El 26 de marzo de 2020 fue publicado un cartel de recompensa por información que conduzca a la aprehensión de Tareck El Aissami. El Departamento de Justicia de los EE. UU. acusa de narcoterrorismo al líder socialista de Venezuela Nicolás Maduro y a varios de sus colaboradores cercanos.
Antilavadodedinero / AP
Gracias a la producción récord de cocaína en Colombia, Venezuela se ha convertido en un punto de transbordo cada vez más importante para el tráfico internacional de cocaína. El propio régimen de Maduro se enriquece gracias al tráfico de drogas ilícitas.
El 14 de noviembre de 2019, el Almirante de la Marina de los EE. UU. Craig S. Faller, comandante del Comando Sur de los EE. UU. (SOUTHCOM), declaró que “el régimen de Maduro ha facilitado el narcotráfico, que aumentó en más del 50 por ciento dentro y a través de Venezuela, y Maduro y sus cómplices se están llenando los bolsillos, en complicidad con el narcotráfico”.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estimó que, en 2018, se enviaron desde Colombia 240 toneladas métricas de cocaína a Venezuela para su posterior envío al extranjero, cuyo valor alcanzaría unos USD 39 000 millones en las calles. Según CNN, la cocaína cruza la porosa frontera colombo-venezolana a través de rutas ilegales, luego se transporta por mar hacia Europa, o bien en pequeñas aeronaves hacia Honduras, para luego enviarse hacia los EE. UU. a través de México.
El régimen de Maduro ha estado implicado en el tráfico de drogas durante años, en asociación con las FARC y el ELN, que han colaborado para mantener a Maduro en el poder. Ya en 2008, en el marco de la Ley Kingpin, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. había designado como grandes narcotraficantes a altos funcionarios venezolanos como Hugo Carvajal, quien fuera el titular de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y Henry Rangel Silva, que se desempeñaba como jefe de inteligencia.
En febrero de 2017, el Departamento del Tesoro añadió al vicepresidente Tareck El Aissami a la lista de “capos”, y lo acusó de facilitar los envíos de drogas desde Venezuela por vía aérea y marítima, y de proteger a otros narcotraficantes que operaban en Venezuela (como el cártel mexicano de Los Zetas y el zar de la droga colombiano Daniel “El Loco” Barrera). Un tribunal estadounidense condenó a 18 años de prisión a dos sobrinos de Maduro por tratar de transportar 800 kilogramos de cocaína a los EE. UU. en 2017.
Maduro, acusado de narcotráfico
En una medida histórica el 26 de marzo de 2020, el fiscal general de los EE. UU., William Barr, imputó a Maduro y a 14 integrantes de su círculo íntimo por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero y narcoterrorismo. Se trata de la segunda imputación penal de los EE. UU. contra un jefe de estado extranjero, desde el panameño Manuel Noriega en 1988. Funcionarios estadounidenses manifestaron la existencia de una detallada conspiración encabezada por Maduro, en trabajo conjunto con las guerrillas colombianas, para transformar a Venezuela en un punto de transbordo para el envío de grandes cantidades de cocaína a los EE. UU.
Al mismo tiempo, el Departamento de Estado de los EE. UU. anunció una recompensa de hasta USD 15 millones por información relacionada con Maduro y de hasta USD 10 millones por datos sobre Diosdado Cabello Rondón, presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente, el General de División del Ejército (r) Clíver Alcalá Cordones, además de Carvajal y El Aissami. Mientras ocupaban cargos claves en el régimen de Maduro, estos individuos violaron la confianza pública al facilitar envíos de drogas desde Venezuela, ya que controlaban las aeronaves que partían de las bases aéreas venezolanas y las rutas del narcotráfico a través de puertos venezolanos, entre otros.
El 1.º de abril de 2020, el presidente de los EE. UU. Donald Trump, anunció el lanzamiento de operaciones reforzadas antinarcóticos en el hemisferio occidental. “En cooperación con las 22 naciones socias, el Comando Sur de los EE. UU. aumentará las tareas de vigilancia, detención e incautación de cargamentos de droga y brindará apoyo adicional a los esfuerzos de erradicación, que en estos momentos se están aplicando a un ritmo sin precedentes.
Estamos desplegando destructores, buques de combate, aeronaves y helicópteros adicionales de la Marina, además de buques de la Guardia Costera y aviones de patrullaje de la Fuerza Aérea, con lo cual hemos duplicado nuestras capacidades en la región”, indicó.
