La Fiscalía investiga al director de la Policía por actos de desobediencia y en respuesta el Gobierno lo blinda con el fuero que acompaña al cargo de viceministro de Seguridad Pública. Aunque el nombramiento riñe con la Ley orgánica de la PNC, el presidente Bukele defiende que no hay incompatibilidades.
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La maniobra del Gobierno emula a aquella en la que el expresidente Sánchez Cerén dio inmunidad al dirigente efemelenista Jose Luis Merino, investigado en 2016 por la Fiscalía por sus nexos con el crimen organizado y el narcotráfico. Roxana Lazo y Gabriela Cáceres
El presidente Nayib Bukele nombró como viceministro de Seguridad Pública al actual director de la Policía Nacional Civil (PNC), Mauricio Arriaza Chicas, en momentos en que el funcionario es investigado por la Fiscalía General de la República por desobediencia.
En uno de los casos, la Asamblea Legislativa notificó a la Fiscalía el 2 de octubre de una desobediencia del director a la orden de hacer llegar, por apremio, al ministro de Hacienda Alejandro Zelaya hasta las puertas de una comisión especial que investiga el destino de más de 3 mil millones de dólares usados para la emergencia del coronavirus.
En un segundo caso, la Fiscalía investiga a las autoridades policiales que no acataron una orden para desalojar a un grupo de sindicalistas que obstruyeron la entrada a un relleno sanitario ubicado en el municipio de Nejapa, en el contexto de un conflicto entre la Alcaldía de San Salvador y sindicalistas apoyados por el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
La protesta ocurrió durante nueve días, en los que los manifestantes reclamaban por despido de 75 de sus compañeros, luego que estos denunciaran al alcalde Ernesto Muyshont por no pagar las prestaciones de ley.
El fiscal general, Raúl Melara, envió una dirección funcional a la Policía con “el fin de que proceda en flagrancia contra los que atenten contra el derecho a la libre circulación”, el sábado 3 de octubre, pero Arriaza Chicas no hizo caso. Entonces, el fiscal Melara advirtió al director de que si no acata la orden “hará incurrir en responsabilidad penal a todos los involucrados dentro de la Policía”, escribió en su cuenta de Twitter. Esa desobediencia ha sido el punto de quiebre para que la Fiscalía iniciara una investigación en contra del titular de la PNC.
En declaraciones difundidas por las cuentas oficiales de la Fiscalía el 12 de octubre, el fiscal Raúl Melara agregó que además de los oficiales involucrados, “dentro de dichas investigaciones se deberá dilucidar si hubo una orden superior que les dijera que no colaborarán con lo ordenado por la Fiscalía”. Ese mismo día, el Ejecutivo publicó en el Diario Oficial el nuevo cargo de Arriaza Chicas, uno que le da inmunidad a través del fuero.
El fuero protege a los funcionarios para que no sean enjuiciados por algún cometimiento de delito. Para poder ser procesados en tribunales, la Fiscalía debe solicitar un desafuero a la Asamblea Legislativa, que se alcanza con 43 votos.
En el segundo Gobierno del FMLN, el expresidente Salvador Sánchez Cerén utilizó una maniobra similar para blindar a un dirigente del FMLN sobre el que la Fiscalía había anunciado investigaciones abiertas por narcotráfico y lavado de dinero. En octubre de 2016, el exmandatario juramentó al dirigente efemelenista José Luis Merino como viceministro para la Inversión Extranjera y Financiamiento para el Desarrollo.
El cargo le concedió inmunidad diplomática a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador, en momentos en que Estados Unidos presionaba para que se le investigara por sus nexos con el narcotráfico y el crimen organizado.
Tras el nuevo nombramiento para Arriaza Chicas, el Ejecutivo todavía no ha aclarado el futuro de quien fuera, hasta el 12 de octubre, el viceministro de Seguridad. El cargo era ocupado, también ad honorem, por Osiris Luna, que a la vez fungía como Director de Centros Penales.
Un cargo en conflicto con la ley
El artículo 5 de la Ley orgánica de la Policía establece que “el Cargo de Director General de la Policía Nacional Civil es incompatible con el desempeño de otro cargo público y con el ejercicio de su profesión, excepto las actividades de carácter docente y cultura”.
Un día después del nuevo nombramiento, el Centro de Asesoría Legal Anticorrupción (ALAC) presentó al Tribunal de Ética Gubernamental una denuncia contra el viceministro y director de la PNC, Arriaza Chicas, por la infracción ética que contempla la ley de Ética en el artículo seis, que prohíbe “desempeñar simultáneamente dos o más cargos o empleos en el sector público que fueren incompatibles entre sí”.
El documento de denuncia señala la prohibición expresa en la Ley orgánica de la Policía. Wilson Sandoval, coordinador de ALAC, reitera que el director de la PNC “no puede ostentar ningún otro cargo dentro de la administración pública”. Sandoval plantea que incluso estudian presentar una demanda de inconstitucionalidad por este caso.
Mientras tanto, la Sala de lo Constitucional estudia una demanda de inconstitucionalidad por el nombramiento de Arriaza Chicas como director de la Policía Nacional Civil. La abogada Ruth Eleonora López presentó esta demanda el 28 de agosto, en la que señala que la formación y trayectoria militar de Arriaza Chicas es incompatible con su cargo en la PNC, una institución que según los Acuerdos de paz y por constitución solo puede ser dirigida por civiles.
