El Informe de la Estrategia Internacional de Control de Estupefacientes de 2021 que presentó el Departamento de Estado al Congreso, revela que el 40% de la cocaína con destino a EE.UU y producida en Colombia, puede pasar por aguas panameñas transportadas por transnacionales organizaciones criminales y sus asociados frente a las costas del Pacífico y el Caribe.
Antilavadodedinero / Crítica
También se reporta que menos del 5% de la cocaína colombiana atraviesa la frontera terrestre debido a la densa jungla y falta de carreteras. Se reconoce que los esfuerzos del gobierno de Panamá para controlar la región fronteriza entre el Sur y el Centro, disuaden la expansión de los carteles de la droga y los grupos guerrilleros.
Sin embargo, se advierte que para el contrabando de drogas ilegales a América del Norte y Europa, los narcotraficantes toman ventaja de los millones de contenedores marítimos que pasan por el Canal de Panamá cada año, ya que solo una fracción es examinada.
Más de cuatro millones de contenedores se trasladan de un buque a otro en los puertos panameños cada año y son vulnerables para su uso en el contrabando de estupefacientes. Los escáneres son insuficientes para ese volumen, y las autoridades inspeccionan físicamente menos del 1% de contenedores que van a Estados Unidos.
No obstante, el documento presentado por el Departamento de Estado reconoce que Panamá es un socio dispuesto y eficaz en la lucha contra el tráfico de estupefacientes. Panamá es un socio comprometido para el intercambio de información con Estados Unidos y especialmente con sus vecinos, Colombia y Costa Rica.
Cifras preliminares muestran que las autoridades panameñas incautaron al menos 84.8 toneladas métricas de narcóticos en 2020, el más alto de Centroamérica, a pesar de la reducción de las incautaciones de abril a julio debido a la pandemia del Covid-19. Hay una creciente eficacia de Panamá en la interdicción de drogas.
El SENAN interceptó 76 buques en 2020 en comparación con 52 en 2019. Se resalta además el papel de SENAFRONT en el control de la región de Darién, donde operan las organizaciones terroristas y antidrogas con sede en Colombia.
El documento remitido al Congreso revela que después de aumentar durante 11 años seguidos, el presupuesto del Ministerio de Seguridad disminuyó en 6% en 2020, pero su presupuesto aumentará en 9% en 2021 a un total de $824 millones., señala el Departamento de Estado.
Las autoridades norteamericanas advierten que en Panamá hay que reforzar la atención para incautar fentanilo u otras drogas sintéticas, especialmente los precursores químicos.
Según el Informe 2019 de la Organización de los Estados Americanos sobre el uso de drogas en las Américas, Panamá tiene la tercera tasa más baja de consumo de marihuana y el menor consumo de cocaína de los 15 países de América Central y del Sur estudiados.
No obstante, señalan que las organizaciones narcotraficantes utilizan drogas como pago para reclutar colaboradores en comunidades indígenas y costeras de bajos ingresos.
Panamá no fomenta ni facilita, como política gubernamental, la producción de drogas ilícitas o distribución, ni está involucrado en el lavado por la venta de drogas ilícitas. Dentro de la administración actual no se ha identificado a ningún alto funcionario del gobierno comprometido en tal actividad.
Otro aspecto que se destaca es la cooperación que resultó en el arresto y extradición a los Estados Unidos de los principales líderes del cártel de la droga Clan del Golfo con sede en Colombia en Panamá
De igual modo, se reconoce que Panamá se encuentra entre los socios más capaces de la región en la lucha contra los narcóticos y las organizaciones de transporte de los carteles de las drogas.
Según el informe, Panamá debe aumentar los fondos al Poder Judicial y al Ministerio Público para permitir un procesamiento y condenas más firmes, especialmente contra acusados poderosos o influyentes; 2) incrementar los esfuerzos anticorrupción y promover la transparencia; 3) aprobar una ley de decomiso de activos para disuadir tráfico de drogas y blanqueo de capitales.
El comercio de cocaína alimenta la corrupción y el tráfico en Centroamérica, especialmente Guatemala, Honduras y El Salvador. Sin embargo, los Gobiernos de Panamá y Costa Rica, reflejan un impresionante aumento de capacidad y voluntad política en 2020, lo que impidió que más de 100 toneladas métricas de cocaína llegaran a los mercados principalmente a Estados Unidos.
Sobre blanqueo de capitales en Panamá, se afirma que los delincuentes lavan dinero a través del contrabando de efectivo a granel y el comercio en aeropuertos y puertos marítimos, a través de empresas pantalla, casinos, criptomonedas y las 12 zonas francas activas.
Hay riesgo de que entidades legales, tales como corporaciones, fundaciones privadas y fideicomisos, creadas y registradas en Panamá puedan ser mal utilizadas para lavar fondos.
La evasión fiscal es un delito penal y determinante de blanqueo de capitales, sin embargo, Panamá sigue careciendo de recursos suficientes, incluidos personales, para monitorear efectivamente si las entidades, particularmente cumplen con la presentación de informes requisitos
Otro aspecto del que EEUU llama la atención es que la Unidad de Análisis Financiera informa a la Presidencia, dejándola vulnerable a la influencia política y dependiente del apoyo de la Presidencia, por lo que sugieren que se cambie el estatus para que sea una agencia independiente y aislarla aún más de la influencia exterior.
La Zona Libre de Colón sigue siendo vulnerable a las actividades financieras y comerciales ilícitas, debido a la debilidad de las Aduanas en la ejecución y supervisión limitada de las transacciones.
También se señala que el sistema de justicia penal sigue expuesto a la corrupción. Estados Unidos y Panamá firmaron un memorando de entendimiento para crear el Grupo de Trabajo conjunto contra el lavado de dinero y la corrupción que se centrará en las investigaciones de blanqueo de capitales no relacionadas con los estupefacientes para identificar la corrupción y otros delitos derivados del blanqueo de capitales, como la evasión fiscal.