Las autoridades salvadoreñas aseguraron recientemente que su estrategia para combatir a las pandillas ha dado como resultado el decomiso de miles de armas. Sin embargo, esto afecta poco a las pandillas y no logra detener los continuos flujos de armas hacia El Salvador.
Antilavadodedinero / Insightcrime
A principios de octubre, la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador reportó haber incautado 2.026 armas de fuego en lo que iba corrido del año. Los decomisos se dieron en el marco del Plan Control Territorial, que desde junio de 2019 pretende combatir a las pandillas y grupos de crimen organizado mediante una mayor presencia de las fuerzas de seguridad en los municipios más violentos del país.
El gobierno de Nayib Bukele ha presumido de que esta estrategia ha dejado como resultado más de 20.000 arrestos y la reducción de varios crímenes. Sin embargo, los decomisos de armas que se han realizado este año no han incrementado con respecto al año pasado —cuando las autoridades aseguraron un total de 3.413 armas de fuego— sino que han permanecido estables. De hecho, en 2018 las autoridades también incautaron una cifra similar: 2.516 armas cortas y 540 fusiles.
El Plan Control Territorial ha sido uno de los estandartes del gobierno de Nayib Bukele, quien asegura que ha sido un golpe duro para las pandillas y que ha permitido una reducción histórica de los homicidios. El Salvador pasó de ser el país más homicida del hemisferio occidental en 2015 a reducir sus homicidios en un 62 por ciento en los primeros seis meses de 2020.
Sin embargo, recientes investigaciones de El Faro, International Crisis Group e InSight Crime han proporcionado evidencia que permite concluir que esta disminución de la violencia no está relacionada directamente con el plan de Bukele, sino que comenzó desde antes de su llegada al poder. Por ejemplo, las pandillas han demostrado en varias ocasiones que tienen la capacidad de reducir los niveles de violencia mediante pactos informales con el gobierno.
Algunos ejemplos de esto son la tregua entre pandillas en 2012 o el dominio que han llegado a tener en algunas zonas mediante extorsiones y capital político.
Si bien los decomisos son un paso importante para reducir la violencia en El Salvador, ya que la mayoría de los homicidios se cometen con armas de fuego, no son suficientes si no se frenan los flujos ilegales que ingresan al país o se regulan las adquisiciones legales.
Por un lado, aunque la mayoría de los homicidios en El Salvador se cometen con armas de bajo calibre, las personas que tengan el dinero y las conexiones adecuadas pueden tener acceso a arsenales más pesados.
Un reportaje señala que la policía de El Salvador le otorgó permisos a 556 personas para que pudieran obtener armas de alto calibre, incluyendo rifles AR-15, entre julio de 2014 y julio de 2019. Los rifles AR-15 no pueden ser portados legalmente por civiles.
No se sabe cuántas armas fueron adquiridas con estos permisos, ya que no se restringió el número de armas que cada persona podía comprar. En El Salvador ha sido común que las personas con grandes arsenales se protejan con la fachada de que todo su armamento es legal. En 2012, durante un esfuerzo del gobierno para que la población registrara formalmente sus armas, un general y un coronel del Ejército legalizaron 20 armas automáticas, incluyendo rifles M16, AK-47 y AR-15,
Ese mismo año, una mujer pudo registrar a nombre suyo 207 armas que le pertenecían a su difunto marido, después de pagar una multa por tener permisos vencidos. Algunas de estas armas se las compró al general mencionado anteriormente.
Incluso el expresidente Mauricio Funes registró 92 armas bajo su nombre antes de dejar su cargo en 2014. Su arsenal incluía rifles de asalto como Heckler & Koch 91, que normalmente son utilizadas por francotiradores militares.
Por otro lado, decomisar las armas en el país no es suficiente para frenar los flujos de tráfico ilegal. Según un comunicado de la Presidencia publicado en octubre, entre los recientes decomisos de la policía también había un alto número de armas automáticas, como M-16 y AK-47, así como ametralladoras. Estas últimas le habrían sido incautadas a miembros de pandillas luego de enfrentamientos con la policía.
En el departamento de Santa Ana fue donde se localizó el mayor número de armas, seguido de Sonsonate y San Salvador. Los tres departamentos tienen una importante presencia de las dos principales pandillas callejeras del país: la Mara Salvatrucha 13 (MS13) y el Barrio 18.
Las pandillas obtienen su armamento tanto en el mercado negro como en las ventas legales, según la analista de seguridad Jeannette Aguilar.
“Después de las políticas de Mano Dura, las pandillas incrementaron su capacidad de fuego […]; uno de los cambios cualitativos fue el aumento del uso de armas largas y de origen militar y la disminución del uso de armas hechizas”, dijo Aguilar
Para Aguilar, las autoridades han prestado poca atención a prevenir que las armas ilegales entren al país y a regular las que circulan de manera legal. La analista estima que hoy en día hay casi medio millón de armas en manos de civiles.
“Varias de las que están legalmente registradas se han encontrado en delitos cometidos por pandillas. Muchas veces la misma arma es utilizada en varios hechos criminales por distintos actores”, aseguró.
