El informe de Derechos Humanos del Departamento de Estado de Estados Unidos retomó varios de los casos de corrupción denunciados en el último año al gobierno del presidente Nayib Bukele, al tiempo que también retomó las denuncias hechas por sus ataques a la libertad de expresión y a medios de comunicación independientes.
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En el resumen sumario del informe que retomó la investigación –que aborda temas relacionados a respeto a Derechos Humanos, a libertades civiles, a libertades políticas, entre otras–, el Departamento de Estado consideró que: “en ocasiones, las autoridades civiles no tuvieron control efectivo sobre las fuerzas de seguridad. Miembros de los cuerpos de seguridad cometieron abusos”. «El 9 de febrero, el Ejecutivo usó fuerzas de seguridad para intentar interferir con la independencia del Legislativo”, puede leerse también en dicho resumen.
Luego, el informe señala que no hay ningún reporte de que en el país se hayan cometido asesinatos políticos. Sin embargo, amplía que sí hay involucramiento de agentes de seguridad en ejecuciones extrajudiciales. Para ello, el reporte del 24 de agosto de la FGR, en la que ésta cita que hay siete ejecuciones extrajudiciales bajo investigación en las cuales están involucrados nueve agentes de la PNC.
CORRUPCIÓN Y TRANSPARENCIA
Más adelante, en el apartado destinado a la corrupción y a la transparencia, el informe cita como durante la pandemia los medios de comunicación reportaron varios casos que involucraban al gobierno en compras irregulares. Cita el caso del actual ministro de Hacienda, José Alejandro Zelaya, y el del exdirector del FONAES, Jorge “Koky” Aguilar. “Las transacciones incluían la compra por $1.1 millones de máscaras protectoras a un precio inflado a una compañía asociada al recién nombrado ministro de Hacienda, y al director del FONAES, Jorge Alejandro Aguilar Zarco”, indica el reporte, que luego agrega que Aguilar era, hasta octubre, el único funcionario destituido por Bukele por estar vinculado a un caso de ese tipo.
Además, en ese mismo tema de corrupción y transparencia, el informe cita la apertura de 47 casos de enriquecimiento ilícito por parte de la Corte Suprema de Justicia, y también la detención del exministro de Defensa David Munguía Payés y el expresidente del COENA Gustavo López Davidson por su vinculación a un caso de venta de armas al ministerio.
Además, el informe reporta la identificación que la sección de Probidad de la CSJ hizo de $1.4 millones de fondos sin justificar en las cuentas de Walter Araujo, al que identifica como “seguidor de Bukele, candidato a la asamblea legislativa por el partido Nuevas Ideas y exmagistrado del Tribunal Supremo Electoral”.
Asimismo, el informe da cuenta de cómo 112 funcionarios públicos han fallado en presentar su declaración de probidad a la CSJ en los últimos diez años, como lo reportó dicho órgano de Estado en septiembre del año pasado.
