Una organización criminal blanqueó desde Madrid 159 millones de euros, procedentes de la corrupción de la petrolera estatal venezolana PDVSA, para los tres hijastros del dictador Nicolás Maduro, hijos de su esposa Cilia Flores: Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores.
AntilavadoDeDinero / okdiario.com
La Justicia norteamericana ha remitido a la juez de la Audiencia Nacional María Tardón la grabación de un encuentro celebrado en Madrid el 1 de marzo de 2017 por un grupo de empresarios que blanquearon en distintos paraísos fiscales 600 millones de euros procedentes de la corrupción de la petrolera PDVSA. De este dinero, según la grabación, 159 millones corresponderían a los tres hijastros del dictador Maduro como mordida.
La reunión tuvo lugar en una oficina situada en la calle Orellana de Madrid, en la que tiene su sede el grupo de empresas Columbus One Properties SL, desde el que se llevaban a cabo las operaciones de lavado de dinero, utilizando una sociedad con sede en Malta denominada Portmann Capital Management Ltd.
En varios momentos de la conversación, dos de los presentes, el abogado Carmelo Urdaneta (que fue asesor jurídico de PDVSA) y el asesor fiscal Pedro Binaggia aluden a la necesidad de pagar una parte de los beneficios de la operación a miembros del Gobierno de Venezuela, a los que se refieren en distintas ocasiones como «los muchachos», «los hijos de la señora», «los chamos» o «los conocidos de Cilia».
En un informe remitido a la juez María Tardón el pasado 14 de septiembre, la UDEF especifica que todas estas expresiones corresponden a «los tres hijos de Cilia Flores, actual esposa de Nicolás Maduro. En Venezuela son conocidos por el apodo de los chamos y responden al nombre de Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores».
De hecho, según el mismo informe, la Justicia de EEUU intervino en el correo electrónico de uno de los implicados en esta trama una hoja de cálculo en la que se especifica el reparto de los 600 millones de euros. De la cantidad total, 20,7 millones (el 4%) debían destinarse a los gestores de Portmann Capital en concepto de honorarios y 159.085.876 euros a los chamos como comisión para la familia de Nicolás Maduro. Otra porción de los beneficios estaba reservada al empresario venezolano Raúl Gorrín Belisario, presidente del grupo Globovisión, que desde noviembre de 2019 está incluido en la lista de fugitivos más buscados por EEUU.
«Se desprende de lo anterior que los hijastros de Nicolás Maduro, denominados en el escrito como los chamos», señala el informe de la UDEF dirigido a la juez Tardón, «son los beneficiarios de algo más de 159 millones de euros de la cantidad recibida en Portmann Capital», la sociedad de Malta utilizada por esta red para el lavado de activos de la corrupción. El Tribunal del Distrito Sur de Florida investiga esta operación fraudulenta en la causa 18-MJ-03119, conocida policialmente como operación Money Flight.
Esta mordida destinada a los hijastros de Maduro demuestra que el saqueo masivo y sistemático de la petrolera PDVSA no es un problema puntual de corrupción, sino que está dirigido por la propia familia del dictador, que el pasado domingo recibió la visita del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero para bendecir sus elecciones fraudulentas.
Para obtener financiación, la petrolera PDVSA contrató en 2014 una línea de crédito con el grupo Rantor Capital de Raúl Gorrín, cuya cadena de televisión Globovisión hoy constituye uno de los principales instrumentos de propaganda del régimen de Maduro. Mediante el citado contrato, Rantor Capital debía entregar 7,2 billones de bolívares a PDVSA, que le devolvería el préstamo con la suma de 1.200 millones de dólares.
La disparidad entre el tipo oficial de cambio de las dos monedas y el aplicado en el mercado paralelo genera un beneficio multimillonario, del que proceden los 600 millones que la red criminal blanqueó desde Madrid. Para acceder a este negocio tan jugoso, explica la UDEF, Raúl Gorrín habría pagado sobornos millonarios a altos cargos del régimen chavista. Entre ellos, al abogado Carmelo Urdaneta presente en la reunión grabada en Madrid, que fue jefe de la oficina legal del Ministerio de Petróleos y Minería de Venezuela, del que depende la petrolera PDVSA.
Fraude millonario en el cambio de divisas
«El hecho de que PDVSA accediese a estos negocios cambiarios mediante el uso de las mencionadas líneas de crédito», explica la UDEF en su informe dirigido a la juez, «supuso un enorme foco de corrupción que dio lugar a que determinados empresarios, para hacerse con estos contratos, pagasen grandes sumas a los trabajadores de la petrolera responsables de la aprobación y adjudicación de estos, así como a los intermediarios capaces de ponerles en contacto con ellos».
En la reunión grabada en Madrid, los empresarios implicados comentan los procedimientos empleados para blanquear el dinero obtenido con este fraude. Para ello se servían de la sociedad con sede en Malta Portmann Capital Management Ltd., que abría en distintas entidades financieras cuentas en las que acumulaba los saldos de los clientes de la red corrupta.
Pero las entidades financieras desconocían la identidad de estos clientes, de la que sólo quedaba constancia en la contabilidad interna de Portmann. Tras mover sumas millonarias por varios paraísos fiscales (entre ellos las Islas Caimán, Bahamas, Panamá, Malta y Andorra), el grupo Columbus One Properties invertía luego el dinero en la compra de inmuebles en distintas ciudades españolas.
Dos de los presentes en la reunión de Madrid (Fernando Vuteff García y Darío Ramiro Ale Iturralde) pudieron ser detenidos en España, junto a uno de sus colaboradores, Ignacio Sánchez Cumba. Sin embargo, al trascender que la Justicia de EEUU estaba investigando estos hechos, otro de los implicados, José Vicente Amparán, huyó de España en un vuelo con destino a Turquía, desde donde regresó a Venezuela.
La visita de Delcy Rodríguez a Barajas
Antes de emprender la huida, Amparán entregó una mochila llena de documentación a su mujer, que la abandonó en la taquilla de un gimnasio situado en el centro de Madrid, según explica la UDEF en su informe. La Policía pudo recuperar este material, para ponerlo a disposición de la Justicia.
PDVSA es la petrolera estatal venezolana que pagó varios millones de euros, por servicios de asesoría ficticios, al hijo de Raúl Morodo, quien fue embajador de España en Venezuela durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
La número 2 del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, es desde 2015 directora de la junta directiva de PDVSA, la petrolera estatal que ha repartido una lluvia de millones para comprar favores políticos en todo el mundo.
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