Retos para los nuevos sectores obligados en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
«Con la ley 23 de 2015, el esquema de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, Panamá ha dado un giro significativo; lo cual era un requerimiento más que necesario para lograr que el país saliera de la lista gris de GAFI», expresó la abogada Issamary Sánchez Ortega, representante de FELADE en Panamá.
«De lo anterior, agregó, los nuevos sectores deben cumplir con requerimientos regulatorios en temas de prevención de lavado de dinero: las entidades financieras (casas de cambio, factoring, leasing, entidades financieras, etc.) bajo la Superintendencia de Bancos de Panamá en materia AML; las entidades no financieras (bienes raíces, compra y venta de autos, compra y venta de metales, casinos, zonas francas y comercio exterior, transporte de valores, entre otros) y las actividades de profesionales (abogados, notarios, contadores y otros) bajo la nueva Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros.
Es aquí donde muchas empresas han pasado de la negación de tener que cumplir con nuevos lineamientos a la aceptación de los mismos; considerando que el negocio debe ser blindado para beneficio de los dueños y de los clientes.
No ha sido fácil invertir tiempo, dinero y personal en nuevos controles, informes, monitoreos, capacitaciones, auditorías, herramientas tecnológicas; donde algunas empresas (en especial las grandes) ya tenían estructuras, otras algo muy básico y otras han empezado desde cero.
Retos
Señalo que «Los principales retos redundan en tener la organización adecuada, personal capacitado, evitar resultados negativos de auditorías (incumplimientos), multas pecuniarias, penas de prisión, suspensión de licencias e idoneidades; los cuales exponen a la entidad y a sus colaboradores a riesgos legales, reputacionales y de lavado de dinero.
Es aquí donde nos damos cuenta que no hay vuelta atrás… cada día vamos hacia más controles y requerimientos para poder competir como Centro Financiero Internacional.
Preocupa el costo económico al que han incurrido varias empresas; sin embargo, existen opciones que se pueden aplicar a cada una de ellas».
Indicó igualmente que «Cada sector tiene su funcionalidad, regulación y estructura aplicables a cada tipo de actividad que realiza; por lo que la implementación de controles y una cultura de cumplimiento tienen su especialidad…los manuales, reportes y herramientas deben ser acordes con el día a día de la empresa».
Cabe mencionar que la Unidad de Análisis Financiero sigue jugando un papel importante con la digitalización de los Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), Reporte de Transacciones en Efectivo (RTE) y revisión de lista ONU.
«Queda evidente, continuo diciendo, que ante tantos reguladores locales, entre los que podemos mencionar: Superintendencia del Mercado de Valores, Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá, Superintendencia de Bancos de Panamá, Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros; a futuro se contemple la creación de una sola Superintendencia que regule en una sola estructura todos los sectores financieros y no financieros en nuestro país, subdivida en cada sector.
Además, es probable se presenten fusiones de diferentes entidades que formen parte de estos nuevos sectores obligados, buscando cumplir con estos lineamientos o por qué no, contratar un Contralor normativo que ayude en asegurar que se cumpla con las leyes, reglamentos y estatutos que tengan relación con las actividades de la entidad; sin dejar de mencionar el apoyo de los accionistas y de las juntas directivas en la implementación de estos nuevos requerimientos regulatorios». Concluyó Issamary Sánchez.
Issamary Sánchez Ortega, es Doctora en Derecho con énfasis en Derecho Civil graduada de la Universidad de Panamá. Cursó Maestría en Derecho Comercial en la Universidad de Alicante, España, Programa de Políticas Públicas Anticorrupción de Georgetown University, Licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, entre otros. Ha laborado como Asesora Legal en la Superintendencia de Bancos de Panamá y como Oficial de Cumplimiento en varios bancos y casas de valores. Abogada, consultora, escritora, conferencista internacional, docente universitaria y representante de Felade en Panamá.
