En 2019, el Grupo de Trabajo de Acción Financiera (GAFI) pidió a las jurisdicciones de todo el mundo que adoptaran sus pautas regulatorias para activos virtuales.
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En la conferencia V20 de hoy, que se llevó a cabo de forma online, David Lewis, secretario ejecutivo y adjunto del G20 en la organización, ofreció una descripción general de cómo la implementación y la respuesta empresarial han ido hasta ahora.
El GAFI es una organización intergubernamental encargada de combatir el lavado de dinero. Sus directivas de 2019 para regular las criptomonedas, que incluyen una sección controvertida denominada «regla de viaje», están diseñadas para mitigar los usos ilícitos de activos virtuales y para alinear el sector con las regulaciones bancarias tradicionales.
Lewis dijo a los asistentes de la conferencia que la mayoría de jurisdicciones ahora han transpuesto las pautas a la legislación nacional.
Sin embargo, cuando se trata de negocios de criptomonedas, conocidos formalmente como «proveedores de servicios de activos virtuales» o VASP, Lewis dijo que su adaptación a la regla de viaje y al marco más amplio del GAFI sigue siendo «relativamente incipiente».
Reconoció que se ha avanzado en el frente técnico, ya que las empresas intentan improvisar nuevas soluciones para ayudarlas a ser más eficientes en sus medidas de cumplimiento. Sin embargo, la regla de viaje «aún no se está implementando global o efectivamente» en el sector privado, enfatizó.
La organización, según el informe de Lewis, está discerniendo nuevos riesgos y tiene la intención de vigilar los desafíos regulatorios correspondientes que enfrenta. Ha habido, dice, un mayor uso de cripto para mover fondos ilícitos durante la pandemia. Además, existe evidencia de que las redes profesionales de blanqueo de capitales utilizan las criptomonedas con más frecuencia.
Si bien el valor total de las criptomonedas utilizadas para actividades ilícitas sigue siendo pequeño, se está explotando para lavar dinero de la venta de drogas y armas ilícitas, explotación infantil, tráfico de personas y evasión de sanciones, dice Lewis.
La organización parece particularmente preocupada por los diversos mecanismos y herramientas que se están utilizando para aumentar la privacidad, incluidos los exchanges descentralizados, las llamadas monedas de privacidad, ‘tumblers’ y mezcladores.
Lewis también reiteró la sospecha del GAFI de los llamados “saltadores de jurisdicción”, o negocios que se mudan de ubicación con frecuencia, ya que la organización considera que esto podría brindar un margen para el arbitraje regulatorio.
Tales características y fenómenos forman la columna vertebral de la lista de “banderas rojas” o (red flags) del GAFI, que proporciona a las empresas para ayudarlas con la supervisión de las actividades de los usuarios en sus plataformas o servicios.
Lewis indicó que el GAFI planea publicar una segunda revisión de la implementación de sus directrices en todo el mundo en junio de 2021, luego de su primera revisión publicada en junio de este año.