La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio ayer miércoles luz verde para que el pleno vote y decida este viernes si se le quita la protección del fuero al gobernador panista de Tamaulipas, Francisco Cabeza de Vaca, y enfrente las acusaciones de lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal que pesan en su contra.
Antilavadodedinero / animalpolitico
Las imputaciones fueron realizadas por la Fiscalía General de la República (FGR) y por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
La UIF que dirige Santiago Nieto realizó una investigación a partir de la cual se acusa al mandatario de simular presuntamente la venta de un departamento en Santa Fe, Ciudad de México, como parte de un entramado de lavado de dinero.
Según la investigación, el gobernador vendió en 2019 el inmueble a dos presuntos prestanombres que lo adquirieron por 42 millones de pesos, un precio 300% arriba de su valor original.
Para comprar este departamento a precio ‘inflado’, los prestanombres habrían recibido antes dinero por tres vías diferentes:
Una, recursos públicos federales y estatales que el propio ejecutivo de Cabeza de Vaca les entregó por medio de contratos de obra.
Dos, transferencias de dinero realizadas por empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa.
Y tres, depósitos de un compañía que participó en el esquema de desvío de recursos públicos conocido como La Estafa Maestra.
Para la UIF, el gobernador Cabeza de Vaca no solo estaría implicado en esta caso en una red de lavado de dinero con la que pretendió ocultar el origen ilícito de los recursos con los que se pagó el departamento, sino que toda la operación de compraventa fue, en realidad, una simulación, puesto que el inmueble habría quedado en manos de dos prestanombres que estarían al servicio del gobernador.
Por su parte, el mandatario panista negó en una respuesta enviada a Animal Político las acusaciones emitidas por la UIF y la Fiscalía General de la República (FGR), que solicitó su desafuero por los presuntos delitos de lavado de dinero, delincuencia organizada, y defraudación fiscal.
El mandatario respondió que las acusaciones se basan en la compraventa de una propiedad que dijo haber reportado debidamente, y lamentó que se exponga “información que no guarda vinculación con el caso” y que parte de “datos y conjeturas notablemente falsas”.
El vínculo con La Estafa y Cártel Sinaloa
El pasado 19 de marzo, Santiago Nieto, titular de la UIF, detalló durante una sesión virtual de la Sección Instructora de la Cámara de Diputados, en la que se desahoga la solicitud de desafuero de Cabeza de Vaca, el esquema de corrupción por el que se llevó a cabo la presunta simulación de la venta del departamento del mandatario.
En ese esquema se señaló que participaron dos prestanombres, empresas fachada, y una compañía -de la que no precisó el nombre- que recibió recursos públicos por medio del esquema de corrupción conocido como La Estafa Maestra, documentado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción.
Esta compañía recibió 24 millones 363 mil pesos de Pemex Exploración, a partir de una violación de la ley de adquisiciones y una subcontratación irregular de la Universidad Autónoma del Carmen (UNACAR) de Campache, como parte del mecanismo mencionado de la Estafa.
Según el esquema presentado por Santiago Nieto el 19 de marzo, esta misma compañía realizó transferencias de dinero -aunque tampoco precisó los montos ni cuándo los habría realizado- a una de las compañías de Baltazar Higinio ‘N’, empresario tamaulipeco identificado por la UIF como uno de los dos prestanombres que Cabeza de Vaca habría utilizado para lavar dinero y simular la venta del departamento. Este empresario, además, fue boletinado por la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), la homóloga estadounidense de la UIF mexicana, también por presunto lavado de dinero.
A su vez, la empresa de Baltazar Higinio ‘N’ habría depositado 33 millones 500 mil pesos entre marzo y abril de 2018 al otro prestanombres de Cabeza de Vaca identificado por la UIF: Francisco ‘T’, propietario de T Seis Doce SA de CV.
Esta compañía obtuvo 44 millones 800 mil pesos de otra sociedad identificada como ‘Avalúos’. Según la UIF, esta compañía tiene características de “sociedad fachada”, es decir, que que no existe y que simula operaciones comerciales. A su vez, en 2019, Avalúos recibió 46 millones 300 mil pesos de 6 empresas fachada vinculadas con el cártel de Sinaloa.
El vínculo con el cártel deriva de la participación en las empresas que tienen Juan ‘N’, Ladislao ‘N’, o Manuel ‘N’, todas identidades falsas de Rodolfo ‘T’, alias ‘La Trilladora’, operador financiero del cártel de Sinaloa.
No obstante, Santiago Nieto matizó que lo anterior no implica que haya un vínculo directo del cártel del capo Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, hoy preso en Estados Unidos, con el gobernador Cabeza de Vaca.
