El desenlace final del ‘caso Lula’ en Brasil, con el reconocimiento por parte del Tribunal Supremo de que su proceso, sentencia y prisión nunca deberían haberse producido como lo hicieron, ha liberado al expresidente de cualquier deuda con la justicia.
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También allana el camino a la candidatura de Lula da Silva en las próximas elecciones, previstas para el año que viene. Y desde el punto de vista del análisis de lo sucedido demostraría que se organizó una cacería mediática y judicial contra Lula y la izquierda brasileña: un lawfare, o guerra jurídica.
Así lo interpreta la politóloga Arantxa Tirado, autora de El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley (Akal, 2021). Escribe: «el lawfare se inició con el derrocamiento de la presidenta brasileña Dilma Rousseff a través de un impeachment, un juicio político que la sacó de manera cuestionable de la presidencia, pero se activó desde antes con la operación Lava Jato: un escándalo de corrupción que salpicó al gobernante Partido de los Trabajadores (PT). El objetivo final era perseguir al expresidente Lula da Silva y evitar que volviera a presentarse a las elecciones”.
En conversación con RTVE nos reitera, una vez conocida la sentencia: “se demuestra lo que se ha venido denunciando sobre la multitud de irregularidades en las que incurrieron las autoridades judiciales; además de la arbitrariedad y la conculcación de derechos básicos”. El propio Tribunal Supremo de Brasil, en su última decisión al respecto del caso, considera que el juez que condenó a Lula rompió el principio de imparcialidad.
¿Qué es un lawfare?
Pero con las irregularidades jurídicas no es suficiente para configurar un lawfare. Según la politóloga, “es un arma de guerra enmarcada en este concepto de guerra híbrida que necesita que se den toda una serie de elementos para distinguirla de una mera persecución judicial”.
Por un lado, “una coordinación con grandes medios para socavar la imagen del enemigo político”; y por otro, “unas implicaciones políticas y geopolíticas”, porque “se trata de que haya un cambio en los liderazgos o se evite que estos liderazgos se presenten a elecciones en la lógica de mantener unas alianzas políticas, o unas políticas económicas que sean funcionales para los intereses de la potencia hegemónica, que es Estados Unidos”.
¿Todo eso ha ocurrido en Brasil? Según Tirado, sí. Sobre los medios, cita en su libro las portadas de la revista Veja, la más leída del país, en las que se daba por hecha la culpabilidad de Lula y Dilma Rousseff en el escándalo de corrupción en torno a la compañía Petrobras en plena segunda vuelta de las elecciones presidenciales (Ellos lo sabían todo, octubre 2014).
Y sobre los intereses de Estados Unidos, además de la posición autónoma de Brasil con respecto a Washington en política internacional, cita: “el descubrimiento en 2006 de las reservas petroleras de Pré-Sal bajo la administración de Lula da Silva.
Que la estatal Petrobras fuera la operadora principal de estas reservas de hidrocarburos era inconcebible para EE.UU. y en sus cables filtrados los representantes diplomáticos hablaban de articularse con los directores ejecutivos de las empresas petroleras para revocar la Ley Pré-Sal”.
Jair Bolsonaro, presidente gracias al lawfare contra Lula, según Tirado, está decidido a privatizar tanto Petrobras como el BNDES, el gran banco de desarrollo de Brasil. La razón: la lucha contra la corrupción.
La corrupción como excusa
El combate a la corrupción es el denominador común de los episodios de lawfare que Arantxa Tirado identifica en los últimos años. Sucede en Brasil (casos Petrobras y Lava Jato), pero también en Argentina (Dólar futuro, contra Cristina Fernández, recientemente sobreseído), y en casi todo el continente con el ‘caso Odebrecht’.
“No es casual”, asegura Tirado, “porque luchar contra la corrupción genera consenso. Nadie puede estar a favor de la corrupción, salvo los cínicos, salvo los que se aprovechan de ella”.
Y se crearía una falsa disyuntiva, “un chantaje muy burdo”, en palabras de la politóloga, “porque nadie puede negar que América Latina y el Caribe es un continente caracterizado por la corrupción, pero no es el único, miremos lo que tenemos en casa”.
Se daría una incoherencia -unos corruptos perseguidos y otros no- que demostraría el interés político de la ofensiva judicial. Pero, también, entraría en juego una Justicia ella misma “politizada”. “Al analista lo ponen en una situación donde parece ser que tienes que posicionarte a favor del poder judicial de manera totalmente acrítica”, explica, “cuando los jueces pueden tener una agenda interesada al seleccionar los casos”.
Escribe Arantxa Tirado que “no es casual que muchos de los jueces que han tomado la iniciativa en estos casos de lawfare hayan sido becarios de la USAID, como el juez Moro o la fiscal general del Estado del Ecuador. En el caso del juez Moro, fue alumno del Proyecto Puentes que el Departamento de Justicia de EE.UU. desplegó en 2009 para capacitar en la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero y el terrorismo”.
Guerra de seducción
Se pregunta Arantxa Tirado: “¿Qué hay de malo en que el juez Moro haga un curso en el Departamento de Justicia? Cuando vemos el resultado, podemos ir atando cabos”. Y esta sería una de las dificultades de esta construcción teórica, como reconoce la autora: “hay una buena parte del lawfare que no se puede demostrar.
Al menos los que trabajamos con fuentes abiertas y, a lo sumo, tenemos acceso a lo que ha filtrado Wikileaks. Pero no podemos contar con documentos desclasificados con un margen de décadas para saber exactamente cómo se procedió”.
De ahí que la argumentación sobre el lawfare se fundamente en lo que sí sabe sobre la doctrina de la guerra híbrida en EE.UU., y acerca de la que Tirado informa en detalle en su libro; y el hecho de que los golpes a la antigua usanza “cada vez tienen peor prensa”, afirma la autora: “invadir países, bombardear, atacar unilateralmente a Estados periféricos que tienen grandes riquezas, como el caso de Irak, o el asedio que está habiendo con Venezuela… cada vez más gente se da cuenta de que los intereses espurios que hay detrás de la acción de Estados Unidos cuando dice que va a llevar la democracia cuando lo que realmente quiere es quedarse con sus reservas petroleras.
Estados Unidos tiene que sofisticar sus maneras de intervenir en otros países para hacerlas menos susceptibles de rechazo por parte de la opinión pública”.
No sería el caso de Venezuela, sin embargo, donde, según Tirado, “Estados Unidos no necesita tantos eufemismos para intervenir”, como demostrarían los intentos de incursión de grupos paramilitares y la política de sanciones que Washington mantiene contra Caracas.
Pero lo que ocurre con Venezuela sí serviría para demostrar otra de las tesis de la autora de el Lawfare, la existencia de “una línea de continuidad histórica reaccionaria que se puede rastrear y que es la cara B del “hilo rojo” de la historia que suponen las luchas sociales y las políticas por la emancipación”.
Pues el lawfare sería, según Tirado, una etapa peculiar de ese mismo objetivo, nos dice, “de que nada cambie, de que todo se mantenga según la voluntad de las élites”. Y serviría para mantener en el poder a quienes no desafíen los planes y programas de la misma potencia hegemónica que, recuerda Arantxa Tirado, decía de sus dictadores favoritos.
