La Policía Federal (PF) de Brasil llevó a cabo un operativo el 9 de octubre de 2020, para desmantelar una organización dedicada al lavado de dinero, evasión fiscal y contrabando de oro de Venezuela a Brasil.
AntilavadoDeDinero / dialogo-americas.com
“Las investigaciones señalan que la organización criminal estaría integrada por un libanés, quien coordinaría las actividades de compra ilegal de oro junto a sus dos hermanos residentes en Venezuela”, expresó la PF en un reporte.
La fundición del metal se llevaba a cabo en Santa Elena de Uairén, municipio venezolano ubicado a 15 kilómetros de la ciudad brasileña de Pacaraima, en Roraima.
Durante la Operación Dhahab (oro, en árabe), 60 policías ejecutaron cuatro órdenes de prisión preventiva, 11 órdenes de allanamiento e incautación y tres de confiscación de bienes, todos en Roraima.
“Tan solo uno de los involucrados habría hecho transacciones por unos USD 12 millones en el primer semestre de este año [2020]”, indicó la PF. Entre febrero y marzo, el grupo habría enviado a Venezuela más de USD 2 millones, entre dólares y reales, y recibió más de 50 kilogramos de oro, según la investigación policial.
Se estima que las transacciones se realizaban a través de movimientos bancarios por presuntas compras de naranjas y a través de empresas ficticias, además de dinero en efectivo.
“Tanto el oro como el efectivo se transportaban en compartimentos ocultos en vehículos. La organización criminal también compraba oro de Guyana”, informó la PF.
Grupos armados, como el Ejército de Liberación Nacional, y disidentes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), encabezan las operaciones de minería aurífera en Venezuela.
“Además de sus operaciones de narcotráfico, los exmafiosos de las FARC participan en la minería ilegal de oro en los estados de Bolívar y Amazonas”, informa el sitio InsightCrime.
La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW en inglés), ha denunciado que los habitantes de Bolívar son “víctimas de amputaciones y otros abusos atroces”, cometidos por los grupos armados que controlan las minas, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como ‘sindicatos’.
“Los grupos armados parecen operar, en general, con el consentimiento del gobierno y, en algunos casos, con su participación, a fin de llevar un estricto control sobre las poblaciones locales”, manifestó HRW en un informe reciente.
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