Pretender que Boris Johnson se encargara de combatir la corrupción en el Gobierno británico era como poner a un cazador furtivo de guardabosques en un parque natural, una receta para la destrucción de toda la fauna.
Antilavadodedinero / Lavanguardia
Vigilar por la pureza del procedimiento –y la pureza de cualquier otro tipo– es algo que sencillamente no va en su carácter, el de un tipo que ha bebido en las fuentes del poder y del privilegio (Eton, Oxford…) y considera que los de su estirpe tienen derecho a vivir en un mundo con reglas diferentes a las que se aplican a los demás mortales.
Por eso ha ocurrido lo inevitable. Lo que comenzó como un escándalo de abuso de influencia por parte de un ex primer ministro (David Cameron) no ha tardado en convertirse en un escándalo idéntico, pero con el propio Johnson en el epicentro. Si su predecesor intentó sin éxito persuadir al Gobierno de que echara un cable a un especulador (Rex Greensill) que quería meter la cuchara en los fondos de la pandemia, el actual titular de Downing Street atendió a los deseos de otro empresario (James Dyson) de que eximiera de cargas fiscales a los trabajadores de su empresa.
El mandatario se niega a cambiar un número de móvil en el que recibe infinidad de llamadas solicitando favores
Dyson simboliza perfectamente lo que es la corrupción en la política británica: un millonario que ha financiado la campaña del Brexit y es mecenas del Partido Conservador, y a cambio de sus contribuciones tiene el móvil de Johnson y espera que si le pide algo que esté a su alcance, le sea concedido. Y todo, sobre el papel, perfectamente legal.
Al comienzo de la pandemia, el Gobierno concedió a Dyson, sin necesidad de ningún concurso (primera irregularidad), un contrato para la construcción de respiradores de hospital, que entonces apenas había, pagados a precio de oro. Pero resulta que Dyson, que se considera un patriota y hombre de ley y orden, tiene su residencia y su fábrica en Singapur para pagar los menos impuestos posibles.
“Tengo un problema con el estatus fiscal de mis trabajadores, tendrán que establecerse un tiempo en el Reino Unido y sería injusto que por ello sufrieran una penalización”, escribió en un wasapal líder tory . “Lo arreglo en un minuto. Te necesitamos”, le respondió el premier. Y, efectivamente, cogió el teléfono, llamó al ministro de Finanzas y lo arregló.
La enorme cantidad de lobbistas y empresarios que tienen el móvil de Johnson (el mismo desde hace una década) es motivo de preocupación, hasta el punto de que se le ha recomendado que cambie de número para no estar tan sometido a presiones.
Para él, como para la ley británica, pedir o conceder favores, ejercer influencias o utilizar los resortes del poder, hacer lobby y aprovecharse de los amigos no constituye ningún tipo de infracción, ni siquiera es inmoral. Con la excusa de las circunstancias excepcionales de la pandemia, su Administración ha otorgado a dedo, sin concurso, contratos por valor de más de cien mil millones de euros, en muchos casos a empresas en las que socios o familiares de los miembros del Gabinete (como el titular de Sanidad, Matt Hancock) tienen intereses.
El recién dimitido subsecretario de Defensa, Jimmy Marcer, un oficial retirado del ejército, dice que nunca había trabajado en un gobierno “donde huela tan mal”.
En los años noventa, los diputados cobraban a cambio de plantear determinados temas en las sesiones de control parlamentario, y Tony Blair vendió títulos nobiliarios a cambio de donaciones al Labour y eximió de la prohibición de anunciar tabaco a la Fórmula 1 como favor a su amigo Bernie Ecclestone. Pero lo hacía con sentimiento de culpa. En el caso de Johnson no hay contrición ni arrepentimiento, porque piensa que no hay pecado.
