Después de más de un año y medio, Cristina Kirchner volverá a hablar en Comodoro Py. En esta ocasión lo hará de forma virtual, por zoom y ante la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, ante quienes requerirá que se cierre del caso por las operaciones con el Dólar Futuro.
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Si bien la vicepresidenta solicitó que la audiencia sea presencial y transmitida en vivo, los jueces determinaron que desde las 10.30 se celebre de forma virtual. También participará el gobernador bonaerense Axel Kicillof, con el mismo requerimiento.
Desde una plataforma virtual habilitada desde la Sala I de la Cámara de Casación, se realizará la audiencia en el marco de un pedido puntual de Cristina Kirchner: que no inicie el juicio oral en su contra y que, por el contrario, se dicte su sobreseimiento, al considerar que se trata de una política de Estado que no puede ser judicializada. Su defensa planteó en varias ocasiones la inexistencia del delito.
Será la segunda vez que la Vicepresidenta exponga en un caso en el que se encuentra procesada, pero en instancias diferentes. El 2 de diciembre de 2019, previo a la jura como vicepresidenta, tuvo que declarar ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) en el juicio donde está acusada de haber favorecido a Lázaro Báez (recientemente condenado por lavado de dinero), con contratos de obra pública vial. Fue allí cuando instaló su teoría del lawfare.
Ahora realizará una exposición ante la Casación que después deberá decidir si hará lugar a su planteo o no. Cristina Kirchner pidió hace pocos días que la audiencia se transmita en vivo y se realice de manera presencial. Pero el presidente de la Sala, Daniel Petrone, dio el visto bueno para el primer pedido, pero rechazó el segundo.
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La Sala I del máximo tribunal Penal está integrada por los jueces Daniel Petrone, Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa, los mismos que decidieron sobre la constitucionalidad de la Ley del Arrepentido, avalando así los 31 testimonios de los imputados colaboradores que fueron centrales, para la justicia, en la causa conocida como los Cuadernos de las Coimas. En aquella ocasión, quien votó en disidencia, fue la magistrada Figueroa.
En la audiencia, que siempre se fija cuando hay un reclamo de estas características que llega ante la Casación, además de Cristina Kirchner, también pidieron estar presentes y hablar otros tres procesados: Kicillof; el presidente del Banco Central, Miguel Angel Pesce; y quien ocupó ese lugar en la última parte del gobierno de CFK, Alejandro Vanoli.
El año pasado, el fiscal Diego Velasco requirió al Tribunal Oral Federal 1 que se inicie el juicio del caso por las operaciones con el dólar futuro, El expediente fue elevado hace más de cuatro años y se convirtió en el primer caso contra Cristina Kirchner elevado a juicio oral.
Durante la investigación se dio por corroborado que Cristina y su entonces ministro de Economía, junto a otros ex funcionarios, cometieron «un fraude descomunal al patrimonio público«, que le habría costado al Estado «55 mil millones de pesos». El delito imputado es el de administración fraudulenta.
Los denunciados en este caso sostienen que existe una “sinrazón de judicializar una decisión claramente política”. Pero el Tribunal convalidó las objeciones del fiscal Velasco, quien rechazó los pedidos de sobreseimiento al afirmar que «no se observan argumentos de fondo» y que «no menciona cuáles son a su criterio, las consideraciones de los técnicos que respaldan su postura liberatoria».
Las defensas de Cristina Kirchner y la de Axel Kicillof interpusieron otro recurso tildando de «arbitraria» esa resolución y se quejaron de que en la decisión de rechazar los sobreseimientos «no se dio intervención a la totalidad de las defensas actuantes sino que ante el planteo el Tribunal corrió vista a la Fiscalía y luego se resolvió el rechazo del planteo –por mayoría-, sin más». Por eso interviene la Sala I de la Cámara de Casación.
Habían planteado los resultados de una pericia ordenada por el Tribunal a cargo del caso. En sus conclusiones a las más de 80 preguntas formuladas, los peritos contadores Alejandro del Acebo, Carlos Campodónico y Stella Maris Castaño dijeron que «las operaciones de liquidación de dólar futuro están informadas en los balances del BCRA al 31 de diciembre de 2015 y 31 de diciembre de 2016 y en dichos años los balances arrojaron ganancias por $147.116.885.000 en 2015 y $67.448.520.000”.
Según esas conclusiones, no existió la defraudación indicada durante la instrucción, sostiene la vicepresidenta y demás acusados.
La causa se inició en 2015 a partir de una denuncia presentada en aquel año por el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba) y por el entonces senador Federico Pinedo (PRO).
Cuando Cristina Kirchner fue procesada y enviada a juicio oral en este caso, se la acusó del delito de “administración fraudulenta” se había cometido por las instrucciones del Poder Ejecutivo Nacional a las autoridades del Banco Central, «con la anuencia de la Comisión Nacional de Valores», para vender en un breve periodo «un importante volumen de contratos de dólar futuro a valores ficticios, obligando abusivamente a la entidad generando un grave perjuicio a las arcas del Estado”.
