El fiscal federal W. Stephen Muldrow, informó el jueves que Oscar Luis Mendoza Flores, miembro de una violenta banda de narcotraficantes que operó en el municipio de Cayey entre 2008 y 2015, fue sentenciado por el juez federal de distrito Pedro Delgado Hernández a una pena de 30 años en prisión.
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“Esta larga sentencia es el resultado del trabajo sobresaliente y la colaboración entre las Fuerzas de Ataque de la PRPB y la policía federal (HSI Ponce)”, dijo Muldrow en comunicación escrita.
“Felicito al equipo de investigación y acusación por su arduo trabajo. Continuaremos nuestros esfuerzos conjuntos para desmantelar las pandillas violentas y garantizar la seguridad de todos los ciudadanos de Puerto Rico”, añadió.
Mendoza Flores fue acusado en una acusación formal de seis cargos junto con otros 32 acusados el 9 de noviembre de 2015, de conspiración para poseer con intención de distribuir y distribución de cocaína, heroína, crack, marihuana, alprazolam y oxicodona. El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas – Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI) y la Oficina de Policía de Puerto Rico (PRPB), Guayama Strike Force, estuvieron a cargo de la investigación.
La acusación alegaba que a partir de 2008, la organización distribuyó sustancias controladas dentro de los 1,000 pies de un inmueble que comprende los Proyectos de Vivienda Pública Luis Muñoz Morales y Brisas de Cayey (PHP), los Barrios San Tomás y Canteras, y otras áreas cercanas y dentro del Municipio de Cayey, Puerto Rico, todo con fines de lucro y beneficio económico. Después de ser condenado en un juicio por conspiración para poseer con la intención de distribuir sustancias controladas en un lugar protegido, posesión con la intención de distribuir cocaína, heroína y marihuana en un lugar protegido y posesión de armas de fuego para promover un delito de tráfico de drogas, Oscar Luis Mendoza Flores fue condenado a una pena de prisión de 300 meses por los cargos de narcotráfico, y a una pena de prisión de 60 meses consecutivos, por posesión de armas de fuego en cumplimiento de un delito de narcotráfico, por un período total de prisión de 360 meses.
Miembros de la pandilla, incluido el acusado, participaron en tiroteos en las áreas comunes del PHP Luis Muñoz Morales y áreas aledañas. Estos tiroteos estaban destinados a amenazar e intimidar a las pandillas rivales y pusieron en peligro la vida de los ciudadanos respetuosos de la ley que residen en estos vecindarios. Los co-conspiradores poseían pistolas de diferentes marcas, modelos y calibres, así como pistolas completamente automáticas y rifles de alta potencia.
La subdirectora de la Sección de Pandillas Teresa Zapata Valladares y el fiscal federal adjunto César Rivera-Giraud procesaron el caso.
