La presencia en México de Banca Privada d’Andorra está ligada a operaciones turbias –entregas de droga y efectivo en maletas, cuentas ocultas, estructuras offshore– detectadas por la Red de Represión de los Delitos Financieros de Estados Unidos y las autoridades de Andorra.
Antilavadodedinero / Proceso
Sus reportes –a los que Proceso pudo acceder– arrojan luz sobre la manera en que delincuentes de cuello blanco utilizaron al BPA para lavar millones de dólares en una trama que involucra a miembros de la élite político-empresarial mexicana.
En la trama de la Banca Privada d’Andorra (BPA) en México se entrelazan maletas de efectivo, drogas, casas de cambio, estructuras offshore, cuentas bancarias ocultas, testaferros y presuntos narcotraficantes venezolanos; también hay personajes vinculados a Sinaloa –entre ellos el expresidente del club de futbol Dorados de Sinaloa–, integrantes de la élite político-empresarial del país y operaciones gubernamentales ordenadas desde la oficina del entonces presidente Enrique Peña Nieto.
A este capítulo de la delincuencia de cuello blanco en México se sumó recientemente un suceso: la confiscación, por parte de las autoridades de Andorra, de cerca de 48 mil millones de pesos guardados en las cuentas bancarias de 23 ciudadanos mexicanos en BPA. En estas se amasan entre 5 y 150 millones de euros que, según la justicia del pequeño principado de 80 mil habitantes, son producto de lavado de dinero.
Aunque los nombres de los clientes permanecen ocultos, una investigación del diario El País reveló que Juan Ramón Collado Mocelo, el abogado de la cúpula del PRI –entre sus clientes: Peña Nieto, Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps y Mario Ruiz Massieu–, movió 120 millones de euros a Andorra, mientras el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo Maza, y otros poderosos empresarios y políticos tuvieron cuentas ahí.
El idilio con el banco del principado terminó de manera abrupta el 6 de marzo de 2015, cuando la Red de Control de los Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCEN) señaló a BPA por lavar miles de millones de dólares de organizaciones criminales de Rusia, China y Venezuela, así como del Cártel de Sinaloa.
En su notificación, las autoridades estadunidenses afirmaron que además de constituir cuentas bancarias para sus clientes, BPA les creaba redes de sociedades offshore en Panamá, Suiza o Luxemburgo para esconder el origen del dinero que terminaba en Andorra, e incluso “prestó” su dirección a algunos para garantizar su anonimato.
La notificación de FinCEN llevó a las autoridades de Andorra y Panamá a intervenir las empresas de BPA y a congelar la mayor parte de las cuentas durante sus indagaciones. Las autoridades descubrieron que BPA tenía 2 mil 165 clientes “no aptos”, ya sea porque figuraban en listas negras o tenían comportamientos sospechosos; de éstos, estimaron que 923 realizaron operaciones de lavado de dinero.
