable que ayudó a prevenir terrorismo, llevar a los líderes terroristas ante la justicia y resolver las amenazas a la seguridad nacional de los EE.UU.
