La hostilidad caracterizó ayer las primeras cuatro horas del juicio Odebrecht, donde las defensas de tres de los imputados acusaron al tribunal de desplegar “un poder arbitrario”, tras denegarles más 20 objeciones y rechazados dos recursos de oposición hechos en audiencia.
AntilavadoDeDinero / hoy.com.do
Las disputas continúan siendo la objeción de las defensas a los peritos que el Ministerio Público presenta como testigos a cargo, y a la decisión del tribunal de aceptar la incorporación de pruebas ilegales y diferir su decisión sobre las mismas.
Ayer le tocó el turno a la analista María del Carmen Álvarez, la testigo número seis que preparó los informes societarios de Industria Cárnica Nacional (Incarna) propiedad de Andrés Bautista García, en los que se habrían detectado pruebas de lavado de activos que el MP logró incorporar contra los imputados.
Las defensas de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Bautista García y Roberto Rodríguez, no solo cuestionaron la calidad de ambas para preparar un informe sobre cuestiones técnicas que afirman, requieren de un conocimiento especializado, sino además su imparcialidad por sus vínculos orgánicos con el MP.
Defensas en ventaja. Entre los argumentos para oponerse a que pruebas ilegales fueran diferidas para decisión ulterior, dijeron que el tribunal además de violentar la ley y la Constitución, los obliga a ellos adefenderse a ciegas, lo que implica un riesgo enorme para ellos.
“Porque no es lo mismo articular una defensa sabiendo ya en este preciso momento que esa prueba no se va a incorporar como legal en el proceso, que lo hagamos desconociendo qué decidirá a su discreción el Tribunal”, dijeron.
Agregaron que además, si las defensas tienen varios testigos a descargo y conocen de antemano cuáles pruebas han sido declaradas inadmisibles y excluidas del proceso, ellos podrían decidir no utilizar a todos sus testigos “porque cada testigo que se sienta ahí es una arma de doble filo, es decir, puede beneficiar como puede perjudicar”.
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