Juan Carlos Galindo habla en este artículo sobre La ley de financiación de los partidos políticos y su relación con la corrupción.
Antilavadodedinero
El caso de la imputación/Investigación de Podemos por financiación ilegal, entre otros supuestos, no ha supuesto una sorpresa para nadie que esté cerca, o siga de cerca la política española. Ya que dichas leyes no reflejan las actuales necesidades de financiación de los partidos políticos. Déjenme explicarles.
La Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos y la Ley 9/2015, de 7 de agosto, de financiación de las formaciones políticas y de las fundaciones y entidades vinculadas o dependientes de ellas. Estas son las leyes que regulan el cómo, el cuándo y el hasta cuánto pueden financiarse los partidos políticos y sus fundaciones.
En los países de nuestro entorno se ha optado por una financiación mixta, es decir, de fondos públicos mediante subvenciones y privados mediante donaciones. Aquí en España también es así, pero predomina (casi el 80%) la financiación publica sobre la privada.
Esto es debido a que nuestras anteriores leyes de financiación de partidos políticos, la Ley Orgánica 3/1987, de 2 de julio, sobre financiación y su modificación (20 años después) por la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos, seguían existiendo aspectos en los que la legislación era flexible, como las condonaciones de deudas bancarias o el dinero obtenido a través de fundaciones vinculadas a los partidos.
Por lo que respecta a las condonaciones, las diferentes entidades de crédito seguían perdonando enormes sumas de dinero a las distintas formaciones políticas, sin hacer público el acuerdo que justificase tal beneficio financiero.
En cuanto al dinero obtenido a través de las fundaciones vinculadas a partidos políticos, este seguía siendo una fuente de financiación oculta de las diferentes formaciones, las cuales podían obtener a través de esta vía donaciones de personas físicas o jurídicas sin ningún límite, e incluso proviniendo de empresas privadas que prestasen servicios o realizasen obras para la Administración Pública. De aquellos polvos estos lodos.
En la actualidad tenemos una ley muy restrictiva y apostando en demasía por la financiación pública. Basándose en que supone un freno inicial a la corrupción política, ya que al provenir directamente del Estado y no de particulares las decisiones políticas no se verán condicionadas para favorecer a las personas que ayudan financieramente a los partidos, tratando así de buscar la independencia política frente a los distintos grupos de presión, la financiación pública se basa en criterios normativos con los que podemos estar más o menos de acuerdo, pero ello al menos garantiza una solvencia en el juego de la política y asegura que a la política no solo lleguen los millonarios, como así ocurre en otros países.
Otro argumento a su favor es que va a resultar más sencillo exigir un control más exhaustivo sobre las cuentas de los partidos, buscando así aumentar la transparencia y consiguiendo que todos los ciudadanos tengan una mayor información sobre la procedencia de los recursos.
Pero qué ocurre cuando son los propios partidos los que se encargan de regir las normas y establecer las diferentes leyes que regulan la financiación, así que cabe pensar que sus decisiones no van a ir en contra de sus propios intereses.
La ley actual supone un enorme gasto para las arcas públicas, con una clara tendencia ascendente con el paso de los años, en cuanto a los importes a percibir por los partidos políticos. También conviene recordar que los partidos políticos tienen una función pública muy importante en nuestro estado de derecho, pero no dejan de ser una empresa privada y por lo tanto la administración no puede ser el principal sustento económico de una empresa privada.
La experiencia nos ha demostrado que esta vía de financiación no es la adecuada, ya que en los últimos años han salido numerosos escándalos de corrupción (para muestra un botón), en los que se han visto envuelto los partidos políticos españoles. Es necesario buscar alternativas para llevar un adecuado control de la financiación de los partidos, ya que los diferentes sistemas llevados hasta la fecha no han demostrado que su cometido se garantice.
Hasta que la ley de financiación de partidos políticos no se modifique, seguiremos asistiendo con cierta frecuencia a este tipo de tramas ilegales y corruptas.
Las necesidades de financiación de los partidos políticos en el nuevo mercado electoral, marcado por las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial, hace casi imposible acometer acciones electorales con garantías, con la financiación que disponen. Tanto es así, que casi todos lo partidos políticos destinan a la financiación de su partido, las subvenciones autonómicas de sus grupos parlamentarios y locales y todo euro que no esté clara su partida de gasto. Al borde de la malversación.
Necesitamos un organismo independiente que fuese el encargado de establecer la regulación y supervisión de la financiación de los partidos políticos, evitando así los conflictos de intereses manifiestos al regularse ellos mismos las leyes.
