Las recurrentes sospechas de blanqueo que salpican a distintas entidades españolas ponen en cuestión los esfuerzos realizados por el sector para poner fin a estas prácticas.

AntilavadoDeDinero / elconfidencial.com

De las preferentes al IRPH, del rescate de Bankia al colapso de Popular, de los desahucios al creciente cobro de comisiones. Desde el estallido de la crisis financiera, la banca española se ha visto golpeada, de forma más o menos justificada, por una larga serie de polémicas que han ido haciendo mella en su imagen ante la sociedad, contribuyendo a convertirla en una de las figuras más vilipendiadas del sistema económico nacional.

Los esfuerzos desde el sector para combatir esta mala reputación han sido ímprobos, pero constantemente han acabado tropezando en el surgimiento de nuevos escándalos, que vuelven a enturbiar una y otra vez su imagen. Y la sucesión de casos relativos al blanqueo de capitales en que se han visto envueltas distintas entidades españolas en los últimos años no es, ni mucho menos, el menor de estos problemas.

La trama de la red Charisma representa uno de esos casos que, inevitablemente, vienen a alimentar el estigma de un sector más preocupado por sus posibilidades de negocio que por su impacto social y que parece encontrar en la defensa de los intereses de los grandes patrimonios una de sus actividades más lucrativas, tanto como para exponerse a los riesgos reputacionales y la amenaza de sanciones que envuelven este tipo de prácticas.

La lucha de España contra el blanqueo ha sido destacada como una de las más eficaces

El blanqueo de capitales es uno de los grandes retos a los que se enfrenta el sector financiero en la actualidad. Las crecientes presiones de las autoridades —manifestadas en regulaciones más estrictas y sanciones severas a los incumplimientos— y la sofisticación de las técnicas empleadas por los delincuentes han obligado al sector a reforzar sus protocolos y equipos en esta área en los últimos años.

Y es cierto que España puede presumir de no estar, ni mucho menos, al frente de las actividades sospechosas en las que sí se han visto envueltas con relativa frecuencia otras grandes entidades multinacionales, con JPMorgan, HSBC o Deutsche Bank a la cabeza. De hecho, un informe reciente del Grupo de Acción Financiera Internacional destacaba el sistema español como uno de los más eficaces en la implementación de medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Pero la sucesión de investigaciones —y también sanciones— que han venido salpicando en los últimos tiempos a algunos bancos nacionales impiden cantar victoria y obligan a cuestionarse si son suficientes los esfuerzos realizados hasta la fecha.

Es cierto, como admiten distintos expertos, que el blanqueo de capitales es un mal casi imposible de erradicar en una industria que mueve a diario cientos de miles de millones de euros. Y también lo es que, con frecuencia, muchos de los supuestos escándalos que saltan a la palestra se producen como resultado de la propia notificación por parte de las entidades de las transacciones bajo sospecha.

Las multas por estas prácticas no han logrado incentivar un mayor celo de los bancos

Sin embargo, son muchos los indicios que apuntan a que el sector ha actuado frecuentemente con lentitud y poca contundencia a la hora de atajar estas prácticas, limitándose en no pocas ocasiones al mero cumplimiento de unas obligaciones legales no suficientemente severas o, cuando no, bordeando una regulación que no parece estar siendo lo suficientemente punitiva para incentivar un mayor celo por parte de los bancos.

La idea de que al sector le compensa asumir las posibles multas por los beneficios de involucrarse en un tipo de transacciones del que apenas se detecta una porción muy limitada no termina de desterrarse. Y de hecho son varias las entidades que han vuelto a caer bajo investigación después de haber recibido sanciones aparentemente contundentes.

Todo esto parece hacer evidente la necesidad de una revisión del marco de la lucha contra el blanqueo, que debe involucrar a legisladores, supervisores y, por supuesto, también a las entidades. La importancia de poner coto a este tipo de prácticas requeriría de parte del sector mucho más que meras palabras e incluso más que el cumplimiento básico de la legalidad, dado que cualquier falla en este ámbito tiene el potencial de echar por tierra los esfuerzos realizados para restañar su maltrecha imagen y alimentar las visiones más populistas, que promueven el castigo a la banca por su connivencia con el poder, a costa de los intereses sociales.

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