La fiscalía de Guatemala detuvo el viernes a Francisco García Gudiel, quien fue abogado del fallecido exjefe de Estado, José Efraín Ríos Montt, en un juicio por genocidio. García Gudiel fue capturado por estar presuntamente involucrado en un caso de corrupción que involucra el lavado de 59.3 millones de quetzales (más de siete millones de dólares)
Antilavadodedinero / diariolibre
La Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) explicó que García Gudiel al parecer escondió a cuatro empresarios vinculados a un caso de corrupción en el Ministerio de Comunicaciones. Uno de los empresarios es José Guillermo Samayoa Soria, quien también fue diputado por el Partido Patriota en 2012 al 2016. Este partido fue con el que llegó a la presidencia Otto Pérez Molina, acusado en casos de corrupción.
A través de un comunicado, el Ministerio Público informó que el dinero en las cuentas personales del empresario Samayoa Soria fue trasladado a cuentas bancarias del abogado para evitar que fuera embargado.
“Francisco García Gudiel recibió del 28 de julio al 17 de octubre de 2017, mediante tres operaciones bancarias el monto de 19 millones de quetzales (2.5 millones de dólares, aproximadamente), sabiendo por razón de su profesión que provenían de actividades ilícitas”, señaló la fiscalía.
Posteriormente, las constructoras de José Guillermo Samayoa Soria al parecer trasladaron 40.3 millones de quetzales (unos 5.3 millones de dólares) a cuentas de empresas de García Gudiel, quien es sindicado de los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero u otros activos.
En total, el empresario habría trasladado 59.3 millones de quetzales (unos 7.9 millones de dólares) para evitar que fueran embargadas por la fiscalía.
Los últimos casos de corrupción en Guatemala han sido revelados por la FECI, dirigida por Juan Francisco Sandoval, quien fue premiado en febrero pasado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) en 2019, la FECI ha liderado la investigación contra estructuras ilícitas dentro del Estado.
