De pie frente a la prensa acreditada de la Casa Blanca, Richard Nixon, el entonces presidente de Estados Unidos, le declaró la guerra a las drogas el 17 de junio de 1971. “El enemigo público número uno de Estados Unidos es el abuso de narcóticos”, aseveró. “Para poder enfrentar y derrotar a este enemigo, debemos lanzar una nueva ofensiva sin cuartel”.
Antilavadodedinero / Nytimes
El plan anunciado incluía acciones en todas las áreas del gobierno y tenía como propósito aprovechar el poder de Estados Unidos en el exterior para frenar el flujo de narcóticos. Una de las naciones objetivo de este ataque era México, hogar de una producción de marihuana abundante y país que se había resistido al uso de aviones para fumigación.
Pasados casi cincuenta años, la guerra contra las drogas ha dejado una estela de destrucción. Alrededor de 72.000 estadounidenses murieron por sobredosis de narcóticos el año pasado.
Las personas de color se han visto afectadas desproporcionadamente por el encarcelamiento masivo derivado de delitos relacionados con los narcóticos, que ha dejado devastadas a muchas familias y comunidades. Encima, las acciones policiales en el combate contra los delitos relacionados con drogas han ocasionado muchos de los asesinatos a manos de la policía, como la muerte de Breonna Taylor en Louisville, Kentucky, en marzo.
Aquí, en México, he escrito durante la última década de enfrentamientos que evocan una verdadera guerra. Gran parte de las fuerzas armadas del país han participado en movilizaciones contra los cárteles de drogas desde finales de 2006. En los 14 años desde entonces, México ha sufrido la muerte de más de 270.000 personas, muchos a manos de hombres armados de los grupos organizados o de las fuerzas de seguridad que intentaban contenerlos.
Por si fuera poco, se ha acusado de trabajar con los cárteles a algunos de los agentes de seguridad que encabezaban esta guerra en México. Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública del país, se encuentra encarcelado en Nueva York y enfrenta cargos por tráfico de drogas.
Salvador Cienfuegos, exsecretario de Defensa, fue acusado de trabajar con traficantes; se presentaron cargos formales en su contra en Nueva York, pero el 18 de noviembre los fiscales desecharon los cargos y decidieron trasladarlo a México, donde el gobierno afirma que continuarán las investigaciones. Sin embargo, aquí muchos se preguntan si en realidad la justicia se aplicará a las figuras más poderosas de esta guerra.
Con todo y este historial de fracasos, las autoridades a ambos lados del río Bravo tienen la oportunidad de forjar un nuevo rumbo en la política sobre narcóticos. En las elecciones estadounidenses de este mes, Oregon votó una propuesta que lo convirtió en el primer estado en despenalizar cantidades pequeñas de drogas duras, como heroína, cocaína y metanfetamina de cristal. Ahora, si se detiene a alguien en posesión de estas drogas, tendrá la opción de pagar una multa de 100 dólares o someterse a tratamiento.
También Nueva Jersey, Dakota del Sur, Montana y Arizona se sumaron a otros once estados y al distrito de Columbia que ya legalizaron la marihuana para uso recreativo. Vale la pena señalar que estas políticas reciben apoyo bipartidista, y que el 74 por ciento de los votantes de Misisipi respaldan el uso legal de la marihuana con fines médicos.
Y México está preparado para crear la zona legal de marihuana más populoso del mundo. En respuesta a un fallo de la Suprema Corte mexicana, que decidió en 2019 que es inconstitucional prohibir el uso de cannabis, el Senado aprobó una ley de legalización que aún debe pasar por la Cámara de Diputados. Se espera que esta ley les permita a los ciudadanos tener hasta 28 gramos del cáñamo y cultivar hasta seis plantas.
Los dirigentes de ambos países deberían seguir estos ejemplos. El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, prometió una reforma al sistema de justicia, pero no se sabe a ciencia cierta qué medidas concretas planea tomar. Centrarse en reformar la política de drogas podría darle alguna dirección.
Después de que Nixon declaró la guerra contra las drogas, habló en términos absolutistas de evitar que cualquier droga estuviera disponible. “Nuestra meta es erradicar por completo el abuso de narcóticos de la vida estadounidense”, señaló en su discurso ante la Conferencia Internacional para el Control de Estupefacientes durante su campaña de reelección de 1972. Sus sucesores reforzaron esa ofensiva en los años ochenta y noventa en ciudades como Miami y Los Ángeles y en países como Colombia.
Los estadounidenses están listos para ponerle fin a la guerra contra las drogas, según encuestas y mediciones electorales. El gobierno de Biden podría dar un giro total de la fantasía de intentar librar al mundo de narcóticos a una política realista de reducción de los daños.
Así, los recursos que ahora se asignan a los cuerpos policiales podrían destinarse al tratamiento, que necesita enormes mejoras. Un estudio realizado en 2019 por la Asociación Médica Estadounidense reveló que un increíble 90 por ciento de las personas que sufren trastornos por el abuso de sustancias no reciben la ayuda necesaria.
La rehabilitación podría reducir la cantidad de dinero que fluye hacia los cárteles de México y que estos emplean para contratar asesinos y sobornar funcionarios. Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder, hizo un llamado a ponerle fin a la guerra que ha devastado a su país. Sin embargo, mientras las tasas de homicidio se han disparado por las nubes, mantiene al ejército en las calles y no cuenta con una estrategia de seguridad coherente. Le convendría aceptar la legalización de la marihuana y colaborar con Estados Unidos para crear un marco legal para el cannabis en toda la región.
Si los agricultores que trabajan en las montañas mexicanas y pasan dificultades pudieran cultivar marihuana legalmente para Estados Unidos o para algunos mercados nacionales, podrían cortar vínculos con las redes del crimen organizado. El presidente López Obrador podría asignar a la policía al combate de delitos más dañinos, como asesinatos, secuestros y extorsiones.
La reforma a la política sobre narcóticos involucra un cambio gradual en la retórica, la legislación y las prácticas. No requiere que se legalicen todas las drogas, sino que el enfoque cambie a reducir los daños y concentrarse en el tratamiento, además de determinar dónde pueden crearse mercados legales redituables.
Tampoco es una solución mágica que vaya a detener todos los delitos. Todavía serán necesarios los policías de ambos lados de la frontera para combatir infracciones violentas. Los cárteles de México han diversificado sus delitos, que van desde el tráfico sexual hasta el robo de petróleo, por lo que se requiere la intervención urgente de la policía para combatir esos delitos. No obstante, si las ganancias de los capos por las drogas disminuyen, perderían mucho poder e influencia.
Cuando Nixon declaró su guerra, el uso generalizado de narcóticos en Estados Unidos todavía era relativamente nuevo. Tal vez en realidad creyó que podría detenerlo con medidas policiacas. Medio siglo después, sabemos que este estilo de prohibición no funciona para reducir el uso de drogas e incluso ha favorecido el surgimiento de un mercado negro que impulsa la violencia.
Si en el cincuenta aniversario de la declaración de Nixon otro presidente estadounidense decidiera anunciarle al mundo el fin de la guerra, sería un acontecimiento trascendental.
