El objetivo de la ley en Nicaragua, atendiendo las recomendaciones y sugerencias del GAFI es prevenir y perseguir cualquier crimen organizado, lavado de activos, financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
Antilavadodedinero/ La Gente
La Asamblea Nacional aprobó este jueves la «Ley General de los Registros Públicos y Código de Comercio de la República de Nicaragua», que crea el Registro de Beneficiario Final relacionado a las sociedades mercantiles, con lo cual Nicaragua cumple con las recomendaciones del Grupo de Acción Financieras Internacional (GAFI).
Varios diputados de la Asamblea Nacional dijeron que Nicaragua está cumpliendo en impedir el uso indebido de las personas jurídicas para el lavado de activos o el financiamiento al terrorismo.
«El Estado de Nicaragua es en un Estado democrático y social de derechos. Esta conceptualización fue incorporada en las reformas constitucionales de 2014. El gobierno, siguiendo el pleno respeto a los derechos humanos y la seguridad jurídica, ha creado una política pública de cero tolerancia a la delincuencia nacional e internacional. Esta ley es para contención, persecución de las formas delictivas modernas que existen a nivel internacional», dijo en el pleno del legislativo el diputado, Carlos Emilio López de la fracción parlamentaria sandinista.
Nicaragua garantizará información adecuada y precisa sobre el beneficiario final y control de las personas jurídicas, que las autoridades competentes puedan obtener o la que puedan tener acceso oportunamente.
«Con esta Ley se crea el Registro de Beneficiario Final y las normativas operativas serán preparadas por la comisión institucional y cámaras que llegaron quedaron de trabajar juntos en las normativas, que ya se están elaborando de forma que pueda ser enriquecida por cámaras empresariales y podamos sacar a este país de la afectación de la pandemia que tenemos ahorita», explicó el coordinador de la bancada rojinegra, Edwin Castro Rivera.
El presidente de la Comisión de Economía y Presupuesto del legislativo, Wálmaro Gutiérrez, manifestó por su parte que «en síntesis esta reforma lo que pretende es crear un mecanismo que venga a reducir significativamente la posibilidad de que la delincuencia organizada, que la narcoactividad utilicen a las sociedades anónimas, particularmente las mercantiles para delinquir»
La reforma jurídica está orientada a continuar cerrando las brechas y fisuras a través de los cuales el organizado pueda realizar sus acciones y contener además, el uso de sus incalculables recursos económicos y materiales.
