La balacera en la plaza de Maipú ocurrida hace unos días derivó en una propuesta de ley del gobierno referente al crimen organizado y al debate -una vez más- sobre los efectos que podría traer una legalización de ciertas drogas blandas para quebrar la cadena de oferta y demanda del narcotráfico.
Antilavadodedinero / Latercera
El proyecto anunciado por el Presidente Piñera el domingo busca modificar el delito de asociación ilícita vigente en el Código Penal, y sustituirlo por dos nuevas figuras: asociación delictiva y asociación criminal. La iniciativa también incluye distintos mecanismos de investigación, como la infiltración en bandas, agentes encubiertos e intervenciones de llamadas telefónicas.
“Estamos un punto de inflexión, que nos obliga a actuar ahora con decisión y urgencia, porque mañana puede ser demasiado tarde”, dijo Piñera en la ocasión.
La propuesta generó un amplio debate. El abogado penalista Francisco Cox, experto en DD.HH., propuso en una columna publicada ayer en El Mercurio, “preguntarse por el producto del cual obtienen sus recursos dichas organizaciones y buscar formas para privarlos de ellos”.
“Si la marihuana es la fuente principal de dinero de los narcotraficantes, significa que legalizándola, siguiendo el ejemplo de Uruguay o algunos estados de EE.UU., se les priva de su poder económico. Una política pública de fácil implementación”, planteó.
“Urge hacerlo rápido, porque el crimen organizado -por ejemplo, fue lo sucedido en México-, una vez que obtiene recursos suficientes, muta rápidamente a otras fuentes de ingreso, como la trata de personas, la comercialización ilegal de recursos fundamentales”, agregó.
Algo similar planteó el senador PPD, Felipe Harboe. “Uno podría avanzar en el proceso de legalización de ciertas drogas blandas para efecto de reducir el negocio, pero en paralelo hay que establecer mecanismos de control mucho más eficientes”, dijo el parlamentario en Cooperativa.
Pero, ¿qué piso tiene este debate ya repetido a nivel político? “No es una política que tu puedas aplicarla aisladamente y que conviertas a Chile en el paraíso de los consumidores de marihuana”, afirma el presidente de la UDI, Javier Macaya.
“Se generaría una falsa sensación de que en Chile esto está liberalizado, y el resto del continente y el mundo tendría restricciones al consumo”, agrega, junto con explicar que él cree que con esta medida “no se rompería la cadena de oferta y demanda”.
Según el diputado, una política contra el crimen organizado tiene que abordarse en varios países en conjunto, para no generar focos de consumo y tráfico. Para Macaya el problema con aquellas situaciones es que “al no ser integrales -y tener estados con políticas distintas-, no constituyen una política pública que acredite la eficacia contra el crimen organizado, muy por el contrario, las mafias y carteles de drogas siguen siendo una amenaza para todo el continente”, justifica.
No opina lo mismo la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, quien plantea “nuevos enfoques en la salud pública y la reducción de daños, donde la legalización de ciertas drogas es uno de los elementos que debemos poner sobre la mesa”, dice.
“El populismo del proyecto del Gobierno puede terminar generando mayor impunidad, y entregando más poder a grandes narcotraficantes y al crimen organizado a cambio de subir las penas al último eslabón de la cadena”, agrega
La presidenta de RD explica que “hay que profundizar propuestas en la línea de atacar el financiamiento del crimen organizado mediante la persecución eficaz del lavado de activos, combatir el uso de armas en manos de civiles y generar una fuerte intervención del Estado en aquellos lugares abandonados por la política pública y entregados al narcotráfico.
” Para Pérez la solución es “abordar decidida e íntegramente la pobreza y generando una política de drogas con nuevos enfoques, basados en la salud pública y la reducción de daños, donde la legalización de ciertas drogas es uno de los elementos que debemos poner sobre la mesa.”
Para finalizar la autoridad señaló que desde la coalición han sido enfáticos en que para lograr esto “también es imprescindible una refundación de las policías que permita recuperar su legitimidad en los territorios.”
