Mientras el rey emérito Juan Carlos I permanece exiliado en los Emiratos Árabes Unidos, su situación judicial se complica en España, involucrado igualmente a parte de su familia.
Antilavadodednero / Semana
A la investigación de las autoridades de su país por la aparición de una cuenta en Suiza –a nombre de una fundación panameña– en la que el monarca habría recibido comisiones ilegales del Gobierno de Arabia Saudita, se sumaron en las últimas semanas otras dos indagaciones y una revelación que lo tienen en la cuerda floja. Y una de ellas involucra a su esposa, la reina Sofía, quien hasta el momento había logrado mantenerse alejada del escándalo.
En los tres casos, el tema es el mismo: Juan Carlos, hace unos años considerado uno de los reyes más populares de Europa, habría movido cantidades muy altas de dinero de procedencia poco clara y sin declararlo en el fisco español, mediante mecanismos oscuros, como testaferros, tarjetas de crédito opacas y cuentas en paraísos fiscales.
Como algunos de esos movimientos los efectuó después de 2014 cuando ya había renunciado al trono, por eso no funciona su fuero como monarca, y las investigaciones podrían terminar en acusaciones ante el Tribunal Supremo e, incluso, en condenas. El tema ha generado polémica en España y ha afectado la popularidad de la monarquía. Mientras tanto, su hijo, el rey Felipe VI, hace maromas para alejarse del escándalo.
La primera pesquisa, que le costó al rey emérito la salida de su país por la puerta de atrás, involucra a una de sus amantes: la alemana Corinna Larsen. Investigadores suizos descubrieron que en 2012 el monarca sacó 65 millones de euros (76 millones de dólares) de una cuenta de ahorros a nombre de una fundación panameña y los puso en una cuenta de ella en Mónaco, un paraíso fiscal.
Las declaraciones de Corinna a un inspector de Policía encendieron la sospecha de que el dinero viene de unas coimas ilegales pagadas por la familia real de Arabia Saudita en 2008, unos años antes de que una empresa española ganara la licitación para construir un tren de alta velocidad en La Meca.
Corinna luego se retractó y ha dado varias explicaciones absurdas, como que la consignación del rey fue un “un gesto de agradecimiento” o un intento vano de que retomaran su relación. Pero nadie en su sano juicio, y mucho menos el rey de un país europeo con una familia y una reputación por cuidar, regalaría esa cantidad de plata a una amante.
Por tanto, algunos expertos creen que se trata de un caso de testaferrato, y el rey le habría dado el dinero para que se lo guardara en su paraíso fiscal. Corinna, sin embargo, se lo habría robado, y él, humillado, no ha tenido de otra que aceptar la versión del regalo.
La prensa española ha reportado que los fiscales están a punto de archivar el caso debido a que los hechos ocurrieron antes de que el rey renunciara a su cargo, por lo que lo cobija una especie de protección legal. Aun así, planean publicar todos sus descubrimientos, que dejarán claro que, si no hubiera sido por ese detalle, el rey habría sido procesado.
Los nuevos casos
Juan Carlos no saldría tan bien librado de otras dos investigaciones que la Fiscalía anunció hace poco. La primera, adelantada silenciosamente por varios investigadores desde 2019, surgió porque una entidad del Gobierno español dedicada a prevenir el lavado de activos descubrió que Juan Carlos, su esposa (Sofía) y algunos nietos habían usado entre 2016 y 2018 unas tarjetas de crédito vinculadas a una cuenta extranjera que no estaba a nombre de ninguno de ellos, sino del magnate méxico-británico Allen Sanginés-Krause, y con las que sufragaban gastos personales que no declararon.
Los investigadores intentan determinar si se trató de una donación –el millonario es un viejo amigo del monarca– o de otro caso de testaferrato.
El tema es grave, pues, si el rey y sus familiares gastaron más de 275.000 euros (unos 330.000 dólares) con esas tarjetas, habrían incurrido en un delito fiscal al sobrepasar el límite establecido por el Gobierno español para no declarar impuestos. Además, como los hechos ocurrieron después de 2014, podrían terminar ante la Justicia.
De hecho, ya se dio un paso en ese sentido: la Fiscalía le pasó la investigación al Tribunal Supremo, la corte con la facultad de juzgar al rey. Todo un hito en un país en el que muchos aún le agradecen a Juan Carlos la forma en la que gestionó la transición a la democracia después de la muerte del dictador Francisco Franco.
A muchos les sorprende que en ese escándalo también esté metida la reina Sofía, quien hasta ahora se había mantenido alejada de la polémica, e, incluso, se separó del rey y se quedó en Madrid.
Según los investigadores, ella habría pagado con las tarjetas en cuestión varios viajes a Londres, en donde solía pasar largas temporadas. Sin embargo, todo indica que por ahora no la van investigar porque la mayoría de movimientos los hizo el propio rey.
En la tercera investigación, la Fiscalía averigua por una cuenta con 10 millones de euros (unos 11,8 millones de dólares) en la isla de Jersey, otro paraíso fiscal ubicado cerca del canal de la Mancha, en la que Juan Carlos aparece como beneficiario desde 2005 y de la que habría tratado de mover dinero estos últimos meses.
Se trataría de otra fortuna oculta y no declarada, que podría acarrearle más problemas, aunque las indagaciones aún son preliminares. Las tarjetas que usaron el rey y varios miembros de su familia están vinculadas a una cuenta del millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, amigo de Juan Carlos.
Como si eso fuera poco, esta semana el diario El Confidencial reveló que Juan Carlos tenía ocultos en Suiza varios millones de euros (no especificaron la cantidad) en acciones de varias empresas españolas. El lío es que esas acciones, que aparecen a nombre de la Fundación Zagatka, dirigida por un primo del rey, se compraron con dinero que en apariencia viene de las comisiones ilegales.
Es más, el propio Juan Carlos, presumiblemente, usó el dinero que obtenía por la venta o el rendimiento de esas acciones para pagar vuelos privados, estancias en hoteles o disponer de dinero en efectivo.
Mientras todo eso ocurre, la familia real de España (o lo que queda de ella) intenta sobrevivir al escándalo. El rey Felipe, su esposa (Letizia) y sus hijas (Leonor –heredera al trono– y Sofía) siguen asistiendo a los eventos públicos, dan discursos e intentan poner una nueva cara.
A su favor tienen que no están involucrados en el escándalo, y casi la mitad de los españoles aún, según las encuestas, apoyan la realeza. Solo el tiempo dirá si las aventuras financieras del rey Juan Carlos, a quien hace unos años muchos atribuían la popularidad de la monarquía, terminan por darle a la institución su estocada final.
