El pleno del Congreso peruano aprobó extenderle un nuevo plazo al legislador Edgar Alarcón, presidente de la comisión de Fiscalización, para defenderse de varios cargos de supuesta corrupción cometidos cuando fue alto funcionario de la Contraloría General de la República.
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La presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, dijo, durante una sesión virtual del pleno, que «por única vez y por razones de salud, se dará una nueva fecha para que (Alarcón) pueda ejercer su derecho a la defensa».
Alarcón tiene en curso una denuncia constitucional aprobada a inicios de este mes por el delito contra la administración pública, enriquecimiento ilícito agravado, previsto y sancionado en el artículo 401 del Código Penal.
Sin embargo, después de haber sido notificado para presentar sus descargos en la sesión del pleno, Alarcón informó que tiene 21 días de descanso médico.
Alarcón, integrante de la bancada del partido Unión por el Perú (UPP), ha sido acusado por presuntos actos de corrupción cometidos cuando fue funcionario de la Contraloría General de la República, que llegó a dirigir.
La denuncia fue presentada hace ocho meses ante el Congreso por la fiscal general de Perú, Zoraida Ávalos, quien consideró que existe un desbalance patrimonial en las cuentas que presentó Alarcón en 2016 y 2017, cuando fue gerente de operaciones, gerente de auditoría especializada y vicecontralor de la Contraloría peruana.
El informe de acusación presentado el pasado día 3 señaló que las pericias fiscales mostraron «la falta de transparencia y formalidad» de Alarcón al presentar su declaración tributaria, lo que demostraría un incremento injustificado e ilegal de su patrimonio.
Sin embargo, Alarcón aseguró que la Fiscalía no consideró en sus peritajes el saldo inicial de sus ingresos, por lo que aseguró que las acusaciones «carecen de sustento» y sostuvo que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es una copia de la denuncia del Ministerio Público.
La legislación peruana establece una pena de entre 10 y 15 años para los funcionarios que cometan el delito de enriquecimiento ilícito, así como la inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El congresista atribuyó las denuncias a una supuesta venganza política del expresidente Martín Vizcarra, del que se declaró enemigo y con el que mantiene varias acusaciones por presunta corrupción desde que el exmandatario fue ministro en el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
El pleno del Congreso también revisó en su sesión otras denuncias constitucionales y aprobó la referida al exconsejero del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura, Iván Noguera, por los delitos de organización criminal y cohecho pasivo específico, debido a su relación con la mafia de Los Cuellos Blancos del Puerto, que estuvo enquistada en la judicatura.
