La reciente detención de un gobernador con un alijo de cocaína trajo a la palestra el recurrente problema de la narcopolítica en Panamá, un país «históricamente» vulnerable al crimen organizado por sus cercanas costas en dos océanos, su sistema financiero, unas normas electorales laxas y la impunidad ante la corrupción, según explicaron especialistas en la cuestión.
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Erick Iván Martelo Robinson, gobernador de la comarca Guna Yala, situada en el Caribe panameño y fronteriza con Colombia, fue arrestado la madrugada del pasado martes por agentes de un control policial que hallaron ocultos en el auto en el que viajaba junto con otra persona 79 fardos de cocaína.
La Policía informó de que el decomiso lo hizo la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, y datos filtrados al diario local La Estrella confirmaron que a Martelo Robinson se le seguía la pista como parte de una operación internacional.
El hermano del gobernador arrestado, Renilo Martelo Robinson, fue denunciado el pasado agosto por un delito de narcotráfico ante la Corte Suprema, informaron a EFE fuentes de ese órgano judicial.
La denuncia se presentó ante ese alto tribunal por ser al acusado diputado, en condición de suplente de su correligionario del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) Arquesio Arias, quien tuvo que abandonar su curul -está en arresto domiciliario- al ser procesado por abusos sexuales.
El gobernante arrestado el pasado martes, también del PRD y quien se dice inocente, está en prisión tras ser imputado por posesión agravada de drogas y modificación del vehículo para transportar sustancias ilícitas, y fue destituido de inmediato del cargo de gobernador por el presidente de Panamá, Laurentino Cortizo, quien lo había designado el año pasado.
LA ASOCIACIÓN NARCOTRÁFICO Y POLÍTICA NO ES NUEVA EN PANAMÁ
No es extraño que el nombre de Panamá aparezca en cualquier película sobre narcotráfico y blanqueo, un sambenito que arrastra el país alimentado por la historia de Manuel Antonio Noriega (1934-2017), el último «hombre fuerte» de la dictadura militar que asoló a esta nación por 21 años y que fue derrocado por una invasión (1989) de EE.UU., donde fue procesado y sentenciado por narcotráfico.
«La narcomafia es previa a la invasión y en todas las administraciones postinvasión ha habido casos de funcionarios de muy alto perfil que se han visto involucrados en este tipo de caso», afirmó el exdirector de la extinta Policía Técnica Judicial (PTJ) Jaime Abad.
El sociólogo especialista en Criminología, Fernando Murray, coincidió con Abad, y además señaló que el exgobernador, en un aparente «exceso de confianza», transportó la droga, cuando «por lo general los que ocupan un estatus político y están en esta actividad criminal (del narco) se alejan de la sustancia porque incrimina».
También consideró que los recursos que «subvencionan actividades y procesos políticos no evidencian la presencia (de la droga). Es lo que llamamos la economía subterránea, que legitima muchas formas de enriquecimiento ilícito y desde hace muchos años ha validado campañas y generado acciones en favor de sujetos que se han incorporado a la política» en Panamá.
En el Parlamento panameño «a muchos de los diputados habría que cuestionarles dónde se originan» los recursos de sus millonarias campañas, añadió el exsubdirector del Instituto de Criminología de y actual director de la Escuela de Sociología de la estatal Universidad de Panamá.
FINANCIAMIENTO PRIVADO DE LAS CAMPAÑAS
Para la ex fiscal general panameña Ana Matilde Gómez el caso del exgobernador evidencia la necesidad de «eliminar el financiamiento privado de las campañas políticas, por ser una fuente de penetración de dineros mal habidos y para luego tener (el crimen organizado) a su servicio personas en puestos de poder y de decisión».
Pero a este cambio «se han resistido los partidos tradicionalmente en Panamá», subrayó la también excandidata presidencial independiente.
Se requiere así un cambio en las normas electorales vigentes, que no solo permiten la financiación privada sino que otorgan inmunidad a los políticos, habilitan a que personas con procesos judiciales puedan competir por un cargo público mientras no haya sentencia firme, o aquellas que han sido condenadas a penas menores a 5 años.
Para Abad, una reforma de la ley electoral e incluso del Código Penal no bastaría. Se requiere un cambios constitucional que introduzca un «Título, que establezca verdaderos mecanismos que permeen hacia abajo leyes eficaces para poner un muro de contención a toda la actividad de la narcomafia» en Panamá.
NO SE INVESTIGA A LAS PERSONAS QUE SE DESIGNAN EN LOS CARGOS
El exembajador de Panamá ante la Organización de Estados Americanos (OEA) Guillermo Cochez criticó que «no se investigan a las personas que van a ocupar cargos en el Estado, lo que es sumamente peligroso y refleja que quien está nombrando no es el presidente (del país) sino el partido (PRD), lo que es más peligroso todavía».
Con el caso del exgobernador «aflora que no ha habido la diligencia debida para poner en cargos públicos a personas alejadas de actos indignos. Esa es una deuda que tienen principalmente los políticos que están en la cúspide de los partidos», añadió el experto constitucionalista Ernesto Cedeño.
