Según el fiscal para el Distrito de Puerto Rico, W. Stephen Muldrow, el galeno se declaró culpable de conspiración para cometer fraude electrónico el 23 de octubre de 2020.
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Como parte de la sentencia impuesta, Oms Rivera pagará $321,000 en restitución a favor de la Administración del Seguro Social y una multa de $7,500 a pagar en 60 días.
Oms Rivera también perderá una propiedad en Harbor Lights Estate en Palmas del Mar, Humacao, entregará su licencia de la DEA (Departamento Estadounidense Antidrogas) y será excluido de participar en evaluaciones de casos de la SSA, Medicare, Medicaid y todos los demás programas federales de beneficios de atención médica.
Este caso fue investigado conjuntamente por la Oficina del Inspector General de la Administración del Seguro Social, la División de Campo de Nueva York, la Administración Antidrogas y la Policía de Puerto Rico, con la asistencia del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la Oficina del Inspector General- Salud y Servicios Humanos.
En agosto de 2016, un Gran Jurado federal emitió en Puerto Rico una acusación formal de 16 cargos contra Oms Rivera, su secretaria Mayte González Muñoz y Francisco Cabrera Alvarado, exempleado de la Administración del Seguro Social (SSA), por fraude en el proceso de solicitud de beneficios del seguro por discapacidad en Puerto Rico.
González Muñoz y Cabrera Alvarado se declararon culpables en marzo de 2017.
Como parte de este esquema, Oms Rivera admitió haber retrocedido los registros médicos de pacientes que solicitaban beneficios del seguro por discapacidad al crear citas médicas ficticias que nunca se llevaron a cabo, para crear la apariencia de un historial más largo de tratamiento médico y con el propósito de engañar a la SSA para que aprobara los beneficios del seguro por discapacidad.
La SSA proporciona beneficios monetarios a los trabajadores con discapacidades graves a largo plazo, que han laborado en un empleo cubierto por la SSA durante un período de tiempo requerido.
Los cónyuges e hijos dependientes de trabajadores discapacitados también pueden ser elegibles para recibir beneficios.
Los esquemas de fraude, como el perpetrado en este caso, comprometen el financiamiento limitado de la SSA y su capacidad para llegar a quienes necesitan beneficios.
“Este acusado abusó de la confianza depositada en él como profesional para beneficio personal. Agradecemos a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley por sus esfuerzos sobresalientes y su firme compromiso con este caso”, dijo Muldrow.
La fiscal federal adjunta especial, Vanessa D. Bonano-Rodríguez, de la Administración del Seguro Social, estuvo a cargo del procesamiento del caso, investigado por la Oficina de Administración del Seguro Social del Inspector General, División de Campo de Nueva York, bajo la supervisión del agente especial a cargo, John Grasso, junto con la Administración Antidrogas y la Policía de Puerto Rico.
La Oficina Federal de Investigaciones y la Oficina del Inspector General de Salud y Servicios Humanos también ayudaron durante la investigación.