En mayo de 1994, el teniente Arriaza Chicas fue uno de 25 oficiales militares que fueron transferidos de la situación activa a la de reserva a través de un decreto ejecutivo firmado por el expresidente Alfredo Cristiani. En la práctica, el primer gobierno de Arena los daba de baja de la Fuerza Armada y los cuerpos de seguridad para cumplir el acuerdo de que ningún miembro de la PNC podía estar de alta en el ejército. Según reveló Revista Factum, “el problema era que los 25 militares, sin haberse dado de baja, habían ingresado a los mandos de la nueva policía un año y medio antes”.
En el primer gobierno del FMLN (2009-2014), la Sala ya había sentado un precedente al declarar inconstitucional el nombramiento del general David Mungua Payés como ministro de Seguridad Pública; y del general Francisco Salinas como director de la Policía. La Sala dijo que los generales, aunque retirados, no pueden ser considerados civiles. El nuevo cargo para Arriaza Chicas abre un doble conflicto porque su trayectoria militar ahora trastoca dos instituciones en las que, según ha dicho la Sala, solo pueden ser dirigidas por civiles.
Para la abogada, el nombramiento del director Arriaza como viceministro de Seguridad viola el artículo 7 inciso segundo de la ley orgánica de la PNC, que establece que es incompatible el cargo público. “Es evidente que esta violación a la ley es una muestra de la urgencia que tiene el presidente de la República de darle una protección al director de la PNC”, dice.
Cuestionado por la prohibición que la Ley orgánica de la Policía da para quien ostente el cargo del director de la corporación, el presidente Nayib Bukele desestimó que hayan entrado en conflicto con la ley. El jueves 16, en una conferencia desde casa Presidencial, el mandatario argumentó que “las funciones del viceministro de Seguridad son totalmente compatibles con las del director de la Policía”. Consultado sobre si el nombramiento fue para darle inmunidad al director de la Policía, investigado por la Fiscalía, el mandatario evadió una respuesta directa y descargó contra los diputados de la Asamblea Legislativa por querer acusar al Ejecutivo de un supuesto fuero para dar impunidad. “Si el fuero es impunidad quitenlo, pero quitenlo para todos”, dijo.
Una Policía rebelde
La Policía dirigida por Arriaza Chicas en el Gobierno Bukele se ha prestado, a juzgar por la Sala de lo Constitucional, para actuar en contra de lo que le manda la Constitución. Bajo la dirección de Arriaza Chicas, la Policía fue protagonista en los sucesos que derivaron en la toma de la Asamblea Legislativa del 9 de febrero. Un día antes de que el presidente Bukele ingresara al Salón Azul flanqueado por militares fuertemente armados, Arriaza Chicas ordenó quitar la seguridad a los diputados por doce horas.
La reacción del director fue que “los hechos coincidieron con actividades de carácter administrativo, donde se mandaron a llamar a algunos miembros para dar algunas orientaciones administrativas”. El día de la toma, a las 3:50 pm, previo a que lograran abrir el Salón Legislativo, el director hizo una llamada: “Van a abrir la puerta del salón de la comisión de seguridad de la Asamblea. No va a ser la Policía ni la FAES. Pero una vez la abran, el presidente nos ha dado varias instrucciones”, según fue reseñado por varios medios de comunicación que dieron cobertura al evento.
Luego, en el contexto de la pandemia, la Policía de Arriaza Chicas ha sido denunciada ante la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) por “detenciones ilegales” y “tratos crueles, inhumanos y degradantes” contra los detenidos en la cuarentena. A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) incluso llegó un caso de Habeas Corpus por el caso de una mujer capturada por la PNC la noche del 9 de abril, por haber acompañado a su hijo de 4 años a una letrina ubicada a menos de dos metros de su casa, en una comunidad empobrecida de San Salvador.
Esta Policía, además, ha ignorado las direcciones funcionales que la institución fiscal envía a pesar de que el artículo 193 de la Constitución de la República establece que la Fiscalía es la entidad encargada de “dirigir la investigación del delito con la colaboración de la Policía Nacional Civil”. El Faro habló con distintas fuentes fiscales que se quejan de la labor de la policía. Una de las fuentes dijo que: “Con la entrada de los decretos para reducir los contagios de la COVID-19, los investigadores dejaron de colaborar como acostumbraban porque realizaban otras labores y es entendible hasta cierto punto, pero después que eso acabó no volvieron a retomar sus labores de investigación de inmediato”.
Bajo la dirección de Arriaza Chicas, la corporación degradó a un oficial que, en cumplimiento de la ley, colaboró con la Fiscalía en un operativo de captura. Se trata del ex jefe de investigaciones de la delegación de San Salvador, José Hernán Peña Morales, que fue degradado en la Policía después de haber colaboró con la Fiscalía en la captura del guardaespaldas Aron Martínez Santos, que subió a las redes sociales un video de 38 segundos en el que aparece con un fusil y una pàñoleta negra amenazando a los opositore de Bukele, el 21 de abril pasado.
Dos días después de la captura, el sábado 25 de abril, Peña Morales recibió un memorándum por parte del director Arriaza Chica donde fue notificado de su traslado. Pese a sus 17 años de servicio y 13 años como jefe de unidades, el subinspector Peña fue enviado a la delegación de Usulután, al oriente del país, como un patrullero más.
Las fuentes fiscales, que hablaron de forma anónima con El Faro, aseguran que aparte del traslado del subinspector Peña “se han dado otros” traslados de oficiales que han respondido de manera inmediata a las solicitudes de la Fiscalía. “Hemos mandado varias direcciones funcionales ya mejor de forma directa a la dirección de la PNC y no las responden. Hay una sumisión a las jefaturas de la PNC”, dijo una de las fuentes.
