Imputan a Podemos. Se produce tras la denuncia del abogado despedido, José Manuel Calvente, por delitos de malversación y administración desleal. El partido asegura que el objetivo de las diligencias «no es judicial» sino «la difamación mediática» y señala al juez: «Está haciendo una investigación prospectiva».
Antilavadodedinero / LaRazon
Bajo sospecha. La amenaza sobre la presunta financiación irregular de Podemos acecha de nuevo sobre sus dirigentes. No solo es el Tribunal de Cuentas el que ha puesto el foco sobre la formación, quien detectó la pasada semana irregularidades en la contabilidad morada relativa a las elecciones generales del pasado 28 de abril de 2019 (28-A).
Sino que ahora también, amplía sus investigaciones sobre la financiación de Podemos el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla.
Esta misma tarde se ha dado a conocer que el juez instructor ha decidido imputar al partido político Podemos como persona jurídica en la causa que investiga la financiación del partido. Y esta mañana hacía lo propio con Juan Manuel del Olmo, secretario de Comunicación de Podemos y responsable de las campañas, así como un estrecho colaborador de Pablo Iglesias, además de al tesorero, Daniel Frutos, y la gerente del partido, Rocío Val, tras la denuncia presentada por el abogado despedido José Manuel Calvente por posibles delitos de malversación y administración desleal.
Según adelantó ‘Público’ y ha confirmado Europa Press, el magistrado ha citado a los tres el próximo 20 de noviembre en calidad de investigados después de que Calvente ratificara su denuncia ante Escalonilla y declarara durante varias horas a finales del pasado julio.
Del Olmo es el número dos del vicepresidente segundo del Gobierno, su secretario de Comunicación, y también el responsable de las campañas electorales de 2019, por tanto su estrecho colaborador tanto en el partido como en el Gobierno. El juez también ha citado a declarar como investigados al tesorero y a la gerente del partido. La denuncia fue la traducción judicial de las investigaciones internas que estaban llevando Calvente y la otra abogada despedida en pasado diciembre.
Aparte de estas citaciones, el juez ha ordenado otras diligencias en el marco de esta causa que acaba de ponerse en marcha, como es requerir a Podemos abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores.
Las comparecencias de Del Olmo, Frutos y Val tendrán lugar después de que hayan declarado tanto Calvente como Gloria Elizo, actual vicepresidenta tercera del Congreso y ex responsable del equipo legal de Podemos, y Mónica Carmona, otra de las antiguas abogadas del partido que fue despedida también en diciembre. Ambas están citadas el próximo 15 de septiembre como testigos de refutación tras la denuncia de Calvente.
Además, el titular del juzgado número 42 de Madrid ha citado a declarar a los administradores de las compañías proveedoras de la campaña del partido y ha pedido a la Unidad de la Policía Nacional adscrita a los Juzgados de Madrid que le informe de las sociedades mercantiles en las que figura con algún tipo de responsabilidad el fundador de Podemos Juan Carlos Monedero, presuntamente relacionado con el desvío de fondos de la formación.
El juez cita a declarar en este capítulo a varios responsables de la empresa Neurona Consulting, que se hizo cargo de la organización de la campaña electoral de Podemos para las elecciones generales de abril de 2019. Se trata de su administrador, Elías Castejón Hernández, y Eduardo López Hernández, que actuaba como persona de contacto con el partido.
Podemos señala al juez: “Está haciendo una investigación prospectiva”
Ante la imputación de parte del núcleo duro de Podemos y la investigación sobre una presunta financiación irregular, los servicios jurídicos de la formación han presentado ante el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid un suplicatorio de nulidad de la investigación.
Según el escrito de la formación, el juez está haciendo una “investigación prospectiva” de todas las cuentas del partido y le reprocha que haya acordado una importante batería de diligencias, cuyo simple acuerdo da “por supuesta la culpabilidad de los investigados desde el inicio de la investigación”.
Podemos cree, y así se lo dice al juez, que su objetivo es convertir esta denuncia en “un caso mediático que dure meses, aunque luego jurídicamente quede en nada”, informa Servimedia.
Entre esas denuncias figuran algunas tan sonadas como la archivada por el Tribunal Supremo (TS) en 2015, interpuesta por el abogado Emilio Rodríguez Menéndez a través del Partido Socialista de Justicia. Se dirigía contra Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Luis Alegre. El Supremo consideró que no había pruebas para avalar los hechos.
El partido denuncia que la declaración de Calvente, el pasado 29 de julio, se prolongó por un espacio superior a las tres horas, y que el juzgado sólo le ha remitido algo más de 40 minutos de grabación y no consta que exista registro del resto de la declaración sustanciada en el Juzgado esa jornada.
Podemos reprocha también al juez que haya pedido multitud de diligencias para la entrega de abundante documentación que abarca desde la contabilidad hasta tablas de sueldos de trabajadores, sin tener indicios suficientes de la comisión de delito alguno. Por todo ello, pide la nulidad de las actuaciones.
Podemos: “El objetivo es la difamación mediática”
De momento, como reacción a la imputación de parte del núcleo duro de Podemos, tan solo se ha pronunciado el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, que ha reaccionado en Twitter mostrando confianza en que “con las acusaciones que hoy se vierten pasará como con TODAS las anteriores: quedarán en nada”. Para el dirigente, el objetivo, “no es judicial”, sino, explica, “la difamación mediática”. Y añade, “y cuando estas caigan, vendrán otras… y otras. Es así desde que nació PODEMOS. Son las reglas del (amañado) juego”.
