Miguel Eduardo Borrell Rodríguez, exdirector Jurídico de la Cooperativa y Ángel Martín Junquera Sepúlveda, abogado de la misma empresa presentaron pruebas sobre el presunto desvío de recursos, fraude e intimidación en que habría incurrido el expresidente de esa organización Guillermo «Billy» Álvarez Cuevas.
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Acusan a Billy Álvarez, Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Manuel Garcés de provocar un quebranto por 642 millones 160 mil pesos al fideicomiso para pensiones y jubilaciones de los cooperativistas de la Cruz Azul. Adicionalmente, dieron a conocer tanto Borrell como Junquera que hubo un contratado por “la prestación de servicios” a favor de Carlos Javier Terroba Wolf a quien presumiblemente se le pagaron 3 millones 975 mil euros en julio de 2008.
A través de sendos criterios de oportunidad presentados ante la Fiscalía General de la República ambos dijeron estar dispuestos a declarar si se les anula la orden de aprehensión que pesa en su contra.
Junquera Sepúlveda, quien solicitó convertirse en testigo colaborador, dijo que Billy Álvarez, Alfredo Álvarez y Víctor Garcés utilizaron al menos 10 empresas para llevar a cabo un intrincado esquema de triangulaciones de recursos para defraudar a los trabajadores con el fondo de pensiones y jubilaciones de los socios cooperativistas, formado en 1990.
Se trata expuso Ángel Martín Junquera de las compañías Expertos en Asesoría Empresarial; K&C Consulting; Asesorías Profesionales Eicer; Plexival; Trans Nau; Aura Desarrollo Social; Servicios Profesionale4s BAAL; Corporativo Facundia; Hisperia Imagina y Margen Asesores.
En ese intercambio del contrato del Fideicomiso denominado F283-3, dijo Junquera pasó de manos de una empresa a la otra durante más de dos décadas, pero todas las empresas figuraban a nombre de Carlos Javier Terroba Wolff, quien presumiblemente está involucrado en esta trama.
Por su parte, Eduardo Borrell Rodríguez, exdirector Jurídico de la Cruz Azul dijo estar dispuesto a colaborar con las autoridades si eliminan la orden de aprehensión en su contra, a cambio de detallar la forma en que simularon la prestación de servicios a través de diversas empresas, pero que en realidad eran compañías fantasmas o fraudulentas.
Borrell narró que durante cuatro años recibió recursos en efectivo de parte de Junquera por 54 millones 421 mil 500 pesos que fueron entregados a Guillermo Álvarez quien luego compartía parte de esos recursos con los señores José Alfredo Álvarez Cuevas y Víctor Garcés.
Borrell Rodríguez narró que además los tres directivos los hermanos Álvarez Cuevas y Garcés Rojo presuntamente incurrían en delitos para amedrentar o desactivar a los socios disidentes formulando acusaciones falsas en su contra y narró que una ocasión Federico Sarabia Pozo, Ramsés Dolores Anguiano y Tomás Rivera Carrasco denunciaron a la subsidiaria “Azul Cerámica”, distribuidora de los materiales de la Cooperativa.
Luego de la denuncia, Víctor Manuel Garcés solicitó una auditoría contra el administrador Víctor Manuel Velázquez Rangel, aunque la denuncia no prosperó cumplieron su cometido de amedrentar al opositor.
