La Justicia de Sudáfrica dictó que el expresidente Jacob Zuma (2009-2018) debe pagar los costes legales, hasta ahora sufragados por el Estado, en un caso en el que se le acusa de corrupción y fraude, entre otros presuntos delitos.
El Tribunal Superior de la provincia de Gauteng (centro) consideró que Zuma no solo deberá costearse su defensa y demás gastos legales, sino también devolver el dinero aportado por las arcas públicas hasta ahora, que podría ascender, según los partidos opositores, a unos 32 millones de rands (unos 2 millones de euros).
El Estado se encargaba de estos costes en virtud de un acuerdo cerrado por la Presidencia de Sudáfrica y la Fiscalía antes de que él ascendiera a la Jefatura de Estado, en el que se contemplaba que el aparato público sufragaría los gastos en el caso de que un alto cargo fuera acusado de delitos cometidos en ejercicio de su función.
El tribunal, reunido en Pretoria, consideró hoy que los delitos de los que se acusa a Zuma en esta causa no son resultado de su desempeño, sino de sus decisiones a título personal.
Por ello, el Estado no puede ser considerado «responsable» de los costes, según declaró hoy el juez Aubrey Ledwaba, aunque Zuma aún podría apelar la decisión.
«Es un regalo de Navidad para la gente de Sudáfrica», señaló a los medios el opositor Mmusi Maimane, líder de la Alianza Democrática (AD), tras conocerse el veredicto.
La AD fue la impulsora del proceso legal para forzar a Zuma a costear su propia defensa, al argumentar que, en ningún caso, los contribuyentes deberían ser adicionalmente gravados por los actos presuntamente corruptos del expresidente.
Solo en esta causa, que no es el único escándalo de corrupción que salpica a Zuma, se le imputan dieciséis cargos de asociación ilícita, corrupción, lavado de dinero y fraude por cerca de 800 operaciones supuestamente fraudulentas realizadas en relación a un acuerdo de armas millonario firmado a finales de la década de 1990.
La imputación siguió un camino judicial muy complejo durante más de una década hasta que, en marzo pasado, el entonces fiscal general de Sudáfrica, Shaun Abrahams, anunció finalmente que se acusaba formalmente al expresidente.
Zuma había dimitido un mes antes, forzado por su propio partido debido precisamente por sus múltiples escándalos de corrupción y su imagen de ineficiencia.
Los gastos legales se prolongan durante todo ese periodo y la defensa de Zuma había advertido durante este proceso que el expresidente no tendría capacidad financiera para hacerse cargo.
Actualmente, la causa por corrupción se encuentra aún en las vistas preliminares y no hay fecha para el inicio del juicio.
ALD/EFE
