Senado y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pactaron acorralar a los integrantes del crimen organizado para que no les funcionen ni los testaferros ni las trampas de triangulación financiera para lavado de dinero, pues la reforma a la ley contra el lavado de dinero crea la figura jurídica del “beneficiario final”, para castigar a las personas detrás del entramado de blanqueo de dinero.
Antilavadodedinero / Excelsior
“Se entenderá como beneficiario final a la persona o grupo de personas que tengan el control de una persona moral en términos del inciso b) anterior –que en su carácter de cliente o usuario lleve a cabo actos u operaciones con quien realice actividades Vulnerables, así como las personas por cuenta de quienes celebra alguno de ellos—, aunque dicha persona moral no sea cliente o usuario de alguien que realice actividades vulnerables o se lleve a cabo actos u operaciones con éstos a su nombre”, dice la reforma.
Añade que se entenderá como “cliente o usuario, a cualquier persona física o moral, así como fideicomisos que celebren actos u operaciones con quienes realicen actividades vulnerables” de ser utilizadas por los criminales para el lavado de sus ganancias.
Todas las personas físicas y morales que estén en la lista de actividades vulnerables estarán obligadas a “identificar al beneficiario final de sus clientes o usuarios, recabando documentación oficial que permita identificarlo y, en su caso, recabar del cliente o usuario que participe en actividades vulnerables la declaración acerca de si tiene o no conocimiento de un beneficiario final”.
Las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos Segunda del Senado tienen listo el proyecto de dictamen de la reforma que permitirá a las instituciones mexicanas combatir el lavado de dinero con más herramientas legislativas, construidas a partir de una propuesta del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, y de planteamientos de la panista Minerva Hernández y los morenistas Ricardo Monreal, Alejandro Armenta y Daniel Gutiérrez Castorena.
Hace unos días, en conferencia de prensa, Nieto Castillo explicó que esta información servirá al Estado mexicano para poder tener datos del Registro Civil, Registro Público de la Propiedad, de comercio, catastro, registro de vehículos y, entonces, junto con la información del sistema financiero y de los sujetos obligados por actividades vulnerables, poder identificar a los beneficiarios finales de los casos de corrupción o de los casos de delincuencia organizada”.
La reforma, que ya está en proyecto de dictamen, destaca que la UIF “promoverá ante las autoridades competentes de las entidades federativas que las sociedades y asociaciones civiles identifiquen a su respectivo beneficiario final, tomando en consideración, por lo menos, los lineamientos que al efecto emita la secretaría conforme a esta ley”.
Dispone que “las sociedades mercantiles deben atender los requerimientos realizados por las autoridades competentes conforme a esta ley, para determinar claramente a la persona que sea su beneficiario final y conservar la información que lo soporte”.