Latas con diversos productos para hacer pasta base de cocaína se encuentran en un laboratorio clandestino en la ribera del río Inírida, departamento de Guaviare, Colombia, el 25 de septiembre de 2017. Según expertos y ONG, la vecina Venezuela pasó de ser un país de tránsito de drogas a involucrarse en las primeras fases de producción. (Foto: Raúl Arboleda/AFP)
El secretario de Defensa de los EE. UU. Mark Esper trazó una conexión entre la pandemia y la nueva operación militar, al afirmar que hay organizaciones criminales que intentan aprovecharse de posibles distracciones de los gobiernos, abocados a combatir el brote de COVID-19. Esper manifestó que “las organizaciones criminales transnacionales siguen amenazando nuestra seguridad y destruyendo vidas y, además, hay individuos corruptos, como los del régimen ilegítimo de Maduro en Venezuela, que se valen de las ganancias provenientes de la venta de drogas para mantener su poder opresivo.
El pueblo venezolano sigue sufriendo por el control criminal que Maduro ejerce en el país”. SOUTHCOM informó que, entre 1.º de abril y el 15 de mayo de 2020, se llevaron a cabo cinco importantes operaciones de interdicción de cocaína.
Evasión de sanciones estadounidenses al petróleo
Venezuela tiene las reservas de petróleo comprobadas más grandes del mundo, con una producción total de 303 300 millones de barriles en 2019, y sus ingresos petroleros representan más del 95 por ciento de sus exportaciones. En 1976, Venezuela nacionalizó la industria petrolera y creó la compañía petrolera estatal venezolana Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Recurrió a empresas petroleras internacionales como ExxonMobil, BP, Chevron, Total y Conoco Phillips, para obtener más conocimientos que contribuyeran al desarrollo de sus reservas de crudo extrapesado.
En los últimos 20 años la industria petrolera se fue deteriorando drásticamente por la mala administración, la falta de inversiones, las expropiaciones y la explotación de los ingresos del petróleo para financiar no solo generosos planes sociales, sino también al régimen de Hugo Chávez, luego al de Maduro. En 2018, la producción petrolera de Venezuela cayó a 1,5 millones de barriles por día (bpd), una disminución de más del 50 por ciento por debajo de los niveles de 2006, y continuó descendiendo hasta 796 000 bpd hacia finales de 2019.
Para ejercer presión sobre el régimen de Maduro luego del nombramiento de Guaidó como presidente interino de Venezuela, los EE. UU. apuntaron el 28 de enero de 2019 al lucrativo sector petrolero sancionando a PDVSA, medida que bloqueó todos los bienes e intereses de PDVSA bajo jurisdicción estadounidense, y prohibió a ciudadanos de los EE. UU. efectuar transacciones con estos individuos. Las sanciones tenían la finalidad de evitar que el régimen de Maduro siguiera despilfarrando el patrimonio del pueblo venezolano.
Desde la era chavista, la compañía energética estatal rusa Rosneft ha estado muy involucrada con la nacionalizada industria petrolera de Venezuela, aportando significativas inversiones de capital y equipamiento. Como pago de deuda, Moscú y Beijín tienen a su favor una gran cantidad de producción petrolera e ingresos venezolanos a futuro.
En agosto de 2019, Rosneft tomó más del 66 por ciento de los cargamentos de petróleo venezolanos, que luego se revendieron a compradores asiáticos. Según Bloomberg, buques petroleros “invisibles” que apagaban sus transpondedores en aguas venezolanas para evitar la detección por GPS, exportaron clandestinamente reservas petroleras venezolanas, con el objetivo de eludir las sanciones estadounidenses y reactivar la industria petrolera. De los 10,86 millones de barriles de petróleo exportados por Venezuela en los primeros 11 días de noviembre de 2019, cerca de la mitad se envió de este modo, principalmente hacia China o India.
El 22 de abril de 2020, la administración de Trump ordenó a Chevron, la última compañía petrolera estadounidense que seguía operando en Venezuela, que detuviera la producción de petróleo antes del 1.º de diciembre. Otros cuatro proveedores de servicios petroleros: Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes y Weatherford International, también recibieron esta orden. Se trata de la medida más reciente de los EE. UU. para debilitar aún más los ingresos del régimen de Maduro.
Como resultado de las sanciones estadounidenses las exportaciones de petróleo terminan vendiéndose a precios muy bajos, en un país que depende en gran medida de importaciones de gasolina. En un aparente intento por eludir las sanciones estadounidenses, cinco buques cisterna iraníes partieron hacia Venezuela a fines de mayo, con al menos USD 45,5 millones en gasolina y productos derivados.
La caída de los precios internacionales del petróleo a mínimos históricos, provocada por el exceso de oferta y la disminución de la demanda debido a la pandemia de COVID-19, se transformará en una crisis monetaria aún mayor para el régimen de Maduro, ya que Venezuela vende cada barril de petróleo con pérdidas significativas.
