La corrupción, uno de los males endémicos y crónicos de la mayoría de los países de América Latina, está encontrando un excelente caldo de cultivo en la pandemia del coronavirus.
Antilavadodedinero/ La Voz de Galicia
Distintos analistas coinciden en que la corrupción, unida a los altos niveles de subdesarrollo, está resultando un factor determinante para que varios países registren niveles de infectados y de víctimas mortales superiores a la media.
Si bien los escándalos que trascienden a la opinión pública se han disparado con la crisis del covid-19, el repunte de esta lacra tiene lugar tras la ofensiva judicial y policial registrada en países de América Latina como Brasil, que sacó a la luz focos de trascendencia regional como el caso Odebrecht.
Así aparece documentado en distintos informes recientes, concretamente en los publicados por el CESLA (Centro de Estudios Latinoamericanos), el centenario bufete de abogados Miller&Chevalier, la organización Américas Society/Council of the Américas (AS/COA) y la consultoría Control Risks. Todos coinciden en destacar el rebrote de la corrupción en el subcontinente.
De los 15 países estudiados, Uruguay con 7,78 puntos sobre 10, es el que registra más capacidad para combatir la corrupción, y Venezuela (1,52), el que menos.
Al comparar los resultados del 2019 y el 2020 en los ocho países analizados, uno de los informes constata que solo Perú (5,47) ha mejorado. Argentina (5,32) se ha mantenido igual y en el resto ha habido retrocesos: Chile (6,57), Costa Rica (6,43), Brasil (5,52), Colombia (5,18), México (4,55), Ecuador (4,19), Panamá (4,17), Guatemala (4.04), Paraguay (3,88), República Dominicana (3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52). El informe analiza 14 variables que incluyen la capacidad legal, las instituciones políticas y la sociedad civil.
Especulación obscena en América Latina
La llegada de la pandemia destapó el apetito de especuladores sin escrúpulos y generó una preocupante letanía de escándalos de corrupción. Así, en Ecuador la fiscalía anunció que había identificado una red criminal que conspiró con funcionarios de la sanidad para ganar un contrato de venta de bolsas para cadáveres a los hospitales por hasta 13 veces su precio real.
Decenas de funcionarios públicos y empresarios locales están acusados de explotar la crisis para su enriquecimiento personal, mediante el tráfico de influencias en hospitales y Gobiernos para vender con sobreprecio suministros básicos como mascarillas, desinfectantes y ventiladores. Parte de ese material era tan defectuoso que se volvió inútil, y puede haber contribuido a la propagación de la enfermedad y la muerte.
Entre los detenidos figura el expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram por la venta de equipos médicos a los hospitales con sobreprecios y bolsas de cadáveres de 11 dólares a 148 cada una.
Un exministro de Salud boliviano está bajo arresto domiciliario en espera de juicio por cargos de corrupción después de que el ministerio haya pagado a un intermediario millones más que la tarifa vigente por 170 ventiladores, que ni siquiera funcionaban correctamente.
En Brasil, que tiene el segundo mayor número de muertes por coronavirus después de EE.UU., funcionarios gubernamentales de al menos siete estados están bajo investigación por supuesta malversación de más de 200 millones de dólares en fondos públicos durante la crisis.
En Colombia, el fiscal general investiga informes que apuntan a que más de 100 donantes de campañas políticas recibieron contratos lucrativos para proporcionar suministros de emergencia durante la pandemia.
En Perú, el jefe de policía y el ministro de Interior renunciaron después de que sus subordinados compraran desinfectante y mascarillas endebles para los agentes, que provocaron tasas alarmantes de muertes.
Más de 11.000 policías en Perú se infectaron y 200 murieron a causa del virus, lo que obligó a cerrar algunas comisarías, al menos temporalmente, para contener los brotes, según los datos del Gobierno
El sistema hospitalario federal en México devolvió ventiladores defectuosos adquiridos al hijo del jefe de la comisión federal de electricidad, después de que un grupo de vigilancia local revelase que el Gobierno había acordado pagar un 85 % más que la opción más barata del mercado.
