El recién posesionado presidente de Bolivia, Luis Arce, enfrentará varios acuciantes desafíos de seguridad en su trabajo por devolver la estabilidad al país, pero ninguno tan importante como fijar una política clara en materia de drogas.
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La contundente victoria electoral de Arce a finales de octubre marcó el retorno al poder del partido Movimiento al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente Evo Morales antes de su derrocamiento y de verse forzado al exilio luego de la polémica elección de octubre de 2019.
Una represión abierta contra la oposición con la anuencia del gobierno y abusos generalizados contra los derechos humanos —entre los que se cuenta la matanza de 10 cocaleros cuando efectivos del ejército abrieron fuego sobre un grupo de manifestantes que lamentaban la salida de Morales— definieron en buena parte la gestión de 12 meses del gobierno interino de Jeanine Áñez.
Ahora, Arce está ante la tarea no solo de restaurar la calma en el país andino, sino también de luchar contra el incremento de narcovuelos que salen del departamento de Beni, al norte del país, y las denuncias de que la pandilla brasileña Primer Comando de la Capital (Primeiro Comando da Capital, PCC) puede estar abasteciendo la mayoría de su demanda de cocaína en Bolivia, entre otros.
Reorientación de la política de drogas
Bolivia se ha dado a conocer por su visión progresista en términos de política de drogas, incluida la creación de un mercado doméstico legal para la coca. Pero el gobierno provisional de Áñez se apresuró a dar un viraje a la estrategia antinarcóticos, retrocediendo a las medidas de mano dura centradas en la meta idealista de crear un país “libre de drogas”.
“Nuestra batalla está destruyendo la médula misma del narcotráfico”, proclamó Áñez en el evento de lanzamiento de la nueva estrategia en febrero de 2020. Altos dignatarios de su administración llegaron incluso a tildar de “narcoterroristas” a los cultivadores de coca.
En la administración de Morales, el gobierno adoptó una estrategia distinta en su política de drogas e invirtió en un programa de “control comunitario de la coca”. Este se centró en un trabajo directo con los cultivadores de coca para mantener la cuota de producción legal, fijada en 22.000 hectáreas, “en lugar de erradicar la planta de manera precipitada”, según señaló un informe de Open Society Foundations.
Aunque la iniciativa del gobierno enfrentó limitaciones de recursos y tuvo dificultades para impedir que parte de la coca cayera en el mercado ilícito para la producción de cocaína, observadores internacionales como el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo elogiaron lo “innovadora” de la estrategia.
“Al reconocer el cultivo de coca como una fuente de ingresos legítima, el gobierno ha ayudado a estabilizar los ingresos de los hogares y puesto a los agricultores en mejor posición para asumir el riesgo de sustituir cultivos ilícitos con sembrados alternativos o ganado”, escribió la ONU en un informe en junio de 2019.
El cambio de enfoque en la gestión de Áñez contó con el respaldo de la Unión Europea, que donó US$12 millones al país para la lucha contra el narcotráfico. El gobierno estadounidense, que durante años criticó la estrategia poco convencional del país en materia de drogas, elogió la administración de Áñez, afirmando que había hecho “importantes avances en la interdicción de narcóticos”, pese a la escasa evidencia, y que la cooperación entre los dos países se había “fortalecido”.
Arce, que fue ministro de economía en el gobierno de Morales, deberá reposicionar la política de drogas del país para encontrar un balance entre el respaldo a los usos tradicionales de la hoja de coca y la reducción de la producción y el tráfico de drogas en Bolivia, que es el tercer mayor productor mundial de hoja de coca y cocaína, después de Colombia y Perú.
Impedir el narcotráfico internacional
Bolivia asiste actualmente a una abundancia de cocaína en circulación en el país y al otro lado de sus fronteras a países vecinos, como Chile y Brasil.
Entre noviembre de 2019 y finales de septiembre de 2020, datos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) mostraron que las autoridades habían incautado cerca de ocho toneladas de pasta base de cocaína y casi cinco toneladas de clorhidrato de cocaína.
A lo largo de 2019, la unidad antinarcóticos decomisó apenas un poco más de nueve toneladas de pasta base de cocaína y alrededor de seis y media toneladas de clorhidrato de cocaína, según cifras oficiales.
Aunque Bolivia no tiene los poderosos grupos criminales transnacionales que hay en otros países latinoamericanos, como Colombia y México, sí desempeña un rol crucial en el tráfico internacional de narcóticos.
Las autoridades portuarias de Italia, por ejemplo, decomisaron recientemente cerca de una tonelada de cocaína oculta en un cargamento de mejillones congelados que había zarpado de Chile. De toda la droga incautada en Chile entre 2015 y 2019, las autoridades establecieron que cerca del 30 por ciento provenía de Bolivia, seguida de Paraguay, según un informe de 2020 del Observatorio de Narcotráfico de Chile.
Como parte de una investigación realizada a lo largo de un semestre en Brasil, la policía federal de Rio Grande do Sul, al sur del país, anunció a comienzos de noviembre la incautación de cuatro toneladas de cocaína de Paraguay en cargas semanales de 100 a 400 kilogramos. Paraguay es más conocido como el segundo mayor productor de marihuana en Suramérica, y era muy posible que la cocaína hubiera salido de Bolivia antes de ser traficada por el país en su ruta hacia Brasil.
“Bolivia es la fuente de la cocaína transportada y vendida por el PCC”, comentó a InSight Crime en una entrevista reciente el fiscal del estado de São Paulo, Marcio Sergio Christino, coautor de un libro sobre el PCC.
Más aún, el entonces ministro de gobierno de Bolivia, Arturo Murillo, declaró a medios locales en una entrevista dada en julio de 2020 que “cada día hay [narco]vuelos que salen hacia Brasil y Paraguay”. Aviones cargados de cocaína que salen o pasan por Bolivia, especialmente por el estratégico departamento de Beni, nordeste del país sobre la frontera con Brasil, han sido embargados en lugares tan distantes como México este año.
Las autoridades bolivianas también tendrán que hacer un mejor trabajo para impedir las operaciones de quienes juegan roles importantes en el narcotráfico regional, algo que les ha causado problemas en el pasado.
Para la muestra está el caso de Fernando Gustavo Álvarez Peralta, exfuncionario de gobierno que se desempeñó por corto tiempo en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras en el mandato de Áñez, y quien, a pesar de haber sido sancionado por el Departamento del Tesoro estadounidense por una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA), que lo vinculó con una organización narcotraficante mexicana, aún no ha sido aprehendido.
Otros notorios narcotraficantes que operaban en Bolivia, como Delfín Reynaldo Castedo, exlíder del conocido Clan Castedo, fue detenido en 2016 al otro lado de la frontera sur en Argentina. Junto con su hermano, Raúl, presuntamente traficó hasta cuatro toneladas de cocaína al mes desde la región fronteriza entre Argentina y Bolivia hacia Europa.
