Como si se tratara de una moda, los fraudes corporativos han sido el delito moderno que pretende atacar las actuales economías de todos los sectores. Por ser de bajo riesgo es más propenso a hacerse de manera sutil sin dejar rastro ni huella de los delincuentes y sin actuar de manera violenta.
Lamentablemente, estos actos han aumentado de manera significativa. De acuerdo con la firma KPMG, se han presentado 144 casos de fraudes corporativos en empresas con capital 100% nacional, de este porcentaje el 36% cuenta con 500 empleados. A pesar de haber establecido programas que detectan intrusos en el sistema, se ha podido comprobar que es el personal interno el que se encarga de elaborar y planear los fraudes.
Durante el 2018, El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, señaló que la acción preventiva del Ministerio Público ha logrado detener la contratación fraudulenta por casi $500.000 millones de pesos en más de 10 departamentos del país. En su intervención del mes pasado advirtió que tiene bajo la mirada de la procuraduría varios contratos públicos cuyos valores suman $18,6 billones de pesos, esto con el fin de frenar el fraude corporativo.
Una de las causas que incitan a cometer este tipo de delitos es la información confidencial que manejan algunos empleados como: accesos a bases de datos, contraseñas para entrar a cuentas con entidades financieras y claves de los estados financieros de la empresa.
Ante los hechos delictivos registrados anteriormente, los empleadores y dueños de las compañías han implementado estrategias que aseguran la información y mejoran el control interno. Para esto, establecieron softwares y programas que detectan a tiempo si alguien ajeno a la compañía o junta directiva accede sin consentimiento del sistema. Adicionalmente, los entes regulatorios del Estado han pedido a las empresas públicas y privadas denunciar para tomar medidas preventivas y así combatir entre todos la corrupción.
Asimismo, la comunicación tendrá que ser un factor primordial, pues de ella depende que se hagan efectivos los procesos de investigación y los manejos de las denuncias con el profesional encargado. Finalmente, la organización deberá establecer protocolos claros de investigación y tecnología apropiada para soportar estos procesos y procedimientos.
El Procurador de la Nación, ha hecho un llamado a todas las entidades empresariales del país para evitar a toda costa un fraude corporativo y financiero, pues según el último informe de la Asociación de Examinadores de Fraude Certificados (ACFE) se analizaron aproximadamente 1.003 casos de corrupción y fraude en todo el mundo.
El 45% de los casos registrados tuvieron actuación en Latinoamérica, los cuales dejaron pérdidas estimadas de US$ 400 mil por hechos fraudulentos. El estudio también expone que las compañías lograron descubrir 18 meses de siniestros, esto debido a que el 90% de los colaboradores relacionados con el incidente no presentaban sospechas.
En caso de presenciar fenómenos de corrupción y conflicto de intereses por parte de socios o empleados de la organización, se deberá evaluar al personal encargado y someterlo a preguntas de ley que dejarán en evidencia si se trata de un plan de fraude. Hay que resaltar que la mayoría de fraudes realizados son hechos por personas que tienen cargos de poder y/o confianza.
