Un empresario argentino quedó en condiciones de ser extraditado a Guatemala a raíz de una causa por corrupción que terminó con el mandato del ex presidente de ese país Otto Pérez Molina, según dispone un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Se trata de Mauricio José Garin, gestor del proyecto de ampliación de Puerto Quetzal en Guatemala y sospechado de ser uno de los canalizadores de las millonarias coimas que se habrían pagado para quedarse con el negocio.
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A él se le imputa haber participado en ilícitos entre 2012 y 2015, entre ellos el pago de sobornos a Otto Pérez Molina e Ingrid Roxana Baldetti Elías, expresidente y exvicepresidente de Guatemala. El objetivo, dice la acusación, era lograr que un grupo español se asegure un contrato para la construcción de una terminal de contenedores. Según el fallo, Garín se encargó de “la realización del pago de comisiones ilícitas que circularon “a través de una compleja red de operaciones financieras en diversos países del globo y confluyeron en Guatemala”.
Todo el caso se circunscribe a la investigación en Guatemala por delitos de asociación ilícita y lavado de activos ocurridos desde enero de 2012 y hasta por lo menos abril de 2015 y que destapan una red de corrupción político. De hecho, este escándalo terminó con la presidencia de Molina Pérez, un militar que había llegado a la presidencia de Guatemala a principios de 2012 y terminó eyectado de su cargo en septiembre de 2015 precisamente por la magnitud de las investigaciones de corrupción de su gobierno. Había llegado al poder con la promesa de “mano dura” contra el crimen.
A Garín se le achaca además que, “fungiendo como intermediario entre Terminal de Contenedores de Barcelona y las autoridades gubernamentales guatemaltecas”, fue “designado junto con [otro argentino]…para formular el cronograma de pagos de comisiones ilícitas –como contraprestación para adjudicar un proyecto de construcción portuaria a la entidad española TERMINAL DE CONTENEDORES DE BARCELONA, por medio de la filial guatemalteca: Terminal de Contenedores Quetzal S.A.”.
En ese marco, Garín y otro argentino que el fallo no identifica “habrían llevado a cabo el ‘desembolso y trazabilidad’ de la comisión ilícita a funcionarios gubernamentales, a partir de la coordinación realizada entre otros dos miembros de la asociación ilícita: uno de ellos en nombre de Terminal de Contenedores de Barcelona y el otro, el secretario privado de la por entonces vicepresidenta de la República de Guatemala, detalla la justicia guatemalteca a la argentina. Precisamente, ese ex secretario se convirtió en imputado-colaborador.
Hubo transferencias millonarias de dinero, simulando operaciones comerciales y facturaciones de servicios no prestados. “La serie de operaciones desarrolladas, con el propósito de beneficiar a la entidad Terminal de Contenedores de Barcelona y a funcionarios públicos guatemaltecos tuvieron el apoyo de Mauricio José Garín, quien administró invirtió y ocultó fondos en un monto aproximado de 24,5 millones de dólares que fueron trasladados a los servidores públicos por medio de Jonathan Harry Chévez, y convertidos posteriormente en bienes muebles e inmuebles, con lo que se impidió la determinación del origen y destino de los mismos”, dice la resolución.
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