Al presidente Nayib Bukele le da temor perder el control de la CICIES, por eso su rechazo al nuevo proyecto de “Ley Especial para Facilitar el Mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador”, expresaron esta mañana diputados de ARENA y del FMLN.
Antilavadodedinero / ElSalvador
“Se sale del marco que él la tenía, hay que recordar quien la tenía: Luis Almagro (Secretario General de la Organización de los Estados Americanos OEA), que se hacía el de los panes a favor de Bukele, esa CICIES como fue enarbolada por ellos (gobierno) fue arma de ataque para la oposición, no para ellos”, afirmó el subjefe de fracción del FMLN, Jorge Schafik Hándal.
Bukele publicó su rechazo a dicha normativa tras una conferencia de prensa brindada por varias organizaciones de la sociedad civil que plantearon en febrero de 2021 el proyecto ante la Asamblea Legislativa.
Sin embargo, el mandatario reaccionó en su cuenta de Twitter que nada de lo que haga la actual legislatura tendrá validez cuando asuma la nueva Asamblea el 1 de mayo próximo.
“Con solo ver esos logos de la ONGs que están detrás de esta ‘propuesta’ y ver los ‘medios’ que la están publicando, estoy seguro que sería lo peor que pudiéramos hacer. Además, ya no insistan, nada de lo que apruebe la Asamblea saliente entrará en vigencia jamás”, aseveró Bukele.
Algunas de las organizaciones que abanderan la nueva ley para facilitar el trabajo de la CICIES es la Fundación DTJ, Fepade, y Cristosal, entre otras.
José Marinero, representante de la Fundación DTJ, pidió al presidente Bukele que en vez de cuestionar a las organizaciones que han diseñado la propuesta debería cumplir lo que prometió en su campaña presidencial.
“Reiteramos el llamado a la madurez y a la coherencia con las promesas que él ha hecho en el pasado y que haga a un lado los logos de las organizaciones que le son incómodas, y que ojalá pueda ver el contenido de la propuesta”, aseveró Marinero en conferencia de prensa.
Según Hándal, el temor de Bukele se debe a que hay más de 83 avisos de casos de corrupción en la Fiscalía del manejo de fondos estatales de parte de instituciones del gobierno utilizadas para la pandemia.
“Unos 83 casos fueron dados a conocer de recursos asignados durante la pandemia, de negocios chuecos entre miembros del gabinete o sus familiares para traer medicamentos y otros servicios que se necesitaban, de esos, unos poquitos se han llevado a la Fiscalía, que no se sabe si ha hecho algo con ellos o no”, explicó Hándal.
El rechazo de Bukele a una nueva normativa para investigar los casos de corrupción se da en momentos en que el Enviado Especial para el Triángulo Norte de EE.UU. Ricardo Zúñiga, viene este miércoles a El Salvador a reunirse con el fiscal general, Raúl Melara, precisamente en la sede de la CICIES.
Para el subjefe de fracción de ARENA, Julio Fabián, las declaraciones de Bukele ya no les sorprende. Según dijo, acostumbra a hacer comentarios sin tener mayor conocimiento de cómo están redactadas las propuestas.
Para Fabián si la iniciativa busca mejorar y facilitar el trabajo que realiza la CICIES, debe ser aprobada por la Asamblea.
“La CICIES no debe estar adscrita al Ejecutivo, sino a la Fiscalía, para fortalecer la investigación y la parte científica y si es para impulsar ese apoyo bajo los términos que la Constitución mandata, que el ente rector debe ser la Fiscalía, si en esos términos está veo correcto que se pueda implementar las reformas lo más pronto posible, siempre y cuando no se vulneren derechos”, manifestó Fabián.
La iniciativa presentada por las organizaciones civiles fue presentada en la Asamblea, y busca, entre otras cosas, darle independencia institucional y financiera a la actual CICIES.
La propuesta retoma el Acuerdo Marco de Cooperación suscrito por el gobierno y la Secretaría General de la OEA el 26 de noviembre de 2019. Además, solicitan reformar el Código Procesal Penal para permitir que la CICIES participe como querellante dentro de los procesos penales que se desarrollen en el país.
También, busca que la CICIES apoye a la Fiscalía en la investigación y promoción de la persecución penal. Según los mocionantes, actualmente la función de la CICIES es muy limitada, ya que el convenio es Ejecutivo y para ampliar su ámbito de aplicación debe quedar sustentada en un decreto legislativo.
Otro de los aspectos que se detallan en la propuesta de los organismos sociales es dotar a la CICIES de la facultad de poner denuncias, avisos en la Fiscalía y de ser querellante, juntamente con mecanismos de transparencia y participación ciudadana.
