Las acusaciones de peculado y lavado de dinero que enfrenta Flávio Bolsonaro, el primogénito del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, pueden ser la primera grieta grave en el edificio de corrupción que se ha erigido en torno al mandatario.
Antilavadodedinerro / Insightcrime
El 3 de octubre, varios fiscales de Río de Janeiro anunciaron que solicitaron a un tribunal que aceptara varios cargos contra Flávio Bolsonaro; lo acusan de apropiación indebida de los salarios de sus colaboradores, un entramado de corrupción conocido como “rachadinha”, o “división del salario”.
Al parecer la trama ocurrió entre 2004 y 2018, cuando Flávio Bolsonaro era concejal de Río de Janeiro. Este es uno de los numerosos escándalos que rodean a la familia Bolsonaro.
En diciembre de 2018, justo antes de la posesión de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil, comenzaron a conocerse denuncias de actividad financiera sospechosa de Flávio, entre las que se contaban transferencias bancarias por varios cientos de miles de dólares hechas por uno de sus empleados, Fabricio de Queiroz.
Un mes después, se supo que Flávio Bolsonaro contrató a la madre y la hermana de un conocido líder paramilitar, supuestamente por la amistad con de Queiroz. Ese mismo miliciano, Adriano Magalhães da Nóbrega, era uno de los principales sospechosos del asesinato de la concejala de Río Marielle Franco, ocurrido en agosto de 2018, hasta que fue abatido en un operativo policial en febrero pasado.
Pese a que han negado consistentemente todos los cargos en su contra, Flávio Bolsonaro y de Queiroz enfrentan varias denuncias de corrupción y peculado.
En diciembre de 2019, una chocolatería de la que Flávio Bolsonaro era copropietario en Río de Janeiro fue allanada por la policía como parte de la investigación por el entramado de la rachadinha. Los fiscales alegan que es posible que Bolsonaro hijo haya lavado dineros públicos por medio de la tienda y con la compra de dos apartamentos en Copacabana.
En junio de 2020, las cosas se aceleraron cuando de Queiroz fue arrestado por su participación en el caso de las rachadinhas.
En el pliego de cargos contra Flávio Bolsonaro, los fiscales afirman que el esquema de apropiación salarial fue confirmado por Luiza Souza Paes, exconsejera legislativa del hijo del presidente. En su declaración juramentada, la mujer confesó que cada mes entregaba el 90 por ciento de su salario a de Queiroz, ya fuera que lo depositara en una cuenta o lo entregara en efectivo, lo que le dejaba solo 700 reales (US$125) para vivir.
Además, Souza Paes declaró que entregaba parte de las primas salariales que recibía como empleada de gobierno e incluso parte de las devoluciones de impuestos. En total, estimó que había entregado personalmente 160.000 reales (US$28.700) a esa maquinaria.
Los fiscales afirman que la cantidad cobrada por Flávio Bolsonaro y de Queiroz puede alcanzar los 2 millones de reales (US$360.000) a lo largo de 11 años.
Otros sindicados en el caso incluyen a la esposa de Flávio Bolsonaro, Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro; su jefe de gabinete; la esposa e hijas de de Queiroz; y la esposa y hermana del líder miliciano muerto, que presuntamente ayudaron a lavar hasta 400.000 reales (US$70.000) en el esquema de la rachadinha.
Flávio Bolsonaro ha negado con vehemencia los señalamientos, de los que ha dicho que son “una serie de errores extraños”, y ha acusado a los fiscales de irregularidades y de filtración de información a la prensa.
Su padre ha guardado silencio hasta el momento.
Pero el 2 de octubre, el día antes de que se presentaran los cargos contra Flávio, el presidente Jair Bolsonaro escribió en Twitter defendiendo a su segundo hijo, Carlos, concejal de Río de Janeiro, quien había recibido críticas por bloquear las regulaciones tendientes a mejorar el seguimiento y el control de armas y municiones.
Carlos Bolsonaro también es investigado por presunta participación en la división de salarios con sus empleados, tres de quienes supuestamente han hablado con los fiscales.
Y en abril pasado, la policía federal señaló a Carlos de ser el autor intelectual de un masivo esquema para la propagación de noticias falsas sobre su padre y de intimidación a sus críticos por internet.
También se dice que tuvo una participación decisiva en la controvertida destitución de Mauricio Valeixo como jefe de la policía federal en mayo pasado, después de que se abrió la investigación por la red de noticias falsas.
El tercer hijo, Eduardo Bolsonaro, diputado federal, también ha resultado conectado con los escándalos de las noticias falsas y rachadinhas, pero hasta ahora no hay cargos en su contra. Se supone que participó en la planeación de ataques virtuales contra críticos de Bolsonaro, según la BBC, y uno de sus antiguos consejeros fue acusado en conexión con la apropiación de salarios.
Lo interesante es que, en 2015, Eduardo fue reconocido por su efectividad en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.
Y finalmente, las sospechas también rondan a Ana Cristina Valle, exesposa del presidente. En la última década, 18 miembros de su familia han estado empleados en las oficinas políticas del clan Bolsonaro y se cree que muchos de ellos han participado de la apropiación de salarios. La misma Valle fue jefe de gabinete de Carlos Bolsonaro durante siete años y adquirió 14 propiedades entre 1997 y 2008, parte de las cuales pagó en efectivo.
Actualmente es investigada, al igual que su padre, su hermana, tío, tías y primos.
