La Fiscalía General de la República (FGR) inició una nueva indagatoria por las pérdidas al erario superiores a los mil 250 millones de pesos que dejaron los contratos para reparar refinerías concedidos en el sexenio pasado a la constructora Odebrecht. Se trata de un daño económico que, hasta el momento, no se ha reparado.
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Esta es la segunda carpeta de investigación que la FGR abre por el fraude que representó la concesión irregular de dichos contratos a Odebrecht en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Las contrataciones se adjudicaron en condiciones desventajosas avaladas tanto por la propia empresa del Estado, dirigida en ese momento por Emilio Lozoya, con la complicidad de la Secretaría de Hacienda que encabezaba Luis Videgaray.
La primera indagatoria se inició apenas en febrero pasado y ambas se han abierto tras la presentación de denuncias formales por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Desde 2018 se habían documentado los malos manejos detrás de estas contrataciones, pero no se habían presentado las denuncias.
El objetivo de las investigaciones, de acuerdo con los funcionarios federales consultados, es proceder en contra de quien resulte responsable por las anomalías en la adjudicación y ejecución de los servicios. Son procesos distintos a los que se han iniciado por los sobornos que funcionarios mexicanos recibieron de la constructora.
En febrero pasado se dijo que según las estimaciones de las auditorías financieras practicadas por la ASF el presunto quebranto al erario por las adjudicaciones que Pemex Transformación Industrial entregó a la constructora brasileña y sus filiales en México asciende a 1 mil 250 millones 555 mil pesos.
Las pérdidas están vinculadas principalmente con el contrato número PXR-OP-SILN-SPR-CPMAC-A-4-14 entregado a la constructora Norberto Odebrecht vía adjudicación directa y cuyo objeto fue el “Acondicionamiento del sitio, movimiento de tierras y conformación de plataformas para el proyecto de Aprovechamiento de Residuales en la Refinería Miguel Hidalgo, ubicada en Tula Hidalgo.
Tras la revisión de la indagatoria los auditores encontraron por lo menos 21 irregularidades antes, durante y después de la adjudicación, entre las que se encuentran ocho que significaron pérdidas económicas graves para Pemex y por ende para las arcas públicas.
Aun cuando se emitió un oficio para justificar el que dicho contrato se entregara sin licitación pública, Pemex buscó a dos proveedores entre ellos Odebrecht para que compitieran por el mejor precio. Sin embargo, el procedimiento fue una simulación pues el mismo día de las propuestas ya estaba lista la evaluación y dictamen que daba como ganadora a la empresa brasileña.
A partir de ahí las anomalías ocurrieron una tras otra. Desde el sobrecosto de materiales y servicios, hasta el pago extra por diversos bienes y materiales que no estaban estipulados en el contrato. Todo con la complacencia o complicidad de Petróleos Mexicanos.
Una de las hipótesis de la auditoría, que tendrá que ser indagada por la FGR, es que premeditadamente se permitió a Odebrecht adquirir materiales y suministros al amparo de este y otros contratos que no eran necesarios para las obras, pero que permitieron a la compañía obtener mayores márgenes de ganancias.
En 2018, aún durante la gestión del presidente Peña Nieto, la ASF dio a conocer los resultados de las auditorías practicadas a las obras sobre la refinería de Tula. A partir de ahí comenzó a correr un plazo para que la administración de Petróleos Mexicanos o el gobierno emprendieran las acciones necesarias con el fin de recuperar las pérdidas.
Sin embargo, ni la administración federal saliente ni la actual consiguieron recuperar el daño causado. Por ello la ASF ha presentado las denuncias penales para que se proceda en contra de los implicados y que estos reparen, en lo posible, las pérdidas generadas por los procedimientos irregulares.
Los probables responsables
De acuerdo con autoridades federales, las responsabilidades iniciales de estas pérdidas recaen de forma inicial en los funcionarios de Pemex directamente vinculados con los procedimientos de contratación, ejecución y supervisión de las obras los cuales fueron identificados en dictámenes técnicos.
Sin embargo, adelantaron que la cadena de responsabilidades podría ser más grande y alcanzar a altos exfuncionarios debido a los antecedentes que ya existen de este caso. Concretamente a la forma presuntamente premeditada en que se concedieron estos contratos luego de que la constructora Odebrecht pagara sobornos para obtenerlos.
El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien estaba al frente de dicha empresa cuando se dieron los contratos, confesó en una denuncia presentada ante la FGR que por supuestas instrucciones de Luis Videgaray se aceptaron pagos de la constructora brasileña desde antes de que empezara la administración de Peña, y después de ya iniciado el gobierno.
Los propios exdirectivos de la compañía brasileña confesaron en declaraciones vertidas ante autoridades de Estados Unidos y Brasil que sobornaron a funcionarios mexicanos para la obtención de contratos por parte de Pemex.
Debido a que las carpetas de investigación por el quebranto al erario apenas se han iniciado este año, hasta ahora no hay nadie oficialmente imputado por ello. Lozoya y su madre se encuentran procesados penalmente, pero por los sobornos que presuntamente aceptaron y lavaron de la constructora brasileña, mas no por las consecuencias.
Hace un mes también fue procesado y encarcelado el exsenador del PAN Jorge Luis Lavalle, pero a él se le acusa de haber recibido sobornos de Odebrecht para supuestamente promover la aprobación de reformas estructurales en el sexenio pasado. Es un caso distinto al de los contratos.
Casi listo, nuevo caso por lavado de 3 mil millones
En otro caso distinto pero relacionado también con Odebrecht, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda está por concluir una indagatoria que dará pie a una denuncia ante la FGR por posibles operaciones de lavado de dinero que ya alcanzan 3 mil 96 millones de pesos.
Se trata de una investigación que la UIF inició desde el año pasado y que gradualmente ha crecido en complejidad y gravedad. Inicialmente se habían detectado la participación de casi medio centenar de posibles prestanombres y empresas fachada, pero ahora se ha elevado a más de 150 posibles personas físicas y morales implicadas.
De acuerdo con autoridades federales, a través de esta red de compañías fantasma constituidas en México se habrían logrado desplazar al menos una parte de los recursos que Odebrecht obtuvo a través de los contratos con fines que hasta ahora siguen bajo investigación.
Se han detectado tanto triangulaciones de recursos entre las empresas, así como la dispersión de los mismos a través de varias personas las cuales los habrían retirado en efectivo en pequeñas cantidades.
El objetivo de la denuncia penal ante la FGR será tratar de identificar el destino del dinero y proceder contra los implicados. Los investigadores presumen que los recursos se pudieron haber utilizado no solo para beneficio propio sino para un posible financiamiento ilegal de campañas o compra de votos.
