La resolución del amparo promovido por el exgobernador, Eugenio Hernández Flores, en contra de la extradición a Estados Unidos, quedó pospuesta por tiempo indefinido.
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Durante la sesión de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el secretario Ramón Eduardo López Saldaña, leyó los asuntos que bajo la ponencia de la ministra presidenta Margarita Ríos Farjat, quedarían pendientes.
“Por instrucciones de la Ministra presidente, quedan en lista los asuntos identificados con los números económicos 3 y 4 que corresponden al recurso de reclamación 47/2020 y al Amparo en revisión 314/2020”, este último el de Eugenio Hernández.
Para este miércoles, se resolvería el amparo en revisión 314/2020, asunto que fue turnado a la ministra Ana Margarita Ríos Farjat, donde se establecieron dos problemas jurídicos por resolver.
Primero, determinar si los artículos 3° y 13 del Tratado de Extradición entre Estados Unidos y México, trasgreden el principio de legalidad, contenido en los artículos 14 y 16 de la Constitución.
Ello, respecto a la omisión de establecer los procedimientos internos y leyes aplicables de los que dispone la autoridad requerida para dar curso y respuesta a la solicitud de extradición, las autoridades que intervienen, las decisiones judiciales que se emiten y la legislación que se debe aplicar para valorar las pruebas relativas al procedimiento de extradición.
“Segundo, si el numeral 1° de la Ley de Extradición Internacional, atenta contra el derecho a la igualdad y a la no discriminación a que se refiere el artículo 1° de la Constitución federal, respecto de las personas sujetas a un procedimiento de extradición, en relación con aquellas a las que le es instruido un proceso penal”.
De acuerdo con un doctor en Derecho Penal, consultado sobre la decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia sobre el caso del ex mandatario, los ministros tienen dudas sobre la votación que darán.
Eugenio Hernández fue detenido el 6 de octubre del 2017, acusado de Peculado y Lavado de Dinero, sumándose otras acusaciones; el 3 de marzo del 2018, se dictó el Acuerdo con el que se concedía la extradición para que sea procesado ante la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas, por el delito de asociación delictuosa para lavar dinero.
El 23 de enero del 2018, el Juez de Distrito, Eucario Adame, negó la extradición, “conforme a las leyes nacionales, los hechos involucran probables actos de corrupción de un funcionario de una de las entidades federativas, en perjuicio de recursos públicos”, argumentó en ese entonces.
“Lo más acorde a las reglas y fines del tratado de extradición y a disposiciones constitucionales es consignar el expediente a las autoridades nacionales competentes”, dijo el juzgador.