Acontrarreloj, y con un profundo hermetismo, el Tribunal Oral Federal 4 debate la letra chica de la sentencia que dictará este miércoles, en el juicio contra Lázaro Báez y otros 26 acusados por lavado de dinero, por la causa conocida como «la ruta del dinero K».
Antilavadodedinero / lanacion
La causa investiga la expatriación y repatriación parcial de más de 50 millones de dólares de origen ilícito que fueron suministrados por el dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez. Para el fiscal Abel Córdoba, la maniobra contenida en los hechos de lavado abarca los US$ 54.872.866.
Según acreditó la Justicia, el dinero circuló desde Santa Cruz a Buenos Aires, y luego al exterior a través de cuentas bancarias y sociedades radicadas en Suiza y Panamá. Luego fue repatriado a través de la compra de bonos argentinos.
La audiencia para dar a conocer la sentencia, que inicialmente estaba programada para el miércoles 10 de febrero, fue postergada dos semanas por inconvenientes técnicos, según explicó en ese momento el TOF 4.
Ese argumento brindado por el tribunal dio lugar a una serie de especulaciones en torno al debate por la sentencia. En el tribunal, sin embargo, negaron tensiones, y afirmaron que se trabaja «en paz».
«Hay precisiones, es muy compleja la causa, hay muchísima documentación. Intercambiamos ideas pero no hay confrontación, sí hay cuestiones que pulir», admitió una fuente judicial.
El tribunal oral analiza cuál es el delito precedente: si la defraudación al Estado causada por el presunto direccionamiento de contratos de obra pública a favor de Lázaro Báez, investigado en el caso conocido como Vialidad, en el que Cristina Kirchner está acusada, o la evasión impositiva de Austral Construcciones a través del uso intensivo de facturas truchas, investigada en los tribunales de Bahía Blanca.
El TOF está integrado por el juez Néstor Costabel y las juezas Gabriela López Iñiguez y Adriana Paliotti.
«Hay un núcleo de imputados que debería ser condenado previsiblemente», dijo una fuente judicial que intervino en el expediente, basado en una lectura de lo que ocurrió en el juicio, y se refirió a Lázaro Báez, su abogado Jorge Chueco, el contador Daniel Pérez Gadín, y Fabián Rossi.
También mencionó a Leonardo Fariña, quien declaró como arrepentido. Las declaraciones de Fariña fueron valoradas tanto por el juez de primera instancia Sebastián Casanello como por los querellantes y el fiscal Córdoba. También fueron valorados por los funcionarios judiciales los videos de las oficinas conocidas como «La Rosadita», en las que algunos de los acusados -incluido Martín Báez-quedaron expuestos por contar millones de dólares.
Córdoba pidió una pena de 12 años de cárcel para Báez y una sanción económica por encima de los 2000 millones de pesos. Los organismos querellantes que representan al Poder Ejecutivo pidieron condenar al empresario a ocho años (AFIP), a ocho años y seis meses (Oficina Anticorrupción) y a nueve años (Unidad de Información Financiera).
El fiscal centró el alegato en dos personajes centrales de la trama, que fueron incorporados al juicio oral en 2019: Juan Alberto de Rasis y Martín Eraso, representantes del banco suizo Lombard Odier. Según su acusación, es clave para la causa haber podido acreditar su participación.
Eraso y De Rasis intervinieron en la apertura de la cuenta en el Lombard Odier a nombre de Teegan Inc. Belice, pero también gestionaron por pedido de sus clientes la adquisición -en representación del mismo banco- de firmas panameñas. Los cuatro hijos de Lázaro Báez son los beneficiarios finales de una de esas cuentas y también poseen facultad como firmantes Daniel Pérez Gadín y Jorge Chueco.
Lázaro Báez escuchará la sentencia desde la casa en la que se encuentra cumpliendo el arresto domiciliario, en la provincia de Buenos Aires. Salió de la cárcel para seguir detenido en su casa por una orden de la Cámara de Casación firmada el año pasado, pese a los rechazos del TOF a los pedidos del empresario. Martín Báez -el mayor de los cuatro hijos- es el único acusado que queda detenido por esta causa.
El juicio empezó el 30 de septiembre de 2018. Báez pasó cuatro años y medio detenido con prisión preventiva, y ahora escuchará la sentencia desde su casa. Con pocos argumentos técnicos, su defensa se apoyó en denunciar una persecución política y un caso de «lawfare». Apuntó contra los medios de comunicación, contra el gobierno de Mauricio Macri y la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) de haber motorizado el caso. El empresario cambió siete veces de abogados, que se cruzaron en una feroz interna con los abogados de otros acusados, como los de Leonardo Fariña.
Este es uno de los dos juicios orales en curso contra el empresario. El otro es el que tiene en el banquillo de los acusados a Cristina Kirchner, donde se investiga uno de los delitos precedentes al de lavado: el direccionamiento de obras públicas en favor de Báez durante el período 2003 -2015.