Finalmente, la empresa T Seis Doce SA de CV fue la que terminó comprando el departamento de Cabeza de Vaca a precio inflado.
Ante estas acusaciones de la UIF, Animal Político buscó al empresario Baltazar ‘N’ para preguntarle por su postura. Por medio de una respuesta enviada por escrito, negó tajantemente que sea un prestanombres de Cabeza de Vaca, y aseguró que los depósitos que su compañía hizo a T Seis Doce SA de CV son fruto de la venta de un inmueble que se realizó de manera legítima.
Del erario a sus cuentas bancarias
De acuerdo con las pesquisas de la UIF, la operación simulada de compra venta del departamento del mandatario también estuvo financiada con recursos públicos del erario tamaulipeco que, por medio de contratos de obra pública, fueron a parar a las empresas del presunto prestanombres Baltazar Higinio ‘N’.
Al menos tres empresas suyas han recibido contratos del gobierno de Cabeza de Vaca por 143 millones 723 mil 615 pesos entre 2016 y 2020, según constató Animal Político, pero la autoridad hacendaria sostiene además que es accionista de un total de 11 sociedades que han fungido como proveedoras de la administración estatal.
La UIF sospecha que, durante el ejercicio de su cargo, el gobernador panista desvió a través de este prestanombres parte de los recursos públicos erogados por las obras contratadas y los recibió a sus cuentas bancarias en 2019 como pago por su departamento, tras pasar los fondos por la compleja red de lavado de dinero expuesta en esta nota.
En concreto, la autoridad fiscal tiene bajo la mira tres contratos adjudicados desde la Secretaría de Obras Públicas del estado a las empresas Barca de Reynosa S.A. de C.V. e Inmobiliaria RC de Tamaulipas S.A. de C.V., ambas de Baltazar Higinio ‘N’, según consta en documentación del Registro Público de Comercio revisada por Animal Político.
El 28 de noviembre de 2016, la dependencia estatal asignó un contrato por 6 millones 900 mil 719 pesos con IVA a Barca de Reynosa S.A. de C.V. para la pavimentación de dos calles en Reynosa.
El que fuera entonces representante legal de la empresa, Rafael Jiménez Sánchez, y quien firmó el acta del fallo de esta adjudicación, fue nombrado después, en 2018, Director de Licitaciones y Contratos en la misma Secretaría de Obras Públicas del ejecutivo de Cabeza de Vaca, lo que refuerza la hipótesis de la UIF de la vinculación entre el gobernador, la compañía y su prestanombres.
De acuerdo con la investigación, Barca de Reynosa S.A. de C.V. recibió otros dos contratos por 497.4 millones de pesos de Pemex y la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
Señalamientos de la Auditoría
En 2017, la Secretaría de Obras Públicas estatal adjudicó a otra empresa de Baltazar Higinio ‘N’, Inmobiliaria RC de Tamaulipas S.A. de C.V., dos contratos más: uno para la construcción y equipamiento de una Unidad de Docencia en la Universidad Tecnológica por un monto de 29.3 millones de pesos, y otro para la construcción del Centro de Justicia para Mujeres, cuyo presupuesto inicial fue de 27.1 millones de pesos y luego aumentó a 76.5 millones. El monto de ambas contrataciones fue de 105 millones 900 mil 406 pesos con IVA.
Entre 2019 y 2021, dicha empresa envió a las cuentas de Baltazar Higinio “N” 300 millones de pesos, de acuerdo con la UIF.
La autoridad hacendaria también detectó que las obras contratadas con Inmobiliaria RC de Tamaulipas presentaron irregularidades que fueron señaladas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).
En la revisión del ejercicio 2018, la ASF encontró que la construcción de la Unidad de Docencia en la Universidad Tecnológica, que se financió con recursos del programa Escuelas al CIEN, no fue concluida en los plazos establecidos en el contrato y, lo que es más, no se impusieron penas convencionales al proveedor ni se ejerció la garantía de cumplimiento, lo que redundó en un daño al erario público, según la auditoría de cumplimiento 1416-DS-GF.
Por su parte, el Centro de Justicia para las Mujeres de Reynosa recibió una inyección de 25 millones de pesos de la Federación a través de la Conavim. Conforme la acusación de la UIF, la obra debía entregarse en abril de 2021, pero, al mes de enero, tenía un avance de sólo 39%.
No obstante, consultado al respecto para esta nota, un vocero del gobierno de Tamaulipas envió un paquete de fotos que sustentan que, a la fecha, la obra está prácticamente concluida.