V
Varios hombres trabajan en la mina de oro Nacupay, en la ribera de un río en El Callao, estado de Bolívar, sureste de Venezuela, el 24 de febrero de 2017. (Foto: Juan Barreto/AFP)
El régimen de Maduro depende cada vez más del oro para sobrevivir. Venezuela tiene una de las mayores reservas de oro subterráneas del mundo y, hasta hace muy poco, una de las principales reservas de oro monetario. Hace algunos años Venezuela ocupaba el puesto 16 del ranking mundial en términos de cantidad de oro monetario, con más de 360 toneladas. El régimen, cada vez más aislado, ha recurrido a la venta de reservas de oro venezolano como una de sus únicas fuentes de divisas.
Las reservas del Banco Central cayeron a sus niveles más bajos, con solo 102 toneladas de reservas de oro valuadas en unos USD 4000 millones, pero el Banco de Inglaterra, que retiene un tercio del total, se ha negado a repatriarlo a Venezuela si Maduro continúa en el poder. Según informes recientes, existen negociaciones de “oro por gasolina” entre Venezuela e Irán, que incluyen buques cisterna invisibles y sospechosos vuelos directos desde Teherán a Caracas a través de la aerolínea estatal iraní Mahan Air (sujeta a sanciones estadounidenses), así como también acuerdos de “oro por comida” con Turquía.
Además de la venta de reservas de oro en el extranjero, el régimen de Maduro ha explotado el sector minero aurífero de Venezuela para su propio enriquecimiento. El sector del oro se ha convertido en el nuevo generador de ingresos de Maduro para compensar el colapso de la industria petrolera. Maduro emplea dinero en efectivo y el oro de la minería ilegal para mantener la lealtad de las fuerzas armadas de Venezuela.
Aunque solo la empresa de explotación aurífera estatal Minerven está habilitada para procesar el oro en Venezuela, el metal proveniente de la minería ilegal ahora está en manos del círculo íntimo de Maduro, que se hizo cargo de la industria del oro clandestino de Venezuela en 2017, dominada por pandillas criminales. La primera dama Cilia Flores y sus familiares, Rafael Hernández Dala, director de la DGCIM, y El Aissami, todos sancionados por los EE. UU., encabezan la agrupación gubernamental mafiosa, conocida como El Equipo.
El Equipo, que opera al menos seis plantas de extracción de oro, puede producir más de 16 toneladas de oro por año, pero también obliga a pequeños operadores independientes a venderles su producción bajo amenazas de violencia, arresto o pérdida del acceso al combustible en la remota zona minera. La compra de este oro, extraído ilegalmente por pequeños mineros, genera otras 12 toneladas anuales valuadas en más de USD 1500 millones por año.
De estas operaciones mineras, parte del oro extraído se vende al Banco Central, mientras que el resto se exporta sin ningún tipo de controles. Según el Instituto de Estadística de Turquía, Venezuela le vendió a ese país casi 24 toneladas de oro “sin refinar”, valuadas en más de USD 900 millones. Se intercambiaron por suministros que posteriormente terminaron en cajas de alimentos subsidiados del gobierno, destinadas a venezolanos pobres. En marzo de 2019, un avión de carga ruso realizó dos viajes desde Caracas a Entebbe, Uganda.
Las autoridades ugandesas estaban investigando a la principal refinería de oro del país, African Gold Refinery, por las importaciones de aproximadamente 7,4 toneladas de oro, valuadas en unos USD 300 millones, luego de que medios estatales informaran que el metal podría ser de origen venezolano.
Las sanciones económicas de los EE. UU. obligaron a Caracas a depender cada vez más de las transacciones con oro para evadir las barreras financieras internacionales y realizar pagos por importaciones esenciales, como alimentos y medicamentos. En consecuencia, el Departamento del Tesoro de los EE. UU. impuso sanciones sectoriales a Minerven y a la industria minera de oro venezolana para detener el flujo de ingresos que financian al régimen de Maduro.
Para solventarse, el régimen ilegítimo de Maduro depende de la economía ilícita a través del narcotráfico, la venta ilegal de petróleo y la minería aurífera ilegal. Los EE. UU. y sus naciones socias se embarcaron en una agresiva campaña diplomática, económica y del orden público para aislar, sancionar e imputar a Maduro y su círculo íntimo, con la esperanza de avanzar hacia una transición democrática en Venezuela.
A medida que la pandemia de COVID-19 genera un impacto en la salud y en la economía del hemisferio occidental, el entorno operativo para el régimen de Maduro se va tornando cada vez más complejo. Se espera que las operaciones reforzadas antinarcóticos, el colapso de los precios internacionales del petróleo y un mayor control sobre la minería aurífera ilegal logren reducir estas actividades que generan dinero para apuntalar al régimen y, eventualmente, propicien el retorno de la democracia y traigan alivio a la crisis humanitaria en Venezuela.
