l Gobierno espera recaudar 828 millones de euros adicionales al año con la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, cuyo anteproyecto fue aprobado en Consejo de Ministros. El texto es remitido al Congreso para su tramitación. La propuesta ejecutiva incluye la prohibición de las amnistías fiscales. También, la limitación a 1.000 euros de los pagos en efectivo para determinadas actividades económicas entre profesionales y empresas.
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El anteproyecto está dirigido, asimismo, a combatir los paraísos fiscales y los fraudes asociados a las nuevas tecnologías. También establece un mayor control sobre el empleo de las criptomonedas y software de doble uso.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, señaló que la política del Ministerio de Hacienda y del Ejecutivo es de “tolerancia cero contra cualquier práctica fraudulenta. Más todavía en un momento de crisis como el actual (por la pandemia de la COVID-19) en el que incumplir las obligaciones fiscales supone restar recursos al Estado de Bienestar” de la población.
Dijo que con la ley se pretende luchar contra el fraude fiscal. “Una actividad que genera ‘competitividad desleal’ entre áreas de la actividad económica. Y contribuye al deterioro de la recaudación para blindar los servicios públicos. Además de que suponen un ‘agravio’ para los contribuyentes cumplidores”
Asimismo, explicó que la norma establece medidas de “gran calado” que refuerzan las herramientas que previenen y combaten la evasión fiscal. Y ponen el foco en las fórmulas de fraude “más avanzadas y complejas”, que requieren de ingeniería, lo que, a su vez, precisa de una especialización en la Agencia Tributaria, especialmente en la unidad de grandes contribuyentes y grandes patrimonios.
En el combate al fraude fiscal
En cuanto a los pagos en efectivo, el anteproyecto fija un nuevo tope de 1.000 euros para las operaciones entre profesionales y empresarios. Si hay un particular de por medio, se mantiene el límite de 2.500, que está en vigor.
Sin embargo, Montero anunció que la intención del Gobierno es ir rebajando esas cifras hasta convertir las transacciones, en metálico, en residuales por la dificultad para rastrearlas. En el caso de particulares con domicilio fiscal en el extranjero, el efectivo se reduce de 15.000 a 10.000 euros.
Si supera el trámite parlamentario, la nueva ley prohibirá, a su vez, las amnistías fiscales, que afectará a grandes fortunas y patrimonios. Montero refirió que se “considera pertinente reconocer la prohibición de cualquier mecanismo extraordinario de regularización fiscal que implique la disminución de la cuantía de la deuda tributaria. Se impide, así, que haya beneficios tributarios injustificados que supongan la quiebra del deber de contribuir al sostenimiento de los gastos del Estado”.
Asimismo, otra medida incluida en el proyecto de ley es la actualización y ampliación del concepto de paraíso fiscal. Ahora pasan a denominarse «jurisdicciones no cooperativas», término utilizado internacionalmente.
De esta forma, se incluirán en la lista de paraísos, por ejemplo, los territorios que faciliten la existencia de sociedades extraterritoriales para atraer beneficios sin actividad económica real. O aquellos donde haya opacidad y falta de transparencia. Incluso territorios con los que no exista un efectivo intercambio de información sobre el titular real de los bienes o derechos. También donde exista una baja o nula tributación.
Seguimiento a grandes empresas multinacionales
La ministra de Hacienda destacó que, con la aprobación del anteproyecto de Ley de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, se combate a los nuevos modos y fórmulas de fraude tributario, relacionados con las nuevas tecnologías.
Reconoció que, al prestar atención a las fórmulas de fraude “más avanzadas y complejas”, la nueva ley obligará a la Administración a mejorar su especialización, en especial, en unidades como las que inspeccionan a las grandes empresas y a los grandes patrimonios, con la finalidad de “perseguir los comportamientos inadecuados de las grandes multinacionales” y, al mismo tiempo, “evitar la planificación fiscal abusiva”.
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Las medidas que ha tomado la Agencia Tributaria con respecto a grandes multinacionales tecnológicas han permitido el ingreso de 400 millones de euros. También, un aumento de sus bases imponibles para los próximos años de más de 650 millones de euros, indicó el ministerio.
En otra de las áreas prioritarias, el control de patrimonios relevantes, la Agencia logró liquidar una deuda por un importe de 608 millones de euros en 2019, lo que supone un incremento del 75% respecto al año anterior. Además, las bases imponibles de este colectivo de los contribuyentes con mayores fortunas han crecido 16%.
