del mercado; y por otra parte, al tratarse de una acción injusta para las demás empresas del rubro, el balance económico se ve, en gran escala, desperdiciado.. Corrupción empresarial en el marco peruano.
Antilavadodedinero / Ojo Público,
El informe de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjus) reveló que, hasta junio del 2019, se tenía constancia de 1.431 empresarios con presuntos delitos de corrupción en todo el Perú y lo cuales estaban siendo debidamente investigados.
Por otro lado, lo particular de estos casos es que se tratan de representantes de dichas compañías que firmaron algún contrato con el mismo Estado peruano. Y, aunque el informe del Minjus no haya desvelado la identidad de dichos representantes, al día de hoy hay algunas empresas que ya se han hecho conocidas por delitos de esta naturaleza, como por ejemplo Constructora Norberto Odebrecht, Speciality Global Traders INC, Landmark Limited Corporation, Larga vista y entre otras.
Actualmente, el caso con mayor repercusión en Perú hasta el momento es el sonado crimen de Lava Jato en el que se transaron sobornos de hasta US$788 millones entre 12 países de Latinoamérica y África, y con la que nuestros últimos gobernantes, alcaldes y candidatos políticos, desde Alberto Fujimori en el 2000, han estado trabajando ilícitamente recibiendo dinero de las empresas involucradas en el caso Lava Jato a cambio de favorecerlas durante su período como mandatarios.
Cuando el Estado es la raíz del crimen
Como se ha visto durante los últimos 20 años en el Perú, la corrupción es un fenómeno de poco interés para las autoridades judiciales y del país porque, en pocas palabras, les conviene que sigan estos casos para favorecer sus propios bolsillos.
Respecto a ello, la Revista Latinoamericana de Derecho IUS Latin sostiene que “se tiene escaso interés en el análisis criminológico de la corrupción y de los delitos que de ella derivan, delegándose en el Derecho Penal toda la función de prevención de esta clase de conductas, lo que evidentemente pone en riesgo la eficacia de la política criminal y de la propia norma penal, pues la delincuencia económica presenta una complejidad particular”.
Dicho esto, en el Perú nunca ha habido un riguroso sistema judicial y aun menos de anticorrupción, en ese caso, ¿qué se debe hacer para detener esta contaminante epidemia criminal? IUS Latin sostiene, como portal especializado en justicia y derecho, que se debe:
- Para lograr desterrar la corrupción de la función pública es necesario fortalecer la institucionalidad, pues resulta clave contar con un servicio civil profesional, cuyo ingreso a la Carrera sea por concurso y con evaluaciones periódicas, esto ayudaría a mejorar la calidad del recurso humano, así como los controles al interior de cada entidad, toda vez que normalmente las infracciones éticas involucran a más de una persona y pasan por los sistemas administrativos de cada Entidad.
- Se debe adoptar políticas públicas y mecanismos para eliminar la corrupción, los cuales al incorporarse deberán de incluir de manera integral un enfoque de los derechos humanos, ya sea desde su diseño, planificación, implementación y evaluación de las mismas.
- Cada institución pública debe cumplir con difundir la ley del código de ética en la función pública, para lo cual deberá diseñar, establecer, aplicar y difundir incentivos y estímulos a los servidores públicos que cumplan con los principios, deberes y obligaciones de dicho código de ética.
- Resulta necesario resaltar que el Estado peruano ha optado por reprimir la corrupción en el sector privado, pues no solo se debe pensar en el correcto actuar de los funcionarios públicos y olvidar que la corrupción es un problema que aqueja a todas las estructuras de la sociedad.
