El Juzgado de Letras Penal con Jurisdicción Nacional comenzó ayer una kilométrica audiencia inicial vía zoom contra 16 personas entre ellos una mujer policía acusados de los delitos de tráfico ilegal de personas, asociación para delinquir y lavado de activos.
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En ese sentido, se tiene previsto para hoy conocer la resolución de la audiencia inicial en la que el juez resolverá si dicta un auto de formal procesamiento con la medida de prisión preventiva o cautelar, un sobreseimiento provisional o definitivo.
Los señalados en este caso son Gustavo Adolfo Cárdenas, quien la Fiscalía lo señala en calidad de líder de una gigantesca red de traficantes de personas y de cometer los delitos de lavado de activos, asociación para delinquir y tráfico ilícito de personas.
Otros señalados son comisario activo de la Policía Nacional Edwin Euceda Barahona, el subinspector Hugo Ramón Posas Andino, el clase III Federico Leonardo Logan López, el clase I, Juan Alberto Morazán Suárez y la agente policial Diandra María de Zelaya, acusados por el delito de tráfico ilícito de personas y asociación para delinquir.
El Ministerio Público a través de la Unidad Contra la Trata, Explotación Sexual Comercial y Tráfico Ilegal de Personas (UTESCTP), ejecutó el pasado 26 de noviembre el operativo “Chakal” con el fin de golpear a una de las estructuras criminales más grandes dedicada al tráfico de personas en Honduras.
El abogado Darwin García defensor del comisario Edwin Euceda, detalló que en el caso de su representado presentó ante el juez prueba documental a su favor.
Detalló además que su defendido no tiene ningún tipo de relación con el presunto cabecilla de la red, Gustavo Cárdenas.
La investigación contra esta red criminal de tráfico de personas, inició desde hace un año luego de recibir información desde Costa Rica sobre este ilícito.
Posteriormente se detalló que hondureños, nicaragüenses, cubanos, hindúes y africanos en general, estaban siendo llevados hasta Estados Unidos por este grupo delictivo que transportaba cerca de 100 personas semanalmente.
Otro dato importante que arrojó la investigación es la cantidad de dinero que paga cada migrante que es llevada de forma irregular hacia la Unión Americana y que va desde los 8 hasta los12 mil dólares por indocumentado y si es un menor de edad la cantidad es más elevada.
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