Emilio Sardi es una verdadera autoridad en tecnoquímica e industria farmacéutica colombiana . Su trayectoria de más de 37 años en ese segmento le dan ese prestigio y reconocimiento para hablar sobre «El riesgo del glifosato» y otros importantes temas del acontecer mundial.
Cursa en el Senado un proyecto de ley presentado por la bancada que se ocupa de velar por los intereses del narcotráfico en Colombia, “por el cual se prohíbe el uso del glifosato y sus derivados en la implementación de la Política Nacional de Drogas y se dictan otras disposiciones”. Como no demora en iniciarse una campaña de sofismas y falsedades para apoyarlo, vale la pena aclarar desde ahora la realidad de esta sustancia.
Inventado en 1970, el glifosato empezó a comercializarse en 1974. Por su efectividad e inocuidad para los humanos y el medio ambiente, su uso se extendió rápidamente y hoy es el agroquímico más empleado en el mundo. A los 40 años de su lanzamiento, en 2014, se aplicaron 825.000 toneladas en cultivos de todas las clases en más de 130 países.
En el casi medio siglo de existencia del glifosato, miles de millones han usado o ingerido productos agrícolas que estuvieron en contacto con él. En un universo tan amplio de personas expuestas durante un período tan extenso, serían millones los casos documentados de cáncer o de otras patologías, de tener algún piso las afirmaciones de sus enemigos. Y el hecho es que, salvo contados casos de recientes y escandalosos fallos judiciales, en los que no es claro si primó la plata, la ideología o la sed de protagonismo, los reportes adversos son virtualmente inexistentes a la luz de esta gigantesca casuística.
El glifosato es y ha sido una herramienta valiosa y segura para la producción agrícola mundial. Autoridades regulatorias como EPA y el Instituto Nacional de Salud (NIH), en EEUU, EFSA y ECHA, en la Unión Europea, y las de más de un centenar de otros países, confirman que el glifosato es seguro cuando se usa de acuerdo con sus instrucciones. Y el Programa Internacional de Seguridad de las Sustancias Químicas (IPCS) de la OMS, así como las reuniones conjuntas de la FAO y la OMS sobre Residuos de Plaguicidas (JMPR) de 1997, 2004 y 2016, consideran que el glifosato no es cancerígeno.
El ICA reporta 97 registros de productos con glifosato en Colombia. Los cultivos más recurrentes para su uso son arroz, algodón, frutales, caña de azúcar, café, sorgo, banano, cacao y maíz, pero también se usa en otros cultivos y hasta en el mantenimiento de las carreteras. Aún los narcos lo usan en sus cultivos ilícitos -sin autorización del ICA- para mejorar sus productividades. Si fuera cierto el riesgo del uso del glifosato que aducen los interesados en este proyecto de ley, también se debiera prohibir en todos esos cultivos, pues no sería ético prohibirlo para proteger a los bandidos y dejar expuestos a los trabajadores y consumidores honrados.
Afortunadamente, esto no será necesario porque esos riesgos no existen. Así lo demuestran estudios recientes, como el del NIH, que en 2018 estableció con 90.000 agricultores que no había relación entre el glifosato y el cáncer. O los del BFR (Instituto Federal de Análisis de Riesgo de Alemania), la EFSA, la PMRA (Agencia Regulatoria de Manejo de Plagas de Canadá), la FSC (Comisión de Seguridad Alimentaria de Japón) y la EPA, que independientemente concluyeron, con suficiente y consistente evidencia científica, que es improbable que el glifosato sea cancerígeno para humanos.
Lo cierto es que el uso del glifosato constituye un riesgo, pero sólo para el negocio del narcotráfico. Y eso sí que enferma a sus validos en las tres ramas del Estado.
